El expresidente Giammatei es señalado por su «significativa implicación» en actos de corrupción por Estados Unidos

En pocas palabras, Giammattei no tiene visa. Más allá de la limitación geográfica, la falta de permiso de la potencia americana de pisar suelo estadounidense es también una especie de condena moral. Además, los alegatos revelados por Miller reforzarían los reportajes que múltiples medios independientes de comunicación guatemaltecos han publicado desde hace cuatro años: que el expresidente estaría involucrado en diversos casos de corrupción. Algunos relacionados con la compra sobrevalorada de vacunas rusas Sputnik V durante la pandemia del covid-19 y otras relacionadas con gastos no reportados durante su campaña electoral y con sobornos realizados por ciudadanos rusos para la adquisición de tierras de explotación minera en el país.

Hasta ahora, el expresidente no se ha pronunciado. Sin embargo, puede que la noticia no le haya tomado por sorpresa. El 15 de enero —24 horas después de entregar el cargo— un hijo del expresidente intentó ingresar al país vía Miami, pero las autoridades migratorias lo retuvieron y lo obligaron a regresar a Guatemala. El retiro de visa de su padre —confirmado un día después de aquel incidente— confirmó que la medida no solo afecta a Giammattei padre, pero también a sus hijos.

En los últimos tres años, Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visado o sanciones a casi 400 personas, incluidos funcionarios públicos, representantes del sector privado y sus familiares, cercanos al gobierno del expresidente por supuestamente participar en actividades corruptas o socavar la democracia o el Estado de Derecho en Guatemala. Washington, sin embargo, no ha presentado ninguna prueba contundente que refuerce sus sospechas. Los críticos de estas medidas acusan al país de Biden de ejercer una especie de «extorsión e intromisión» al país, no respetando la soberanía; una acusación común que suele hacerse de Estados Unidos desde los países centroamericanos.

Horas antes de que se hiciera publica la sanción contra Giammattei, el Departamento de Estado impuso «sanciones financieras» al exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, por «corrupción». Pimentel fue ministro de Giammattei desde enero de 2020 hasta su dimisión en julio de 2023. Según el comunicado divulgado por el Departamento de Estado, Pimentel habría utilizado su cargo oficial de ministro «para explotar el sector minero guatemalteco a través de esquemas de soborno» en «contratos gubernamentales y licencias mineras».

Las sanciones impuestas al exministro de Giammattei son serias. Se basan en una ley estadounidense conocida como «Global Magnitsky» que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en todo el mundo. Se conoce como «Ley Magnitsky» e implica lo que expertos llaman «la muerte financiera» puedo que esta ley establece que las instituciones financieras estadounidenses no pueden relacionarse con otras que tengan vínculos con los sancionados. En Guatemala, prácticamente todos los bancos e instituciones financieras tienen flujos de transacciones con sus pares en Estados Unidos.