Nuevos cargos por mortífero choque de trenes en Grecia

Por otro lado, las indagaciones llevadas a cabo en los últimos meses tras la denuncia de apelación interpuesta por los familiares de las víctimas ha provocado nuevas intervenciones por parte de la fiscalía, esta vez, relacionadas con los procedimientos seguidos por las autoridades involucradas tras el siniestro y que ha elevado a 41 la cifra de acusados en el proceso. En este sentido, este martes la fiscalía de Lárisa hacía pública la imputación de la directora de la Autoridad Reguladora de Ferrocarriles (RAS por sus siglas en griego), Ioana Tsiapariku, bajo los cargos de alteración por omisión, «intencional y reiterada», de la seguridad en el transporte ferroviario; así como a tres empleados y a un oficial superior del servicio de bomberos por incumplimiento de deberes. Sin embargo, los médicos forenses y peritos judiciales incluidos en la demanda ha sido archivado el caso al no encontrarse ningún indicio de delito, mientras que para los funcionarios judiciales el caso será examinado por otros funcionarios de la fiscalía fuera de la ciudad de Larisa.

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« Los nuevos cargos presentados contra la directora de la Autoridad Reguladora de Ferrocarriles (RAS), abren la puerta a que se produzcan nuevas acusaciones sobre las entidades superiores del estado más allá del Organismo de Trenes (OSE), el Organismo de Obras Ferroviarias (ERGOSE), y la Empresa de los Trenes (Hellenic Train). Como familiares creemos que hay muchos responsables no solo en la RAS, sino también en el Ministerio de Transporte y esperabamos que el fiscal avanzase con más imputaciones en las altas esferas», explica a ABC Evan Vlachos, hermano de una de las víctimas de la tragedia de Tempe.

Los familiares de las víctimas también han pedido la desclasificación de la conversación sobre el vertido de cemento en el lugar del siniestro mantenida entre el entonces gobernador local, Kostas Agorastós, y el exviceministro del Primer Ministro, Jristos Triandópulos y que la asociación de las familias de las víctimas calificó como un «intento imprudente de alterar las circunstancias del crimen» . Cabe destacar que Agorastós tiene abierto un proceso penal por el delito de incumplimiento del deber tras haber ocultado a las autoridades judiciales de la información sobre la manipulación y la orden de cubrir con cemento la zona cero del siniestro. Las familias también han denunciado problemas de legalidad en la retirada a un solar de los restos materiales del accidente como restos de los convoyes y objetos personales de las víctimas. En este sentido cabe destacar que, el pasado mes de octubre, ocho meses después del siniestro y gracias a una investigación promovida por los familiares, se encontraron restos mortales de dos de las víctimas en el solar donde fueron almacenados los convoyes siniestrados.

Paralelamente, la investigación penal en curso investiga la aplicación del contrato 717, firmado en 2014 para la reestructuración y mejora del sistema de señalización, control remoto y otras mejoras en la línea que une las dos ciudades principales del país, Atenas y Salónica, y que contaba con un plazo de ejecución plazo de 24 meses, así como las deficiencias en la señalización y las medidas de seguridad en el sistema ferroviario griego.