Es Jueves Santo en Punxín. Nada queda del trajín constante que se había instalado en este pequeño municipio orensano desde hacía más de dos semanas. Los perros ladran, algún que otro coche atraviesa la carretera principal. Son las 11 de la mañana. Punxín duerme tras la tormenta, esa que estalló en el ayuntamiento a finales de marzo en forma de encierro vecinal, pero que se empezó a fraguar mucho antes. Porque lo que en 2011 empezó como un incremento exponencial en la factura del agua se convirtió poco después en un problema mucho mayor de salubridad pública: el agua con la que cocinaban, se duchaban y bebían parte de los vecinos del concello estaba contaminada con arsénico.

Los orígenes del conflicto hay que buscarlos en el anterior gobierno socialista. En 2010, el entonces alcalde decidió mudar la gestión del agua de la traída. Pasó de ser un servicio municipal que apenas costaba 40.000 euros al año a convertirse en una concesión en manos de Aquagest, una de las empresas colocadas en el epicentro de la «operación Pokemon», que afecta de lleno también a Punxín. El contrato con la empresa durante 25 años disparó las facturas, dado que el coste del servicio aumentó a más de 100.000 euros anuales. Todo ello, en un municipio de unas 800 personas.

Al mismo tiempo, la concesión a Aquagest encareció hasta un 300% el recibo —se pasó de unos 18 euros de cuota fija trimestral a casi 40— sin que la llegada del PP en 2011 al concello supusiese ningún paso atrás. Entonces empezó la lucha vecinal. Organizados en torno a lo que bautizaron como la Comisión del Agua, decenas de habitantes de Punxín se opusieron a la subida desorbitada de las tasas y, en medio de la batalla, recibieron otra bofetada: el agua de la traída superaba en algunos lugares los índices de arsénico permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las protestas se encrudecieron. Los análisis encargados a varios laboratorios, pagados de los propios bolsillos de los vecinos, demostraron que en algunos núcleos como Vilar (perteneciente a la parroquia de Ourantes, que se encuentra monte arriba), el arsénico llegaba hasta los 25 microgramos por litro de agua, cuando el máximo permitido es de 10. Las analíticas les mostraron lo que ellos no sentían ni en el paladar ni veían a simple vista. Producido en el subsuelo del municipio, el elemento químico, que puede llegar a provocar cáncer si se consume durante un período de tiempo continuado, se filtró sin que empresa ni autoridades diesen la voz de alarma.

Fue en agosto de 2012 cuando Sanidade prohibió el suministro. No obstante, desde que conocieron el envenenamiento, los vecinos de Vilar, Ventosela y Ourantes —los tres núcleos afectados— dejaron de consumir el agua de la traída y echaron mano de pozos propios. Pero en los buzones siguieron encontrando las facturas de Aquagest cada trimestre.

La solución: pozos propios

Aunque la empresa instaló una depuradora en Ourantes que, según una vecina, «elimina el arsénico con arena», el agua sigue bajando con índices tóxicos. Tampoco ciertas fuentes públicas cuentan con la garantía sanitaria necesaria. En Ventosela se ubica una de ellas, bajo el cartel de peligro. Los vecinos afirman que querían arreglarla y adecuarla para el consumo, pero «el alcalde no nos dejó», resume Rosa.

—¿Pero les traerán agua potable al menos no?

—Nos la subieron un mes y ahora la compramos en garrafas de 19 litros.

Actualmente son muchos los habitantes de Punxín que confiesan abastecerse a través de pozo propio. Algunos fueron construidos a raíz del escándalo y otros, como en el caso del núcleo urbano, a consecuencia de la pésima calidad del agua. «Aquí no tenemos el problema del arsénico, pero la traída viene cargada de tierra», protesta Julia, dueña del único bar.

Cuesta arriba, una vecina de Barbantes repite la misma crítica. Su problema no es el agua contaminada, aunque una allegada la invita a analizarla, sino los recibos que le llegan a casa. Otros 38 euros a pesar de no utilizarla porque, al igual que muchos, también se nutre de pozo propio.

Tampoco a nadie en Punxín se le escapa que lo que empezó siendo una guerra vecinal, contra las elevadas tasas que aún sufren y las altas dosis de veneno en el agua, acabó derivando en una investigación judicial.

El caso, en la mesa de la juez

Cansados de que las protestas cayesen en saco roto, los vecinos decidieron en 2013 agotar la penúltima bala de su cartucho y acudir a la Justicia. No a un juzgado cualquiera, sino al que tiene como titular a la juez Pilar de Lara, inmersa en la «Pokemon». Las investigaciones realizadas concluyen que la concesión del agua se llevó a cabo, presuntamente, de manera irregular, —un proceso por el que Vigilancia Aduanera pidió la imputación del exalcalde socialista y el exapoderado de la empresa— y que Aquagest abasteció «a sabiendas agua contaminada».

Al igual que De Lara, el Valedor do Pobo se interesó por la situación y recientemente recomendó a los afectados reclamar compensaciones «de lo cobrado indebidamente». Y en medio de la tormenta, Aquagest abandonó la gestión y ésta volvió otra vez a pasar a manos del ayuntamiento desde enero de 2014. Pero pese a ser directa, los afectados protestan porque les siguen cobrando lo mismo, a pesar de que un estudio elaborado por ellos revela que el coste real no pasa de 70.000 euros.

Fin al encierro vecinal

Así lo explicó un portavoz economista en el pleno del 28 de marzo, al que los vecinos acudieron para buscar una solución. Sin embargo, el gobierno rechazó reducir la cuota. Allí empezaba un encierro en la casa consistorial que finalmente duró 17 días. El pasado miércoles lo levantaban tras reunirse con el vicepresidente de la Diputación de Orense y concertar una nueva cita para este lunes en la que la comisión vecinal presentará el estudio realizado y los recibos de los últimos años con el objetivo de reducirlos a 12 euros.

También el 29 de este mes se reunirán con el delegado territorial de la Xunta y el director general de Augas, con los que tratarán el proyecto de bombeo desde el río Miño, una de las posibles soluciones para eliminar cualquier resto de veneno de sus vidas.

Hay quien en Punxín los tacha de «locos» e incluso los acusa de no ser «nativos» de la localidad. Los muchos apoyan su causa . «Aquí tiene que haber una rebelión», sentencian.