Violencia salvaje en el infierno de las cárceles brasileñas

Alrededor del Instituto Médico Legal (IML) de Altamira las escenas eran dantescas. Parientes se desmayaban al ver los cadáveres sin cabeza de sus familiares, en un ambiente en que era imposible soportar el olor de las víctimas, quemadas y en descomposición. Los diez especialistas forenses, escasos para un horror de esa magnitud, usaban máscaras para trabajar en medio de un calor amazónico que solo empeoraba las cosas.

«Los cadáveres están en un camión. Este es un lugar crucial para la identificación de cadáveres y la investigación del caso y no tiene las condiciones mínimas para albergar un cuerpo », denunció el secretario del Colegio de Abogados de Pará, Eduardo Imbiriba. «Tenemos la completa falta de estructura del IML», comentó el abogado sobre las dificultades para reconocer los cuerpos y recoger muestras de ADN.

La matanza fue el resultado de enfrentamientos que estallaron el lunes entre las facciones criminales Comando Classe A, de Pará, y la banda rival Comando Vermelho (Rojo), nacida en la década de los 70 en Río de Janeiro. El grupo de Pará incendió el área de los reclusos enemigos, matando por asfixia a la mayoría de las víctimas. Fuera de la prisión, cuatro sobrevivientes murieron dentro de la camioneta que los trasladaba a otro presidio.

La masacre de Altamira no es la peor ni tampoco ha sido la única carnicería del año en prisiones brasileñas , consideradas extremadamente violentas, sino apenas una tragedia más en un sistema carcelario cruel. Hace dos meses, también en la Amazonía, 57 presos murieron en cuatro cárceles de Manaos, donde la Policía encontró reos estrangulados, ahorcados y acuchillados con puñales hechos con cepillos de dientes, en otra guerra de pandillas.

La peor matanza de la historia brasileña, sin embargo, ocurrió en 1992 en Sao Paulo, en la hoy extinta prisión de Carandirú, cuando la Policía militar entró para apaciguar una rebelión y mató a 111 detenidos . La escalofriante masacre, retratada en una película del mismo nombre, es también el origen de una de las más extensas facciones criminales de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), nacido para vengar a esos presos de las condiciones medievales del sistema prisional. A partir del PCC, que paralizó la gigantesca ciudad de Sao Paulo en 2006 con crímenes dirigidos desde los presidios, han surgido oponentes que ahora se disputan espacios en las violentas cárceles del país, entre ellas el CV de Río de Janeiro, el más antiguo, y Familia del Norte, de la región amazónica.

La prisión de Altamira albergaba 343 presos, más del doble de su capacidad. Tras la masacre han quedado presos 206 hombres en las instalaciones, que están parcialmente quemadas. Del total de prisioneros, 120 son provisionales y aún no han sido juzgados, 69 fueron condenados y 17 cumplen pena por algún crimen y tienen otros en juicio.

«La inacción permanente de las autoridades y la aparente indiferencia a los baños de sangre vuelven difícil prever cómo terminará la carnicería en las prisiones», explica la abogada María Laura Canineu, directora de la oficina Human Rights Watch (HRW) en Brasil, sobre un proceso que puede empeorar en el actual Gobierno de Jair Bolsonaro . «Pregúntele a las víctimas de los muertos», respondió Bolsonaro a la prensa al ser preguntado sobre las acciones que tomaría, sin conocer que buena parte de los muertos no habían sido siquiera juzgados. El presidente, que asumió el cargo en enero, ganó las elecciones con un discurso de mayor dureza contra la delincuencia. «Ha prometido acumular criminales en las celdas de la prisión. Esto hará que no solo las cárceles, sino también las ciudades y barrios de Brasil, sean aún más peligrosos», advierte Canineu.

El sistema penitenciario brasileño tiene más de 800.000 prisioneros y es el tercero del mundo después de China y Estados Unidos. Casi un 40% de esa población son detenidos provisionales, a la espera de un juicio, conviviendo en las mismas instalaciones y celdas con otros presos condenados, lo que viola las leyes brasileñas e internacionales y agrava el hacinamiento. «Pero eso requiere voluntad política », subraya la representante de la ONG. «Después de años de investigar las cárceles brasileñas, para Human Rights Watch ha quedado claro que el hacinamiento y la escasez de personal hacen que sea extremadamente difícil mantener las instalaciones con un mínimo de dignidad», explica.

Para la especialista, esos factores dejan a los prisioneros más vulnerables a la violencia y al reclutamiento de facciones. «En el pasado, hemos documentado cómo las personas arrestadas por delitos no violentos o no condenadas por un delito pueden ser forzadas a unirse a facciones criminales violentas para sobrevivir», señala Laura Canineu.