Estados Unidos vuelve a presionar a Brasil tras la condena a Bolsonaro

«El Tribunal ha cumplido una misión importante e histórica al juzgar, basándose en pruebas significativas, a autoridades civiles y militares por intento de golpe de Estado. Nadie sale hoy de aquí contento, pero debemos cumplir con serenidad y valentía las misiones que la vida nos encomienda», afirmó el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, en apoyo a la decisión de sus colegas, y recordando que es la primera vez que Brasil condena militares de alto grado por atentar contra la democracia. Al lado de Bolsonaro, han sido condenados siete personas de su confianza, y entre ellos, dos generales y un almirante. «Solo el profundo desconocimiento de los hechos o una motivación despegada de la realidad encontrará en este juicio algún tipo de persecución política», reforzó.

Del lado opuesto, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, candidato potencial a sustituir a Bolsonaro como líder de la ultraderecha, calificó la condena de injusta. «La historia se encargará de desmontar las narrativas y la justicia prevalecerá. Ánimo, presidente. ¡Te apoyaremos!», declaró Freitas, que encabeza un movimiento en el Congreso para pedir la amnistía del expresidente. Bolsonaro ya es inelegible hasta el 2030 por procesos anteriores en la corte electoral y no podrá disputar las elecciones del próximo año.

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Pero una de las principales turbulencias políticas viene de fuera. La sentencia ha provocado la reacción inmediata del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que amenazó dar una respuesta adecuada a lo que él y el presidente Trump han llamado de «caza a las brujas».

«Las persecuciones políticas del violador de derechos humanos sancionado Alexandre de Moraes continúan, ya que él y otros miembros del Tribunal Supremo decidieron injustamente arrestar al expresidente Jair Bolsonaro», afirmó el representante de Trump en una nota que también ha sido difundida en un perfil de su embajada en Brasilia. Estados Unidos le ha impuesto a Brasil una alta tarifa comercial del 50%, mientras ha sancionado a Moraes con la Ley Magnitsky, usada antes contra oligarcas rusos y que impide hacer transacciones financieras.

La cancillería brasileña respondió al nuevo ataque inmediatamente. «Amenazas como la realizada hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca la autoridad brasileña e ignora los hechos y las contundentes pruebas de los autos, no intimidarán a nuestra democracia», respondió la sede diplomática en redes sociales, destacando que el poder judicial brasileño juzgó con base en su Constitución a acusados por un intento frustrado de Golpe de Estado.

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente declaró a la agencia Reuters que espera que Estados Unidos aplique más sanciones contra las autoridades brasileñas. El parlamentario se trasladó a ese país en enero y ha sido clave en esa estrategia internacional de los bolsonaristas, que en manifestaciones llevan la bandera de Estados Unidos.

Bolsonaro ya se encuentra en prisión domiciliaria y con una tobillera desde agosto, pero por no cumplir medidas cautelares. La sentencia del jueves no lo libera de las condiciones actuales, pero no lo llevará inmediatamente a prisión, pues aún caben recursos judiciales. Por no haber sido una votación unánime y uno de los jueces haber sido a favor de su absolución, los abogados pueden alargar los plazos, pero difícilmente podrán revertir las penas.

Además de un largo período de prisión, Bolsonaro y los otros siete condenados deberán pagar una indemnización de 30 millones de reales (aproximadamente 5,5 millones de euros) por los daños causados a los edificios de los Tres Poderes durante los ataques del 8 de enero de 2023. El pago solidario de esta multa es una de las consecuencias de la condena por daños al patrimonio público. El pago también será efectivo cuando se agoten todos los recursos legales.

El camino que la defensa debe asumir será el recurso de «embargos de declaración» un sendero abierto por el juez Luiz Fux, el único de los cinco jueces que pidió la absolución del expresidente. Fux argumentó que la Primera Sala, donde ocurrió el juicio, no sería el local para juzgar a Bolsonaro, que ya no es más presidente y podría haberse defendido en todas las instancias hasta llegar al Pleno del Supremo. Pero la acusación del Fiscal General, Paulo Gonet, presentó pruebas de que el plan de Bolsonaro comenzó en julio de 2021, cuando aún ocupaba la silla principal del Palacio del Planalto.

Aunque la condena, la prisión domiciliaria y estar inelegible parezcan el fin, Bolsonaro sigue siendo un líder político que divide al país y su influencia será fuerte en las próximas elecciones. Políticos como el gobernador de São Paulo y otros representantes de la derecha, tratan de mantenerse vinculados a su popularidad para volverse la alternativa frente a una nueva candidatura de Lula da Silva.