Macron asume su giro a la derecha con la nueva ley migratoria: «No se puede cerrar los ojos»

Se trata de un giro político importante. El día de su reelección como jefe del Estado, el 24 de abril del 2022, Emmanuel Macron declaró solemnemente: «Soy consciente que muchos compatriotas me han votado para impedir que triunfe la extrema derecha. Lo agradezco. Ese voto me obliga para los años que vienen». Veinte meses más tarde, el mismo Macron consigue imponer una ley migratoria que retoma algunas proposiciones de la extrema derecha y la derecha tradicional, asumiendo y justificando ese giro conservador de este modo: «Una gran mayoría de franceses, cerca de un 70%, según algunos sondeos, aprueban la ley, que es un escudo protector. Responde a una necesidad social ante un problema de fondo. La ley respeta nuestros valores. Y estoy seguro que el Tribunal Constitucional la aprobará. El electorado popular apoya la ley. Si cerramos los ojos ante la inmigración clandestina, hacemos el juego de la extrema derecha».

Marine Le Pen, presidenta de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), votó y aplaudió la ley, estimando que se trata de un «gran triunfo para mi familia política». Macron piensa lo contrario: «La señora Le Pen se equivoca. La ley es un fracaso para el partido de extrema derecha».

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Esa polémica ideológica está envenenando el paisaje político francés, en detrimento de Macron. Sus primeros electores centristas, varios miembros de su Gobierno y sus apoyos parlamentarios, consideran que el presidente los ha traicionado en cierta medida. Hasta el miércoles, entre el 60% y el 65% de los franceses tenían mala o muy mala opinión de Macron, y se teme la dimisión de varios ministros. Además, un número impreciso de diputados macronianos votaron contra el proyecto de ley, por el que se impondrá cuotas, se creará el delito de «residencia irregular», se recortará de manera sustancial las ayudas a familiares, se retirará el permiso de residencia a los inmigrantes «que no respeten los principios de la República» o se pondrá freno al reagrupamiento familiar.

Aprobada la ley en sede parlamentaria, Élisabeth Borne, primera ministra, ha reconocido que varios artículos podrían ser anticonstitucionales. En las próximas semanas, el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse al respecto.

En un terreno puramente administrativo, la alcaldía de París y 32 de los 95 departamentos de la Francia metropolitana -sin contar las antiguas colonias y territorios de ultramar- se han declarado en «rebeldía» y anuncian que no aplicarán la ley migratoria en sus territorios, en una reacción sin precedentes. Y en cuanto al terreno político, en la Asamblea Nacional la mayoría relativa de las familias políticas que apoyan a Macron se ha dividido y fragmentado, con los 88 diputados de la extrema derecha de Marine Le Pen en la única fuerza política que se cotiza a la alza. Y en un terreno puramente moral, pero muy significativo, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Eric de Moulins-Beaufor, arzobispo de Reims, comenta la ley de este modo: «Los inmigrantes deben ser tratados con respeto, y no como delincuentes».

Más allá de la incendiaria actualidad, Macron reconoce esta realidad dramática y alarmante: «Nuestras sociedades han perdido ciertos valores, que algunos autores han descrito como un proceso de 'descivilización', ruptura de las reglas de vida en común. Se trata de una regresión. Nuestras sociedades están entrando en una era de 'complotismo' y violencias. Además de la ley, debemos hacer un trabajo de reflexión filosófica, en ese terreno».