El Gobierno anuncia que va a «extinguir» la Fundación Francisco Franco

«Si una fundación, espacio o lugar rememora, homenajea o vanagloria a alguien que fue represor, no tiene sentido dentro de la democracia», ha recordado Víctor Torres; y así, lo determina también la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada la legislatura pasada, en octubre de 2022, por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su texto recoge que «concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo», siendo estas «la apología del franquismo que ensalce el golpe de estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Concretamente, la Fundación Francisco Franco se dedica a «difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra» del dictador, además de «difundir y promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977», según reza su portal web.

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La legislación especifica que «corresponderá al Protectorado instar judicialmente la extinción de la fundación» si se incurren en acciones contrarias al interés general, «pudiendo en tal caso el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, con arreglo a los artículos 721 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias».

No ha tardado en reaccionar la Fundación Francisco Franco a las palabras del ministro Víctor Torres. El director de la entidad, el general Juan Chicharro, ha advertido al Gobierno –en declaraciones a Europa Press– que se enfrentarán a una «dura lucha» en los tribunales si acometen cualquier medida que extinga su organización. Algo que entienden como la pretensión de «callarlos» y que han denunciado como una estrategia para «desviar la atención».

Chicharro cree que los planes del Ejecutivo no llegarán a materializarse porque significaría «violentar» el artículo 22 de la Constitución, que reconoce el derecho de asociación, y ha avisado que no podrán hacerlo a través de un real decreto-ley, «que es lo que pretenden», porque el derecho de asociación es un derecho fundamental. El director de la Fundación Francisco Franco ha recordado que ya llevaron a cabo los retoques pertinentes en sus estatutos para acomodarlos a lo que dictamina la Ley de Memoria Democrática.