Marruecos, Túnez, Libia y Turquía: los gendarmes de la UE para frenar la inmigración irregular

En su 'Carta de derechos fundamentales', la Unión Europea (UE) enarbola valores como la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y apuesta decididamente por la democracia y el Estado de Derecho. Se trata principios respetados en todos los Estados miembro, pero no en otros con los que Bruselas firma acuerdos para gestionar las migraciones.

El más reciente de esos pactos se cerró el pasado lunes, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, rubricaron con el presidente tunecino, Kais Saied, un memorando que ponía encima de la mesa 255 millones de euros a cambio de que el país se comprometa a frenar las migraciones hacia Italia.

El inconveniente, sin embargo, es que llegar a acuerdos con el chico malo del patio no es demasiado ejemplar y conlleva algunos riesgos. Además de por su creciente autoritarismo y por las detenciones arbitrarias que ha alentado, el presidente Saied es un reconocido seguidor del 'gran reemplazo', una teoría de la conspiración que abraza la ultraderecha más variopinta, como el autor del atentado contra dos mezquitas en Nueva Zelanda que le costó la vida a 51 personas, y que sostiene que los inmigrantes pretenden sustituir a la población autóctona de un país.

«La UE ha firmado un acuerdo con Túnez, un memorando de entendimiento, para proporcionar apoyo económico y técnico en todo lo referente a la gestión de las migraciones hacia Europa», explica Carlos de las Heras, miembro de Amnistía Internacional. «El acuerdo tiene tres objetivos: impedir las llegadas a costas europeas, aumentar el número de devoluciones de tunecinos que ya están en Europa pero no tienen permiso de residencia, y facilitar los traslados desde Túnez a terceros países de personas inmigrantes o solicitantes de asilo», denuncia.

«Una parte importante de la política migratoria de la UE consiste en establecer acuerdos con terceros países y externalizar las fronteras, ofreciendo apoyo logístico y económico a la formación de cuerpos de seguridad libios, turcos o marroquíes, de modo que sus embarcaciones intercepten las naves con inmigrantes antes de que lleguen a territorio europeo», cuenta Raquel González, coordinadora española de Médicos sin Fronteras (MSF). «Se trata de países no seguros, tal y como establecen las Naciones Unidas, y no un criterio arbitrario de las organizaciones humanitarias», indica.

«La UE elige a países como Turquía, Libia, Marruecos o Túnez por tres razones», cuenta Francesco Pasetti, analista del Cidob. «Porque son las puertas hacia Europa, y a la UE le interesa que esas puertas estén cerradas; porque garantizan un cierre muy eficaz y eficiente de las fronteras, ya que no son países plenamente democráticos, así que las fuerzas de seguridad no tienen que responder a exigencias de derechos humanos o a otras legales y democráticas; y, por último, porque la UE no es capaz de ponerse de acuerdo en las políticas migratorias, pero sí en externalizar la gestión y pagar a alguien para que haga el trabajo sucio».

Como recuerdan los tres analistas consultados, el acuerdo cerrado con Túnez no es una novedad, pues se asemeja a otros alcanzados en el pasado por la UE. Por ejemplo, en marzo de 2016, cuando Bruselas pactó con Ankara con el propósito de poner fin a la crisis de refugiados que se desencadenó por la guerra de Siria; en febrero de 2017, cuando el entendimiento llegó con Libia, con el mismo objetivo; y, finalmente, en agosto de 2022, cuando la UE decidió aumentar a 500 millones de euros los fondos a Marruecos para que llevara a cabo una tarea similar.

«Los acuerdos son efectivos», señala Pasetti. «El de Turquía de 2016 redujo significativamente los flujos hacia Grecia y el de 2017 los redujo hacia Italia. Los acuerdos de España con Marruecos también han permitido reducir las llegadas a Ceuta y Melilla», añade. «Pero son acuerdos eficaces a corto plazo, porque la inmigración acaba buscando nuevas rutas que serán más peligrosas y difíciles. Hay que preguntarse qué precio estamos dispuestos a pagar por esto, como la pérdida de vidas de inmigrantes y los abusos sistemáticos de los derechos humanos».

Es cierto. Los acuerdos migratorios han demostrado su efectividad, al menos si su valoración se limita a las cifras. Según datos del Consejo Europeo, existen cuatro grandes rutas de entrada a la UE, que son las que establecen con qué países hay que sentarse a negociar para poner freno: la ruta del Mediterráneo oriental, con parada final en Grecia, Chipre y Bulgaria; la ruta del Mediterráneo occidental, con España como meta; la ruta de África occidental, que conduce a las islas Canarias; y, por último, la ruta del Mediterráneo central, que lleva a Italia y Malta.

Si en 2015 se produjeron un total de 885.386 entradas irregulares a través de la ruta del Mediterráneo oriental, la cifra descendió en 2017 a 23.063, tras la firma del pacto con Turquía. En la ruta del Mediterráneo central, se sumaron un total de 181.376 entradas irregulares en 2016, que en 2019 descendieron a las 14.003, tras la rúbrica del memorando entre Italia y Libia.

Lo que las organizaciones humanitarias critican es que todo este entramando de medidas parezca más destinado a cuadrar el balance de cuentas de una empresa que a pensar unas políticas que deciden sobre la vida o la muerte de miles de personas.

Si Saied es conocido por sus tendencias autoritarias y xenófobas, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también es un político polémico, acusado de reprimir a la oposición y de recortar derechos sociales, en lo que parece una imparable ola de islamización. Paradójicamente, los refugiados sirios le respaldan, pues el principal rival de Erdogan en las elecciones, Kemal Kilicdaroglu, proponía hacerles retornar a su país en un plazo de dos años.

En Marruecos, donde se persigue a opositores y disidentes, las organizaciones humanitarias también denuncian a menudo violaciones de los derechos humanos, por no mencionar el escaso respeto de las autoridades a la libertad de prensa, tal y como expone a menudo la organización Reporteros sin Fronteras. También en el Magreb, Libia, un Estado fallido, no es ni mucho menos un oasis democrático. Arrasado por la guerra civil que estalló en 2011, Libia es un infierno para los inmigrantes que se ven obligados a residir en los campos donde son retenidos, y en los que padecen torturas, violencia sexual y trabajo forzoso, como denunció MSF en un detallado informe.

«Que la UE firme esos acuerdos ofrece la oportunidad a esos países de ejercer chantaje. Un ejemplo claro fue Marruecos con lo que pasó en Ceuta y Melilla», explica Pasetti. «Son países a los que se les está dotando de poder de negociación y de margen de maniobra. La UE pierde poder político en sus relaciones internacionales».