Arévalo, obligado a «convivir» con la fiscal que intentó impedir que fuera presidente de Guatemala

En todas estas ciudades, el mandatario fue acogido con entusiasmo tras el largo calvario que sufrió después de ganar las elecciones en Guatemala ante los intentos del Ministerio Público por descarrilar su asunción como presidente el pasado 14 de enero. Una toma de posesión muy agitada que se produjo con varias horas de retraso, lo que provocó que algunos de los invitados, como Felipe VI, tuvieran que abandonar el acto antes de concluir.

Con la llegada sorpresiva de Arévalo (socialdemócrata) al poder, no estaba previsto que pasara ni siquiera a la segunda vuelta, se abre una etapa en la que su Gobierno tiene como principales desafíos luchar contra la corrupción –imbricada en todas las instituciones públicas–, la inseguridad –por el narcotráfico y las extorsiones de las organizaciones criminales–, así como devolver un clima democrático al país centroamericano.

Noticia Relacionada

Felipe VI reconoce «la gran tarea» del presidente Arévalo para «construir una patria para todos los guatemaltecos

Angie Calero

Las revueltas en Guatemala del 15 de enero, precipitaron la vuelta del Rey, quien viajó hasta allí para asistir a su toma de posesión

Entre estos desafíos también se encuentra el de gobernar y «convivir», al menos de momento, con la fiscal general Consuelo Porras, nombrada por el Ejecutivo anterior, liderado por Alejandro Giammattei, y que, tras negarse a renunciar a su cargo, como le pidió Arévalo tras ganar las elecciones, tiene mandato hasta el año 2026.

Porras, sancionada por varios países, entre ellos, EE.UU., Canadá o la UE, por socavar la democracia y el Estado de derecho –por «las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos» y «actos de corrupción significativa»–, se convirtió en el instrumento del anterior presidente para silenciar a todos aquellos –fiscales, activistas, periodistas– que denunciaban actos de corrupción por parte de algún miembro de ese gobierno. Actos que difuminaban la división de poderes en el país centroamericano.

También fue quien se ocupó de obstaculizar, una y otra vez, el camino de Arévalo y de su partido, Movimiento Semilla, para ganar las elecciones, primero, y asumir el poder después. Detrás de ella estaría una élite, «un grupo criminal, atrincherado en las instituciones públicas», que habría intentado dar un «golpe de Estado en cámara lenta».

«Los golpes de Estado en el siglo XXI los hacen abogados, jueces y diputados a través de la judicialización de la política y la persecución espuria. La utilización de la Justicia y de sus instituciones para subvertir el orden democrático. Y eso es lo que estaba pasando en mi país», señaló este viernes el presidente guatemalteco, durante un encuentro con periodistas en un acto organizado por la agencia Efe en la Casa de América.

La vigilancia y las advertencias de la comunidad internacional para que se produjera una transición democrática en Guatemala lograron, sin embargo, aplacar la hostilidad, permitiendo la llegada de un nuevo gobierno, aunque los problemas entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial persisten, y parecen lejos de desaparecer.

«El papel de la fiscal ha quedado claro nacional e internacionalmente –ha sido proscrita y sancionada por la UE, EE.UU. y Canadá–. Es una persona que ha servido de instrumento a estas élites para conducir este intento de subvertir el orden electoral por medio de una judicialización espuria», subrayó Arévalo.

Los desencuentros entre Porras y Arévalo ha sido numerosos y visibles durante los últimos meses. La fiscal general se ha negado públicamente a renunciar a su cargo –como le pidió Arévalo tras ganar las elecciones–, y es por ello que mientras se estudian qué medidas legales seguir, el presidente y su equipo no tienen más alternativa que convivir con ella de momento.

«El presidente de la República no puede remover al fiscal general del país gracias a una reforma de orden constitucional aprobada hace cinco años, y eso obliga a una convivencia entre la fiscal general, que gestó aquello, y el Ejecutivo actual», explicó el propio mandatario. Dicha ley nació con el objetivo de blindar a los fiscales generales que investigaban actos de corrupción contra el Gobierno en ejercicio, –«en aquel momento había el temor de que los esfuerzos de la fiscal general fueran obstaculizados»–, y así salvaguardar la división de poderes. «Se fomentó una reforma de una ley que regula al Ministerio Público y se blindó al fiscal ante una remoción directa, salvo casos extremos. Entonces nadie podía prever una inversión dentro del juego político y que posteriormente iba a haber un Ejecutivo luchando por la transparencia contra la corrupción y que lo que iba a quedar en el Ministerio Público han sido los baluartes de ese sistema de corrupción», indicó Arévalo. Es por esta situación, que el presidente de Guatemala aprovechó la ocasión para lanzar un consejo: «Creo que esta reforma es un buen ejemplo del cuidado que todos los países debemos de tener con las reformas de la legislación 'ad hoc' que solo miran en cómo va a afectar una reforma en un momento determinado».

A pesar de las dificultades para remover de su puesto a Porras, Arévalo señaló que su Gobierno «está viendo y analizando cuáles son los mecanismos legales que nos permitirían resolver esta situación», aunque en la actualidad no hay nada concreto que pueda apuntar a una salida rápida. «No puedo decir si tiene el tiempo contado o no, no está en mis manos tomar una decisión, será por conductos legales, y corresponderá a las Cortes definir hasta cuándo puede ella quedarse. Nosotros no estamos satisfechos con su permanencia».

Lo que sí parece claro es que este Ministerio Público no va a tener un papel activo en una de las iniciativas estrella del nuevo Gobierno, como la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), que lidera Santiago Palomo, quien ha rechazado, de momento, la invitación de Porras para reunirse. «El Gobierno tiene la voluntad de trabajar con todos aquellos actores comprometidos en la lucha contra la corrupción, y ese compromiso no lo vemos en el Ministerio Público», explicó Palomo en un vídeo colgado en X la semana pasada.

La CNC, que ya ha celebrado varias reuniones, pero que será lanzada oficialmente esta semana, viene a sustituir a la Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC), creada tras la llegada al poder de Giammattei en 2020, que a su vez, ocupaba el lugar dejado por uno de los organismos de referencia en la región en la lucha contra la corrupción, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Creada con el auspicio de la ONU en 2006, fue disuelta en septiembre de 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales por suponer un riesgo para la seguridad nacional, y tras presentar un último informe que denunciaba la «captura y cooptación del Estado» por parte de grupos de poder que buscan perpetuar el statu quo y la «impunidad» en el país centroamericano.

El pulso entre Arévalo y Porras se ha escenificado también en la situación de las personas encarceladas por este Ministerio Público tras denunciar casos de corrupción. Uno de ellos, y el más mediático, es el del periodista y fundador de 'ElPeriódico', José Rubén Zamora, condenado el año pasado a seis años de cárcel por un delito de lavado de dinero, juicio que la Corte de Justicia ordenó el pasado mes de octubre repetir, anulando la condena.

En relación a una segunda condena de seis años, por obstrucción a la justicia, la semana pasada estaba prevista una audiencia para determinar si se realizaba un segundo juicio, pero fue anulada. En opinión de Zamora, que lleva más de un año y medio encarcelado –aunque su situación en las últimas semanas ha mejorado gracias al nuevo Gobierno–, esta habría sido una maniobra de la fiscal general para mantenerlo más tiempo detenido, según recoge la prensa local.

Ante la posibilidad de que aquellos que han denunciado corrupción, y han sido encarcelados por ello se conviertan en rehenes de la fiscal general, cada vez más acorralada, Arévalo muestra su preocupación, pero también su compromiso con ellos, en especial en el caso del periodista. «Al día siguiente de mi toma de posesión, el ministro de Gobernación fue personalmente a la cárcel, donde se encuentra José Rubén Zamora, para dar órdenes inmediatas de terminar con las condiciones que eran prácticamente de tortura en las que le mantenían, y para poder garantizar a todos los demás prisioneros unas condiciones dignas. El Ejecutivo no puede intervenir en el sistema judicial, y en consecuencia no depende de nosotros el que las causas puedan terminarse. No podemos dar una orden. Pero tenemos claro que en todos aquellos casos en los que el Ejecutivo ha sido parte de la acusación, estaremos estudiándolos para ver cómo tratar de establecer claramente las cosas. Y en el ínterin, estamos asegurando que [los presos] no estén sujetos a abusos en el marco de su detención».