Cristina Fernández de Kirchner reaparece con un feroz ataque al juez que la investiga

Las palabras de la viuda de Néstor Kirchner, en su regreso a la escena pública, -casi un mes después de su convalecencia por una infección intestinal-, estaban dirigidas a frenar con la retórica los dos últimos frentes judiciales que la tienen de protagonista y que, de seguir por el mismo camino, le harían muy difícil explicar, con argumentos legales, su fortuna familiar.

El primero apunta a las causas judiciales que se siguen en el estado de Nevada impulsadas por los fondos de inversión que reclaman el pago de sus bonos. Allí, Lázaro Báez, socio de Cristina Fernández, posee 123 empresas que están bajo la lupa de los jueces y cuyos fondos son de dudoso origen. El segundo frente que la Presidenta calificó de «carancho», estaba dedicado al juez federal Claudio Bonadío, el mismo que ordenó registrar la sede (fantasma) de Hotesur S.A. en Buenos Aires, una de las sociedades hoteleras de la presidenta (también de su hijo Máximo) que, curiosamente, resultó ser un piso vacío que nunca fue ocupado como oficina.

El oficialismo en pleno, atento a que el nombre de su lideresa se podría acercar peligrosamente a algo muy parecido al banquillo, cerró esta semana filas en torno a Cristina Fernández. Como la presidenta hiciera el martes, ministros y leales apuntaron y hasta amenazaron al juez Bonadío.

El ex subsecretario de Tierras y líder piquetero Luis D´Elía, el mismo que asaltó una comisaría y anunció que defendería «en la calle y a los tiros» a Kirchner «si es necesario», pidió en su cuenta de Twitter: «debemos dejar clavada en una pica la cabeza de Bonadío». El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fue más moderno en su denuncia y habló de «golpismo activo del poder judicial». Ante la posibilidad de que la expresión fuera fruto de un exabrupto, Capitanich no dudo en insistir que no se arrepentía de sus palabras: «lo reitero», insistió.

Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria, corriente peronista fundada por el matrimonio Kirchner, y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también participó de la defensa de la presidenta: «El allanamiento (registro de la sede fantasma) fue un acto judicial impertinente. El juez podría haber requerido de otra manera los papeles» en alusión, además, a que Hotesur S.A. no presentó los últimos cuatro años la composición del Consejo de Administración, ni sus balances y tampoco abonó las tasas correspondientes, tal y como exige la Inspección General de Justicia que impuso a la empresa, finalmente, un multa «muy severa» de... 3.000 pesos (unos 280 euros). «Todos sabemos de la honestidad de Cristina. No se le puede hacer daño impunemente y de cualquier manera porque no lo vamos a permitir», proclamó la diputada que se declaró «estalinista» pese a ser advertida de que bajo el régimen de Stalin habían muerto veinte millones de personas.

Fernando Sánchez, diputado de la coalición opositora UNEN consideró que D´Elía es «la representación más cruda y brutal de lo que pretende el kirchnerismo como ideal de Justicia… Es un cruzado en la búsqueda de impunidad del kirchnerismo». Margarita Stolbizer, diputada de GEN y autora de la denuncia de Hotesur S.A. en el juzgado de Claudio Bonadío, insiste en que hay que descubrir «qué hay detrás de la relación entre Lázaro Báez y la presidenta… Los hoteles lujosos y vacíos son una actividad que se utiliza para lavar dinero», asegura.

Alto Calafate, en la provincia de Santa Cruz, es el hotel administrado por Hotesur donde Lázaro Báez tenía reservadas, vacías (salvo excepción) y abonadas 1.100 habitaciones por mes durante años. Un indicio que, para el juez Claudio Bonadío o «carancho», según término de la presidenta, es suficiente para investigar la posible ruta del dinero de la corrupción