La Fiscalía de Brasil acorrala a Bolsonaro y pide su condena por el intento de golpe de Estado

Las alegaciones finales, un documento de más de 500 páginas, no dejan lugar a dudas, e implican a Bolsonaro y otros siete acusados a quienes la Fiscalía se refiere como el «núcleo crucial» de una presunta organización criminal, entre ellos, militares de alta patente. «Las evidencias son claras: el acusado actuó de forma sistemática, a lo largo de su mandato y tras su derrota en las urnas, para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho», afirma Gonet en su informe, en una acusación sin precedentes. Es la primera vez en 40 años, desde el fin de la dictadura, que un presidente civil es acusado de intento de un golpe que implica a militares.

Para la Fiscalía General, lejos de una mera resistencia pasiva a la derrota electoral, como sostiene la defensa, las acciones de Bolsonaro constituyeron una «articulación consciente para generar un ambiente propicio a la violencia y al golpe». La acusación sustenta que Bolsonaro aprovechó el control de la maquinaria pública, usó recursos estatales y manipuló funciones para fomentar la radicalización y la ruptura del orden democrático. Según Gonet, Bolsonaro fue el «principal coordinador de la diseminación de noticias falsas y ataques a las instituciones», utilizando la estructura del Gobierno para promover la subversión del orden.

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Bolsonaro enfrenta cargos por cinco delitos graves: intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio público, que incluye los ataques bolsonaristas a las sedes de los tres poderes, el 8 de enero de 2023. La acusación detalla que el grupo, supuestamente liderado por Bolsonaro e integrado por figuras clave del Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia diseñaron e implementó un «plan progresivo y sistemático de ataque a las instituciones democráticas», con el objetivo de «perjudicar la alternancia legítima de poder en las elecciones de 2022 y minar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Poder Judicial».

Según la Fiscalía, los ataques de enero de 2023, cuando una turba de millares de bolsonaristas invadió y destruyó partes del Palacio del Planalto, el Congreso y la Corte Suprema, no eran el principal objetivo del grupo, pero «pasó a ser deseado e incentivado, cuando se tornó la última opción disponible». Gonet argumenta que el líder enaltecido por los manifestantes era Bolsonaro, y que la agenda defendida era resultado de su «insistente y reiterado discurso de radicalización», basado en «fantasías sobre fraudes del sistema electrónico de votación y en injustas desconfianzas en la transparencia de los poderes constitucionales».

El documento asegura, además, que todos los crímenes se sustentan en pruebas sólidas, muchas de ellas documentadas por la propia organización criminal a través de grabaciones, manuscritos, archivos digitales, planillas y mensajes electrónicos. «No hay cómo negar hechos practicados públicamente, planes aprehendidos, diálogos documentados y bienes públicos deteriorados», sentenció Gonet, refutando los intentos de la defensa de disminuir la contribución individual de cada acusado.

Además del expresidente, otros siete acusados conforman lo que la Fiscalía ha llamado el «núcleo crucial» de la presunta organización criminal. Entre ellos están miembros importantes del Gobierno de Bolsonaro (2019-2023) como el teniente coronel Mauro Cid,su ex mano derecha y principal delator del caso; el diputado federal Alexandre Ramagem, que fue director general de la agencia nacional de Inteligencia, y el exministro de Justicia Anderson Torres.

Sorprende, a su vez, la participación de militares de alto rango que ocuparon puestos importantes en ese Gobierno y que serán los primeros en estar encarcelados desde el siglo XX. Esos acusados son el excomandante de la Marina Almir Garnier y los generales y exministros Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa) y Walter Braga Netto; que ya se encuentra detenido desde enero en una dependencia militar en Río de Janeiro.

Los testimonios de los excomandantes del Ejército, Freire Gomes, y de la Aeronáutica, Baptista Junior, fueron fundamentales, según el informe, para confirmar las participaciones de cada uno en la conspiración. «Ambos confirmaron haber sido presionados insistentemente para adherirse a un intento disruptivo, con propuestas de decretos de excepción que preveían la anulación de las elecciones y la prisión de autoridades«, cita el documento.

Las penas máximas para los delitos imputados a Bolsonaro podrían llevarle a una condena de hasta 43 años de prisión, pero según medios brasileños ese no debe ser el tiempo total de reclusión si se consideran factores como el comportamiento, la primariedad y su edad. Lo más probable es que la pena llegue a 14 años y que se cumpla en prisión domiciliar.

Contra las cuerdas, Bolsonaro intentó una maniobra peligrosa con el apoyo de su hijo Eduardo, que abandonó su cargo de diputado y se refugió en Washington alegando persecución política. Eduardo Bolsonaro sería uno de los artífices de haber convencido al presidente estadunidense Donald Trump de atacar a Brasil con una imposición arancelaria del 50% sobre el comercio.

El anunció ocurrió tras la cumbre de los BRICS, en Río de Janeiro, liderada por Lula da Silva y completada por países emergentes que incomodan al mandatario de Estados Unidos. Eduardo, que es amigo de Trump, y del articulador internacional de la ultraderecha Steve Banon; ha sido apuntado como el autor de esa reacción del presidente norteamericano, que ha salido por la culata. La diplomacia brasileña reconoció que la carta de Trump con el ataque comercial comienza con la solicitud de libertad de Bolsonaro y que, por lo tanto, sería una retaliación más política que comercial.

Además de no surtir efecto en la decisión del fiscal Gonet, la presión de Trump sobre Lula, y el comercio brasileño, ha sentado mal entre los empresarios de los sectores afectados, como el agropecuario, identificados generalmente como bolsonaristas. Bolsonaro puede haberse aislado aún más en su posible camino a la prisión.