Los historiadores, contra la demolición del Monumento a los Caídos planteada por Bildu en Pamplona: «Es una aberración»

El alcalde, que en 2016 ordenó la «clausura del cementerio» existente en la cripta del monumento y la exhumación de los restos de los generales Emilio Mola y José Sanjurjo y del resto de difuntos que aún quedaban en el mausoleo, aseguró que quiere «que el mejor proyecto sea el que decida la ciudadanía». Sin embargo, desde la Plataforma por un Museo para la Ciudad de Pamplona/Iruña, constituida por destacadas personalidades navarras con experiencia en arquitectura, archivística, derecho, ingeniería, historia, literatura y museología, recuerdan que el Monumento a los Caídos es un edificio catalogado por su valor histórico-artístico-urbanístico en el Plan Municipal por lo que, según la legislación, su «permanencia debe quedar asegurada». Añaden también que la donación del edificio al Ayuntamiento por parte del Arzobispado de Pamplona establecía que debía destinarse «a actos o actividades de estricto orden cultural, educativo, exposiciones artísticas, etc».

Los miembros de esta Plataforma, que han solicitado la declaración de Bien de Interés Cultural de los frescos de la cúpula por su categoría artística, recuerdan que en la construcción del edificio participaron cuatro miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (los arquitectos José Yárnoz y Víctor Eusa, el pintor Ramón Stolz y el escultor Juan Adsuara) y apuestan por resignificar el edificio, convirtiéndolo en un Museo de la ciudad de Pamplona. Tal y como señalaron en su primer manifiesto, creen posible «adaptar respetuosamente el edificio y su entorno próximo a los fines museológicos y con ello darle un nuevo sentido como valioso puente cultural que nos permita a los pamploneses, y por extensión a los navarros, reconciliarnos con nuestro pasado, siendo, a nuestro parecer, la Cultura, el mejor medio para lograrlo».

En relación con esta noticia, ABC ha preguntado su opinión a un grupo de historiadores especializados en la Guerra Civil y el régimen franquista. Todos ellos aportan elementos de juicio a un debate que se prevé largo y bronco y que se inició con un «guion iniciado en la legislatura 2015-19», según recordó el primer edil, y que incluyó el cambio de nombre de la plaza de Conde de Rodezno por el de plaza de la Libertad.

En este sentido, Manuel Álvarez Tardío, catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Rey Juan Carlos, lo tiene claro: «Los monumentos reflejan parte de lo que fue el pasado y no deberían ser derribados. El empeño en acabar con todo lo que se asocia a la dictadura franquista es parte de una ofensiva más amplia que nada tiene que ver con defender la democracia pluralista, sino con construir y asentar un relato del pasado que no responde a la verdad».

La opinión en contra de la demolición del Monumento a los Caídos es unánime: la destrucción implicaría el olvido de uno de los momentos más turbios de nuestra historia. «El patrimonio físico, documental, musical, sonoro, cómico..., cualquiera, es el único medio de conocer un pasado del que solo nos quedan los restos que viven en el presente». Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea y académico, responde en voz baja al otro lado del teléfono, le hemos pillado en la biblioteca, investigando: «Si destruimos el legado del franquismo, acabaremos estando nulos de mecanismos para conocer lo que fue. La iconoclasia es una locura. La historia es un catálogo de deplorables actividades, pero debemos conocerlas».

Moradiellos recuerda que el mismo Primo Levi abogó por no arrasar Auschwitz, ya que, de ser así, aquella pesadilla podría replicarse. «Destruir monumentos, igual que quemar libros, es un acto de barbarie», completa el experto. Tardío sigue esta estela. En sus palabras, «hubo una guerra civil entre españoles», y todo lo que recuerde a las generaciones jóvenes que se sucedió «servirá para no repetirla, siempre que no se utilice como arma arrojadiza». Su máxima es que no deberíamos alzar nuevos pilares sobre una «historia mutilada», pues «nuestra democracia actual se consolidó sobre un pacto para no repetir» el conflicto.

Otro tanto cree Fernando del Rey, Premio Nacional de Historia 2020 y autor, junto a Tardío, de 'Fuego cruzado. La primavera de 1936'. «Son muy pertinentes las palabras pronunciadas en 1938 por el que fuera presidente del Gobierno de la República, Juan Negrín: 'El gobernante que, al cesar la contienda, no comprenda que su primer deber es lograr la conciliación y armonía que hagan posible la convivencia ciudadana, ¡maldito sea!'. Por ello, la máxima obligación de todo dirigente 'deberá ser que, sin transcurrir muchos años, en las estelas funerarias de cada pueblo figuren hermanados los nombres de las víctimas de la lucha, como mártires por una causa de la que debe surgir una nueva y grande Patria'». Y parafrasea también a Manuel Azaña: «Paz, piedad y perdón».

Como solución, Tardío aboga por otorgarles un nuevo significado: «Lo mejor sería mantener ese edificio y añadir los elementos gráficos y expositivos necesarios para comprender mínimamente lo que pasó en Navarra, y más concretamente en Pamplona, en 1936 y después». En este sentido, apuesta por incluir además las «referencias necesarias para que ese espacio no sea un lugar de culto de los muertos de un bando, sino un espacio para fortalecer la conciencia histórica que contribuya a una democracia pluralista más sólida». Una idea cercana a la de Moradiellos: «Los monumentos se pueden resignificar, pero jamás destruir».

El académico Octavio Ruiz-Manjón apunta y dispara. Sostiene que «los historiadores nunca están por destruir un monumento, están para explicarlos». Y añade que «derribarlos es propio de talibanes». Tampoco le convence el concepto resignificar. «Es una palabra que emplean los políticos cuando quieren cambiar el significado de una cosa. Les gusta porque tiene cinco sílabas, y, mientras la pronuncian, piensan algo», completa.

Miguel I. Campos también está en contra de derribar los monumentos «tengan la connotación que tengan», pero sí de resignificarlos. Según el doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y autor de 'Armas para la República: contrabando y corrupción, julio de 1936 - mayo de 1937' (Crítica, 2022). «Lógicamente hay que quitar el homenaje a los golpistas, eso es indiscutible, pero no se puede ocultar esa parte de la historia. Habría que contextualizarlos, explicar quienes eran los homenajeados, qué hicieron y la importancia que tuvieron en el golpe de Estado, en la posterior represión de la posguerra o en la dictadura».

«Cualquier monumento forma parte del patrimonio y, como tal, debe ser respetado y conservado. Esta obligación de mantenerlo en pie es compatible con la tarea de eliminar la exaltación que conlleva de un régimen dictatorial, respetando siempre la memoria individual de las personas a las que se dedica el monumento», añade Juan Antonio Ríos Carratalá, que recientemente publicó un ensayo sobre la represión de Franco en la posguerra contra los periodistas, titulado 'Las armas contra las letras' (Renacimiento).

Miguel Plantón, que estudió en la Universidad de Navarra y es autor de 'La represión de la posguerra. Penas de muerte por hechos cometidos durante la Guerra Civil' (Actas, 2023), es más contundente en sus conclusiones: «Los jóvenes navarros participaron ampliamente en la guerra y muchos murieron, razón por la cual se les hizo el monumento. Eso puede gustar o no, pero forma parte de la historia de España. Si lo derribas, lo que tratas de hacer es acabar con esa parte de la historia y vas en contra de la mayoría de la sociedad navarra de la época. Por eso creo que tampoco hay que resignificarlo. Hay que respetar la historia como fue. Decir que eso significa otra cosa es mentira, y frente a la mentira, la verdad; y frente a la memoria, historia».

Los divulgadores son de la misma opinión. El investigador Pedro Corral, estudioso de la Guerra Civil, afirma que la destrucción «de monumentos es una salvajada» que nos aproximaría «a la barbarie de los talibanes con los budas gigantes» de Afganistán. «El patrimonio histórico español, y especialmente el arquitectónico, está protegido por cerca de una veintena de convenios, acuerdos y convenciones internacionales. Desde la Carta de Atenas de 1942 a la última declaración de la Unesco en 2003. Así que, en el caso de que se derribe, se estaría cometiendo un atentado», completa. No aboga por resignificar, ya que «el prefijo 're' implica intensificar algo»; en este caso, su objetivo original. A cambio, apuesta porque la sociedad conozca el porqué se levantó y saque sus conclusiones.

Javier Rubio Donzé, arquitecto y fundador de 'Academia Play' –un canal de YouTube dedicado a la historia con millones de seguidores a sus espaldas– insiste en que sería «una auténtica aberración acabar con este monumento». Y añade que, «si borras las huellas del franquismo, parecería que nunca hubiera existido». Aboga por decodificar el pasado, pero jamás por eliminarlo. «Es normal cambiar el uso de los edificios cuando su finalidad original ha dejado de existir. Si ahora hay nuevas sensibilidades y no se quiere que sea un recuerdo solo a los caídos del bando nacional me parece bien, pero no hay que destruirlo, hay que protegerlo», finaliza.