La Corte Suprema brasileña interrogará a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado
Las penas pueden sumar hasta 40 años de prisión
La Policía brasileña investiga a un grupo que negociaba asesinatos de «comunistas» y «corruptos» por encargo

La Corte Suprema brasileña entra esta semana en una fase crucial del proceso judicial que investiga una presunta conspiración para impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, elegido en octubre de 2022, no asumiera el cargo en enero. En el centro está ... el exmandatario Jair Bolsonaro, quien será interrogado junto con otros siete acusados, por crímenes que incluyen intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, asociación criminal armada y destrucción del patrimonio público. Las penas por estos delitos pueden sumar hasta 40 años de prisión.
El proceso se realizará en su Primera Sala de la Corte y colocará a Bolsonaro frente a frente con el juez Alexandre de Moraes, que conducirá la audiencia y a quien el expresidente Bolsonaro ha calificado repetidamente como su «enemigo número uno». El juez consta inclusive entre una de las posibles víctimas de un atentado en esa conspiración, y ha sido cuestionado sobre su actuación en el proceso. Además de Moraes, las investigaciones indican que Lula y su vicepresidente, Geraldo Alckmin también estaban en la lista de potenciales blancos de la conspiración.
El juicio, que comenzó este lunes y debe concluir el viernes, ha empezado con el interrogatorio de Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro y uno de los principales testigos de la Fiscalía, tras haber firmado un acuerdo de colaboración. Cid fue uno de los hombres más cercanos de Bolsonaro durante su mandato y su testimonio es considerado clave en el proceso.
Bolsonaro, por su parte, será el sexto en ser oído por el tribunal, lo que puede ocurrir el jueves. Además del expresidente, también serán interrogados el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos; el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno, y el exministro de Defensa, de la Casa Civil y candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, el general Walter Souza Braga Netto. Las audiencias serán presenciales, con la excepción de Braga Netto, que cumple pena en la Villa Militar de Río de Janeiro desde el inicio del año.
Durante esta fase, los acusados tendrán derecho a guardar silencio o presentar su versión de los hechos. También pueden declararse culpables o inocentes de los cargos. La Fiscalía y las defensas también podrán hacer preguntas.
Según la acusación -hecha a partir de las investigaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía-, la conspiración se organizó tras la derrota electoral de Bolsonaro y culminó en los violentos ataques del 8 de enero de 2023, cuando millares de seguidores del expresidente invadieron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, una semana después de la investidura de Lula. Más de 500 personas ya han sido condenadas a penas de hasta 17 años de prisión, por ese ataque.
Víctima de persecución política
Desde entonces, Bolsonaro ha negado cualquier implicación y afirma ser víctima de una persecución política. Asegura que las acusaciones de intento de golpe carecen de fundamento jurídico y sostiene que hay un interés político en eliminarlo de la carrera presidencial de 2026.
Las pruebas de la Corte, sin embargo, incluyen declaraciones de altos mandos militares que confirmaron que Bolsonaro les pidió apoyo para bloquear la asunción de Lula, lo que ha complicado la situación del expresidente y sus allegados.
Pese al consejo de sus aliados y asesores, Bolsonaro se negó a realizar un entrenamiento mediático en São Paulo, una técnica de preparación de figuras públicas para entrevistas. Según la columnista política Mônica Bergamo, del diario Folha de São Paulo, Bolsonaro se siente seguro y optó por una preparación más tradicional, hecha por sus abogados y enfocada en aspectos jurídicos. El líder ultraderechista prefirió no someterse a métodos de entrenamiento que no encajen con su estilo, informó.
Esta es la última etapa del juicio y después de los interrogatorios, el juez Moraes deberá decidir si son necesarias nuevas diligencias o si se puede avanzar con el caso. La Fiscalía y las defensas tendrán un plazo de 15 días para presentar sus consideraciones. Según la prensa local, la intención de los magistrados es que el juicio concluya antes del fin del año para no contaminar las elecciones presidenciales de 2026.
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