El juez ve indicios de que un ex alto cargo del PSOE participó en el saqueo de 14 millones en una empresa pública

Se trata del denominado «caso Codesport», en el que figuran como imputados, junto a Esco, el constructor y dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, y el ex gerente de la empresa pública Plaza, Ricardo García Becerril. El juez instructor ve «suficiente sindicios» para pensar que entre los tres desviaron y se repartieron 14 millones de euros de fondos públicos.

A su vez, García Becerril y Agapito Iglesias están también incursos en las diligencias por otra trama de corrupción en la misma empresa pública, el «caso Plaza», que investiga la malversación de al menos 50 millones de euros de fondos públicos desde esta sociedad del Gobierno aragonés.

El «caso Codesport», que toma su nombre de la empresa constructora de Agapito Iglesias que se hizo con un multimillonario contrato de obras en Plaza, investiga el sospechoso sobreprecio de 17,8 millones de euros a Codesport por la construcción de unas naves empresariales que le encargó la sociedad pública.

La adjudicación fijó un precio por estas obras de 14,5 millones de euros, pero Codesport acabó cobrando 32,3 millones. La abultada diferencia fue abonada a través de modificados de obra y revisiones al alza aceptados sin reparos por la cúpula de la empresa pública.

Además, se «allanaron» irregularmente los trámites para pagarle a la empresa de Agapito Iglesias, con la firma directa de pagarés por parte de Esco, pese a no estar autorizado a hacerlo, ya que requería del conocimiento y autorización de otras instancias de esta sociedad pública.

El juez da por probado que esos 17,8 millones que se le abonaron a la empresa de Agapito Iglesias en absoluto estaban justificados. Una conclusión que soporta en el informe pericial encargado y que apunta a que, en realidad, los incrementos de obra solo justificarían que se hubieran pagado 3,5 millones de euros de más. Es decir, que Plaza pagó sin reparo alguno a Codesport la friolera de 14 millones de euros sin motivo justificado.

El juez, en el auto de imputación que ha dictado, indica que todo apunta a que ese sospechoso abono se hizo de forma pactada entre el consejero delegado de Plaza, Carlos Esco, el ex gerente de esta sociedad pública, Ricardo García Becerril, y el constructor y dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias.

El magistrado va más allá: no solo se pagaron esos fondos públicos de forma pactada a una empresa que no debía haberlos cobrado, sino que sospecha que se hizo para repartirse entre los tres esos 14 millones de euros.

En dicho auto judicial se indica que «concurren suficientes indicios que apuntan a la razonable posibilidad de que este 'resto' de 14 millones pasara a manos de las personas ya imputadas, así como también a las del constructor Sr. Iglesias, pues de otra manera no es en absoluto comprensible ni razonable que el contratista facture al cliente una cantidad superior en más de doble que la presupuestada y que este último se avenga a abonarla sin problemas ni oposición alguna salvo, claro está, que tal abono se haga con dinero público».

«Todo ello -continúa el auto- apunta a un posible 'consilium fraudis' entre el contratista, quien inicialmente y siguiendo un plan reconcebido se avino con el cliente Plaza a 'hinchar' la facturación en más del doble sobre el precio ofertado».