Magistrados cubanos cómplices de la represión del régimen piden asilo en EE.UU.

González Pedraza firmó sentencias de tres y cuatro años de prisión contra cuatro jóvenes acusados de lanzar cócteles molotov contra un 'jeep' y viviendas de los jefes de la Policía y la Seguridad del Estado en el municipio de Encrucijada, en noviembre de 2022.

Dunia Marisol Rodríguez Milián, madre de uno de los condenados, denunció que mientras su hijo no había podido beneficiarse del 'parole' humanitario debido a la sentencia -sin pruebas-, «a ella, una jueza tan revolucionaria, que ha metido a tantos muchachos presos injustamente, le llegó el 'parole' y le dieron la liberación [del Ministerio de Justicia]». Por su parte, Ana Iris Pedraza Balero, madre de otro de los jóvenes sentenciados, manifestó su deseo de que EE.UU. no le conceda el asilo político «porque ella utilizó su cargo para cometer las injusticias más grandes y más atroces del mundo».

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Actualmente, Melody González Pedraza se encuentra detenida en EE.UU. y a la espera de una investigación en la que deberá demostrar «miedo creíble»; su permanencia en el país se decidirá mediante sentencia judicial.

Por otro lado, la fiscal Rosabel Roca Sampedro, quien exigió duras penas de prisión para manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11-J) y que actualmente se encuentra en México, está pidiendo asilo también en EE.UU. En ese país, en la ciudad de Houston (Texas), reside su hija.

Según el sitio Represores Cubanos, Rosabel Roca Sampedro, de 42 años, es acusada de haber solicitado largas e injustas sanciones para manifestantes del 11-J en la provincia de Camagüey. Entre sus víctimas se halla el opositor Bárbaro De Céspedes, a quien le impuso un año y seis meses de prisión bajo las acusaciones de «desobediencia» e «instigación a delinquir», por su participación en las protestas de aquellos días.

Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, que ha monitorizado muchos de los casos casos judiciales del 11-J, argumentó que debido al trabajo de la fiscal fueron sentenciadas injustamente al menos otras cuatro personas, quienes recibieron condenas de entre tres y más de cuatro años de cárcel. «Si la fiscal quiere redimir sus crímenes, dado que la prisión arbitraria es un crimen de lesa humanidad del que ella habría participado y cuyos autores serían la familia Castro, lo primero que debe hacer es convocar a los medios y contar absolutamente todo lo que ha hecho para el régimen, lo que obliga a hacer y la operativa del mismo», expresó Larrondo.

Esta semana los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez enviaron una carta a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, en la que expresan su indignación por los intentos de entrada a Estados Unidos de esta exfiscal cubana.

Los congresistas recordaron que las leyes estadounidenses proporcionan autoridad plena para la imposición de sanciones en respuesta a abusos de derechos humanos, incluyendo la prohibición del ingreso especial a EE.UU. «Con la represión continua y los abusos de derechos humanos que ocurren en Cuba hoy, debemos asegurar que aquellos individuos que actúan en nombre de un régimen cruel que se opone activamente a los intereses de EE.UU. no se beneficien del extraordinario privilegio de entrada a nuestro país».

Los de estas dos juristas no son casos aislados. En las últimas semanas han trascendido informaciones de al menos dos funcionarios del gobiernos municipales y militantes del Partido Comunista de Cuba que emigraron a EE.UU. Uno de ellos es Liván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la isla de la Juventud, a quien le aprobaron el 'parole' humanitario pero las autoridades migratorias le negaron la entrada al país norteño; mientras que su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se encuentra ya en Kentucky tras pedir asilo político el 20 de abril de 2024 alegando «miedo al socialismo».

Activistas del opositor Partido Autónomo Pinero denunciaron que Casañola «tuvo una trayectoria política al servicio del régimen» e incluso participó en actos de repudio y de represión contra activistas de derechos humanos, así como que «nunca mostró ningún tipo de desavenencia con el régimen, ni temor u algún otro tipo de indicio que respalden su necesidad de asilo político». Y señalan que pudiera tratarse de un intento de infiltración del régimen cubano en territorio estadounidense.