El Supremo de EE.UU. falla que Trump es inmune por todo lo que hizo como presidente

El Supremo interpreta que la inmunidad de un presidente en ejercicio del cargo es «absoluta» cuando ejerce sus derechos, en este caso el del derecho a la libre expresión o el de valerse del ministerio público para abrir investigaciones. Según expuso el magistrado John Roberts, presidente del Tribunal, «la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga alguna inmunidad frente a la persecución penal por actos oficiales durante su mandato». «Al menos con respecto al ejercicio de sus poderes constitucionales fundamentales, esta inmunidad debe ser absoluta», añadió.

Esto significa que el presidente puede obrar con amplio margen de maniobra en ejercicio del cargo, dado que el de EE.UU. es un sistema presidencial. Hay vías para penalizar delitos, pero por la vía política. Un presidente puede ser depuesto y privado de sus derechos políticos en un proceso de 'impeachment', un mecanismo que se ha activado muchas veces pero que nunca hasta ahora ha provocado una destitución.

La decisión del Supremo es de seis votos, los seis considerados conservadores, frente a tres de la bancada progresista. Una de ellas, Sonia Sotomayor, emitió un voto particular en el que disintió de una forma llamativa y poco común. En ese voto particular, la juez dijo que con esta decisión el Supremo permite al presidente abusar de su poder. «Temo por la democracia», dijo Sotomayor.

A efectos prácticos, este caso, en que un fiscal especial, Jack Smith, investiga a Trump por su papel en la insurrección frustrada de 2021, vuelve a un juzgado de la capital federal, que debe decidir sobre si el papel del expresidente en los supuestos delitos fue en ejercicio del cargo o no.

En un mitin político mantenido a las puertas de la Casa Blanca el 6 de enero de 2021 Trump instó a la multitud a marchar sobre el Capitolio, donde se iba a certificar la victoria de Biden. Sus abogados dicen que está protegido por la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. En el saqueo de la sede del legislativo hubo cinco muertes y cientos de personas que participaron han sido encausadas.

Como en los años del escándalo del Watergate, la justicia se ha enfrentado en los pasados años a la inmunidad del presidente, y sus límites. Según el juez Roberts, aunque «el presidente no está por encima de la ley», tampoco «puede ser procesado por ejercer sus atribuciones constitucionales fundamentales». Por lo tanto, Trump «tiene derecho a al menos una inmunidad supuesta por sus actos oficiales», escribió Roberts.

Este caso de la insurrección también juega si Trump abusó de su poder al aprovechar el poder de investigación de la Fiscalía al ordenar investigaciones sobre las falsas denuncias de fraude electoral. No importa, dijo el Supremo, si las investigaciones solicitadas se basaban en acusaciones falsas o tiene un propósito ilícito. «El presidente no puede ser procesado por conducta dentro de su autoridad constitucional exclusiva», dijeron los magistrados.

Hay aun algún resquicio para juzgar a Trump por este caso, pero mínimo. La opción de la Fiscalía es encausar al expresidente por las repetidas presiones a su vicepresidente, Mike Pence, para que rehusara certificar el resultado de las elecciones de 2020 en una sesión especial del Capitolio el 6 de enero de 2021. Esa labor le correspondía al vicepresidente porque en ejercicio del cargo debe además presidir el Senado. La cuestión de qué se juzga y cómo recae ahora sobre la juez del Tribunal de Distrito de Washington Tanya Chutkan.

Trump se ha enfrentado a 81 cargos penales desde que dejó el cargo. Por uno de esos casos, el de pagarle con dinero de campaña de forma ilícita a una actriz porno para que se callara una aventura sexual, ha sido hallado culpable de 34 cargos y habrá veredicto el 11 de julio. El que ahora ha llegado al Supremo es el de las falsas denuncias de fraude y la insurrección. Quedan aun el del intento de revertir el resultado de las elecciones en el estado de Georgia, que ganó Biden, y el de la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca al dejarla en enero de 2021.

El fallo del Supremo añade ciertas demoras al caso de la insurrección, y hará que este se demore al menos hasta después de las elecciones. El caso ha estado paralizado seis meses desde que la juez Chutkan lo suspendiera para que se dirimieran las apelaciones de Trump. Chutkan había indicado que probablemente daría a las dos partes al menos tres meses para prepararse para el juicio una vez que el caso regresara a su tribunal.

Esto supone que Trump no tendrá más veredictos que el de la actriz porno antes de la votación del 5 de noviembre. De momento, va por delante en las encuestas, sobre todo después de la desastrosa intervención del presidente Biden en el debate presidencial del jueves en Atlanta.

Para los tres jueces considerados progresistas, este es un fallo desastroso, según sus propios disensos. Pusieron un ejemplo: ahora puede que los presidentes queden al margen de la justicia por actos como ordenar a soldados de élite en comandos como los de los Navy SEALS para que asesinen a un rival político, organicen un golpe militar para mantenerse en el poder o acepten un soborno a cambio de un perdón.

Dijo la juez Sotomayor: «Aunque estos escenarios de pesadilla nunca se materialicen, y rezo para que nunca lo hagan, el daño está hecho. La relación entre el presidente y las personas a las que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley».

Un tribunal de casación demoró recientemente el caso de interferencia electoral de 2020 de Trump en Georgia mientras revisa la decisión de una juez de primera instancia que permite a la fiscal responsable, Fani Willis, continuar en el caso. No se había fijado una fecha de juicio en ese caso. Willis ha sido criticada por Trump y acusada de persecución política.

Trump debía ir a juicio en mayo en el otro caso presentado por el fiscal especial Jack Smith, sobre documentos clasificados encontrados en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, Florida, después de que dejó la Casa Blanca. Pero la juez del Tribunal de Distrito Aileen Cannon canceló la fecha del juicio ya que el caso se complicó con problemas legales. Aún no ha programado una nueva cita.