Suecia quiere expulsar a los inmigrantes que no se comporten «honorablemente»

En la práctica, la retirada de un permiso de residencia equivale a una expulsión. Dado que las personas de otros países de la UE no necesitan un permiso de residencia, sólo los nacionales de terceros países se verían afectados. Pero el trasfondo de la nueva normativa es de gran alcance: sólo los ciudadanos suecos tienen un derecho irrestricto a permanecer en Suecia. El actual Gobierno de coalición liberal-conservador y su partido de apoyo, los nacionalistas de derecha Demócratas Suecos, han presentado ya públicamente este proyecto de ley, que todavía está siendo revisado por un comité para definir exactamente lo que es un «estilo de vida equivocado». El Gobierno cita como ejemplos el fraude en materia de beneficios sociales, el endeudamiento, la simpatía por redes criminales, el abuso de drogas o la «intención deshonesta».

Un borrador del texto aclaraba que esta última expresión podría referirse, por ejemplo, a la prostitución, a pesar de que en Suecia sólo está prohibido comprar sexo, pero no ofrecer servicios sexuales. La aclaración fue después eliminada del borrador, pero según el demócrata sueco Ludvig Aspling todavía no está completamente descartada. «Un principio básico de vivir en Suecia con un permiso de residencia es que uno debe ganarse la vida honestamente, y la prostitución no es una forma honesta de ganarse la vida», ha justificado, en declaraciones ala agencia de noticias TT.

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Otro ejemplo de comportamiento que debería llevar a la retirada del permiso de residencia son cualquier tipo de declaraciones que puedan amenazar la democracia sueca, que pisa la libertad de expresión. El hecho es que Suecia, al igual que Dinamarca, llevan meses trabajando en medidas concretas en este sentido, como la prohibición de las quemas del Corán, que han tenido como consecuencia, entre otras, la necesidad de elevar el nivel de alerta terrorista debido a que ambos países han sido puestos en la diana de varias organizaciones violentas tras permitir esas prácticas. La ley ampara tal tipo de manifestaciones y el pasado mes de septiembre, por ejemplo, la Policía sueca se vio obligada a detener a quince personas que intentaron impedir que el provocador islamófobo Salwan Momika, un refugiado iraquí que vive en Estocolmo, quemase el libro sagrado del islam en Varnhemstorget, en Malmo, zona de una densa población musulmana.

Mientras otras medidas de restricción de la inmigración cuentan con el apoyo de la oposición, esta ha despertado críticas. «El Estado se vuelve racista si las personas con permiso de residencia permanente no tienen el mismo derecho a criticar a las autoridades y a las instituciones estatales -ha dicho en el canal de televisión SVT Märta Stenevi, portavoz del Partido Verde-, si los particulares dudan en criticar a las autoridades porque temen represalias del Estado, entonces tenemos un gran problema en Suecia».

Rebecca Thorburn Stern, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Uppsala y experta en derecho migratorio, advierte en declaraciones a 'Welt' del peligro de una legislación arbitraria. «Esto conduce a una falta de seguridad jurídica porque es difícil definir un estilo de vida honorable», ha señalado, y le parece extraña la propuesta de restringir la libertad de expresión de los extranjeros que residen legalmente en Suecia: «Se convierte en una especie de incentivo para no decir nada que uno crea que podría suponer una amenaza para la seguridad nacional, para no correr el riesgo de perder el permiso de residencia. . ¿Dónde debería trazarse la línea en cuanto a lo que constituye una amenaza y quién decide?».

Thorburn Stern reconoce, sin embargo, que «nuestra política migratoria se caracterizó hasta ahora por la ingenuidad y ahora se ve en graves encrucijadas: Salwan Momika ha profanado públicamente un texto sagrado y eso ciertamente representaría un peligro para él si regresara a Irak, por lo que no debería ser enviado allí». La ex primera ministra y actual líder del Partido Socialdemócrata, Magdalena Andersson, admite que «la migración todavía está en proceso de ajuste en Suecia, eso es una obviedad, y habrá que seguir legislando durante mucho tiempo».

En una entrevista concedida a Aftonbladet reconoce que «nos vimos arrastrados por la ola de refugiados de 2015» y cree que las consecuencias «tardarán tiempo en ser arregladas». Anders Ygema, socialdemócrata y ex ministro de Migración, considera adecuada la retirada de los permisos de residencia en caso de infracción penal. Sin embargo, en una entrevista con la cadena de televisión SVT, ha criticado que las personas puedan ser deportadas por motivos que no son delitos y apunta al riesgo de que se criminalice a las personas para deshacerse de ellas.