EE.UU. cerca a Maduro: abre varias causas por narcoterrorismo

Muchos de estos procesos quedaron paralizados durante la Administración de Joe Biden, cuando se optó por no impulsar las causas más sensibles contra dirigentes del chavismo, en paralelo con intentos de negociación política. Sin embargo, ahora han sido retomados por la Fiscalía y, en esa reapertura, se detalla cómo Maduro dirigió una organización que los fiscales equiparan a una empresa criminal: un sistema en el que altos funcionarios, compañías estatales y estructuras militares operaron de forma coordinada para traficar drogas, lavar dinero y ejercer el poder mediante la violencia y la corrupción.

El expediente más reciente, en Florida, fue registrado el 14 de agosto en Miami. Los demandantes -familias Kenemore y Marval, junto con Jason Saad- presentaron su escrito inicial en el que exigen compensaciones al amparo de la Ley Antiterrorista Federal y la Ley Antiterrorista de Florida. La demanda detalla que los demandantes, canjeados con mediación del Gobierno estadounidense por Alex Saab, fueron capturados por la dictadura entre 2020 y 2023, tras la captura de Saab en Cabo Verde y su posterior extradición a Miami, y que las víctimas estuvieron privadas de libertad durante períodos que van de los 123 a los 643 días. Saab, considerado testaferro de Maduro, contó con representación del juez inhabilitado español Baltasar Garzón.

El documento fue admitido en el registro del tribunal el mismo día de su presentación, y desde entonces se encuentra en trámite con la petición de que se reconozca la responsabilidad de Maduro, el cártel de los Soles, PDVSA y otros altos funcionarios venezolanos por actos de narcoterrorismo, secuestro y tortura.

Según las distintas demandas y acusaciones que ha revisado ABC, el llamado cártel de los Soles aparece descrito como una organización criminal formada por altos mandos militares y políticos de Venezuela, cuyo nombre proviene de los distintivos con la imagen de un sol que llevan los generales en sus uniformes. En las causas abiertas en Nueva York se le atribuye la coordinación, junto con las FARC, de cargamentos de varias toneladas de cocaína destinados a Estados Unidos, utilizando para ello el territorio venezolano, aeropuertos, puertos y rutas seguras controladas por el Estado. La Fiscalía sostiene que Nicolás Maduro ascendió en esa estructura hasta convertirse en su jefe, y por ello fue acusado en 2020 de narcoterrorismo y conspiración para importar drogas.

En paralelo, las demandas más recientes en Florida apuntan al mismo entramado, pero añaden un capítulo distinto: el uso del secuestro y la tortura de rehenes como táctica de presión contra Washington. En ellas se acusa a Maduro y a sus principales colaboradores de dirigir una red en la que también participan PDVSA y su filial CVP, utilizadas como instrumentos de lavado de dinero y financiación del cartel.

De esta manera, Maduro se enfrenta en Estados Unidos a un doble frente judicial: en Nueva York, un macroproceso penal abierto por la Fiscalía, que lo persigue como jefe del cártel de los Soles responsable de inundar de droga el mercado estadounidense; y en Florida, una demanda en la que víctimas directas lo responsabilizan por secuestros y torturas. Ambos procedimientos convergen en la misma idea: que el Estado venezolano, bajo el mando de Maduro, se convirtió en el sostén de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.

Según las acusaciones judiciales y la posición oficial de Washington, Maduro no solo dirige el cártel de los Soles sino que también ha utilizado a otras organizaciones criminales para proyectar poder hacia Estados Unidos. La Casa Blanca lo ha señalado de instrumentalizar al Tren de Aragua, la mayor banda criminal surgida en Venezuela, para inundar el territorio estadounidense de delincuentes y ampliar así la presión del crimen organizado. Esa calificación ha llevado a que tanto el cártel de los Soles como el Tren de Aragua hayan sido incluidos en la lista de organizaciones terroristas globales, lo que habilita al Ejecutivo a movilizar al Ejército en operaciones de seguridad nacional. El cártel que comanda Maduro fue incluido por el Tesoro en esa lista el 25 de julio.

Este giro coincide con el despliegue inédito de tres destructores Aegis frente a la costa venezolana, autorizado este agosto por Trump. Se trata de la primera demostración de fuerza de este tipo en el Caribe desde 2020, y responde a la estrategia de considerar el narcotráfico y las redes criminales venezolanas como amenazas terroristas. La medida marca un cambio respecto al primer mes del regreso de Trump, cuando aún se tanteaba una negociación con la dictadura, y refuerza la ofensiva judicial y militar contra Maduro.

En las causas abiertas en Estados Unidos, el cártel de los Soles no se presenta como un grupo abstracto, sino como una red concreta de jerarcas venezolanos a los que se atribuye haber convertido al Estado en una maquinaria criminal. Junto a Maduro, los fiscales y demandantes destacan a Diosdado Cabello, considerado uno de los jefes operativos del cartel, con capacidad de articular los envíos de droga y de garantizar protección política y militar a las FARC y a otros socios internacionales. Cabello, sancionado por el Departamento del Tesoro, fue acusado en la misma causa de narcoterrorismo en Nueva York y es descrito en informes de inteligencia como pieza central en la distribución de cocaína hacia Estados Unidos.

También figuran de manera destacada los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, ambos en posiciones de poder dentro del régimen; ella, como vicepresidenta. Según las demandas de Florida, los Rodríguez habrían usado sus cargos para facilitar operaciones de lavado de dinero y blindar institucionalmente a Maduro y al cártel. En la acusación se subraya que su papel no se limita al plano político, sino que han sido claves en mantener la estructura financiera y diplomática que permite al cártel de los Soles operar como una empresa criminal transnacional, combinando recursos estatales, redes de corrupción y apoyo a organizaciones armadas ilegales, eso además de ganarse el apoyo de mediadores internacionales como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

En la causa en Nueva York, el exjefe de Inteligencia militar Hugo 'el Pollo' Carvajal se declaró culpable en Estados Unidos de haber colaborado con las FARC y facilitado el tráfico de cocaína, admitiendo su papel en el cártel de los Soles. El general Clíver Alcalá Cordones también aceptó cargos por apoyar con armas y logística a esa red criminal, lo que refuerza la acusación de que la cúpula chavista convirtió al Estado en parte de un cártel transnacional.

Tareck El Aissami, exvicepresidente ejecutivo de Venezuela y exministro de Petróleo, aparece señalado en expedientes de EE.UU. como parte del cártel de los Soles. Fue sancionado en 2017 por narcotráfico, acusado de usar PDVSA para facilitar rutas y lavado de dinero en beneficio de Maduro y sus aliados, y arrestado después por la Fiscalía venezolana por traición, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.