Dos expresidentes salvadoreños serán investigados por supuestos nexos con pandillas

Según el testigo protegido por la Fiscalía, las negociaciones entre los partidos políticos y los pandilleros tuvieron lugar para las elecciones presidenciales de 2014 y en 2015 para las municipales y las legislativas. A su vez, las conversaciones habrían ocurrido para una tregua que tuvo lugar entre 2012 y 2014 entre las pandillas y el estado salvadoreño. En su orden a la Fiscalía, el juez pide que se investigue hasta qué punto los expresidentes estuvieron involucrados en las circunstancias que rodean estos posibles hechos delictivos.

«Deberán individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén en su calidad de presidentes de la República», dice una parte de la orden a la que tuvo acceso la agencia EFE. También el magistrado indicó que la Fiscalía ha de investigar si tres exministros cometieron algún delito. Estos exfuncionarios son Arístides Valencia, Benito Lara y David Munguía Payés.

Otras personas que deben ser investigadas son Ernesto Muyshondt , el actual alcalde de San Salvador, y los miembros de la directiva del FMLN José Luis Merino y Medardo González Trejo .

Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele , pidió a la Asamblea legislativa que retire la inmunidad política al diputado Norman Quijano por presuntamente haber mantenido negociaciones con las pandillas para obtener beneficios electorales. En un caso diferente, la Fiscalía acusa a Quijano, del partido ARENA, de haber negociado con las maras ofrecerles 1 millón de dólares para que le votarán en los comicios presidenciales de 2014, cuando perdió las elecciones en la segunda vuelta contra Sánchez Cerén.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo con un total de 61,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes . Las pandillas, o maras, surgieron al calor de la guerra civil en El Salvador (1979-1992 y crecieron en parte gracias a las deportaciones desde Estados Unidos. Aproximadamente unas 54.000 personas integran estas pandillas que operan con gran impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, región compuesta por El Salvador, Guatemala y Honduras.