Una empresa pública de Aragón sirvió para para blanquear dinero negro

Esta es una de las causas abiertas por corrupción e irregularidades ocurridas en Plaza S.A. durante la etapa de Gobierno del PSOE . Entre todos los casos que se investigan se sospecha que pudieron haberse malversado unos 100 millones de euros. Fue en la época en la que el Gobierno aragonés inyectó grandes cantidades de fondos públicos en esta empresa, que a su vez ha acumulado pérdidas de más de 100 millones de euros.

Cinco juzgados investigan diversas irregularidades de calibre. El juzgado número 1 de Zaragoza instruye una de esas causas abiertas, el «caso Plaza» . Se trata de un entramado que, según las investigaciones practicadas hasta ahora, malversó al menos 50 millones de euros de fondos públicos, que acabaron en bolsillos privados. Entre quienes se beneficiaron figura el que fuera gerente de Plaza S.A., Ricardo García Becerril, al que se considera el líder de esa trama de corrupción. En ella también habrían intervenido directivos de empresas contratistas, subcontratas y ejecutivos de la propia sociedad pública.

Por otra de las causas abiertas en torno a Plaza, este miércoles ha declarado ante el juez, en calidad de imputado, el socialista Carlos Escó . Esposo de la diputada regional Eva Almunia, candidata del PSOE al Gobierno aragonés en las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2011, Escó fue viceconsejero del Gobierno de Marcelino Iglesias y consejero delegado de la sociedad pública Plaza.

Por su parte, el empresario que testificó ayer, el constructor Francisco Hernández , se ha reiterado ante el juez en la denuncia que hizo tiempo atrás y que permitió destapar el caso. Hernández indicó, por ejemplo, que él hizo obras particulares en inmuebles de la familia de García Becerril que se pagaron con fondos públicos de la sociedad Plaza. Él giró las facturas a la Plataforma Logística y ésta le pagaba por obras que en realidad no se habían hecho en ese complejo público. Del dinero que él cobraba, un 66 por ciento se lo quedaba quien, según este constructor, actuó como «intermediario» de la trama: el empresario Miguel Cantero Molés, amigo personal de García Becerril. Y en el trasiego de facturas y pagos se blanqueaba dinero negro: este constructor cobró de Plaza S.A. por facturas falsas, y la «mordida» del 66 por ciento que le tocaba abonar al intermediario la pagaba con dinero negro que tenía guardado por obras realizadas a otros clientes que le pagaron en «B».

En este entramado de facturas falsas, Hernández apuntó también a una empresa del dueño del Real Zaragoza , el constructor Agapito Iglesias. Este último realizó operaciones inmobiliarias en Plaza, alguna de las cuales también está bajo sospecha.

El constructor que testificó ayer ante el juez que instruye el caso afirmó que esta trama de facturas falsas y malversación de dinero público era muy extensa, que estaba diseñada específicamente para desviar a bolsillos particulares fondos de la Comunidad autónoma, y que está convencido de que él fue solo una pequeña parte en este entramado.