El arancel del 50% de Trump a Brasil puede salvar a Lula

Pasados anuncios de los aranceles de Trump fueron especialmente cercanos a las elecciones de Canadá y Australia, donde una reacción de rechazo a la arbitrariedad de esa política estadounidense provocó un giro en las encuestas en favor de los gobiernos de centro izquierda. Los primeros ministros de esos dos países se impusieron en las elecciones de abril y mayo frente a los candidatos conservadores, claramente lastrados por la actitud de Trump.

Las presidenciales de Brasil son en octubre de 2026 y para entonces aún pueden ocurrir muchas cosas: de entrada, todavía está por ver en qué queda este pulso arancelario. No obstante, el anuncio de Trump llega en un momento clave: Lula tiene que decidir si se presenta de nuevo a la reelección. Su baja popularidad (en junio estaba en el 25%, su peor dato en la presidencia, incluidos sus dos anteriores mandatos, de 2003 a 2010), podía convencerle de no volver a repetir. De pronto, sin embargo, su perfil gana enteros si de lo que se trata es de encarnar una respuesta nacional a Trump.

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De hecho, Lula ha empezado a jugar esa carta, presentándose en el fin de semana llevando una gorra (azul, no roja como la de Trump) con el lema «Brasil para los brasileños». Del «momentum» que adquiera y de la dificultad que probablemente tendrán Jair Bolsonaro y sus seguidores para defender los intereses de Brasil mientras se ven obligados a seguir adulando a Trump dependerá en buena medida la materialización o no de la candidatura de Lula.

Este asunto, sin duda, centrará lo que va a ser una larga campaña electoral de algo más de un año. Otro elemento clave en ella será la sentencia que debería producirse antes de que termine 2025 sobre el intento de golpe de Estado por parte de Bolsonaro y sus colaboradores más estrechos para impedir que Lula, ganador de las elecciones de octubre de 2022, tomase posesión en enero de 2023.

Precisamente, Trump ha justificado su agresión arancelaria a Brasil como protesta contra ese juicio, lo que la convierte en una decisión política que deslegitima la cobertura institucional, muy cuestionada, que puede tener la Casa Blanca para aplicar aranceles. Y esta clara injerencia en la política interna brasileña da aún más alas a la reacción nacionalista que está intentando capitalizar Lula.

El juicio afecta a Bolsonaro y una treintena de colaboradores –siete de ellos de especial rango: miembros de su Gobierno o altos cargos de Presidencia, así como quienes entonces eran los jefes de la Armada y del servicio de inteligencia–, en su mayoría militares. Las pruebas obtenidas incluyen planes específicos para la toma del poder, con el cierre del Congreso, del Tribunal Supremo y del Tribunal Electoral, y el eventual asesinato de Lula, del vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y de la máxima autoridad judicial, Alexandre de Moraes. La Policía considera que Bolsonaro, perdedor de aquellas elecciones por la mínima, tenía «pleno conocimiento» también del plan para acabar con la vida de Lula.

Al expresidente brasileño puede caerle una condena de hasta 40 años de cárcel. La pena no llegará a ese extremo si la defensa logra cuestionar algunas de las pruebas recogidas, pero difícilmente Bolsonaro logrará evitar una sentencia condenatoria que conlleve algún tiempo en prisión. No obstante, entre apelaciones y otros retrasos en el proceso, Bolsonaro podría tal vez llegar en libertad a las presidenciales de octubre de 2026. Una derecha que entonces resultará victoriosa intentaría corregir su situación.

A raíz de otro juicio, de mediados de 2023, por haber desacreditado el sistema electoral brasileño en una reunión ante los embajadores extranjeros celebrada un año antes, Bolsonaro quedó apartado hasta 2030 de cualquier posible candidatura a un puesto público, por lo que no puede presentarse a las próximas presidenciales. En su lugar, encabezando el bolsonarismo, podría concurrir su hijo Eduardo, que ha sido especialmente activo en buscar apoyos en Washington en defensa de su padre, aunque es posible que no previera una reacción tan contraproducente como la de Trump. En alguna ocasión se ha hablado de su actual esposa, Michelle, como alternativa temporal. También cuenta el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, pero su cargo institucional le limita en una guerra electoral que se espera especialmente radicalizada.

Lo del arancel del 50% puede quedar en un susto, aunque a Lula en cierto modo le interesa mantener tensada la cuerda con Estados Unidos. Lo normal, como ha ocurrido con otros países, es que tras un pico de confrontación haya una desescalada, lo que abriría la discusión electoral a otros temas. La edad de Lula podría ser una de ellos, pues de presentarse de nuevo lo haría cumpliendo los 81 años, con la perspectiva de estar en el puesto hasta los 85, y su salud ya ha dado algún reciente susto.