Checas, represión y matanzas en Paracuellos: el lado más oscuro del comunismo que ha olvidado Correos

La represión es lo primero que obvia Correos. El comunismo no cargó únicamente contra los sublevados. La máxima fue también acabar con el enemigo interior. El ejemplo más claro se sucedió en los albores de la Guerra Civil. Cuenta Cesar Alcaná en su magna 'Las checas del terror' que, por entonces, la delegación rusa de la GPU en Madrid, apoyada por el Partido Comunista español y las autoridades del Frente Popular, determinó que había que asestar el golpe definitivo al POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). El grupo, afecto a la política de Trotski, despertaba recelos en la Unión Soviética y era considerado una rama disidente del comunismo stalinista. De poco les sirvió haber colaborado con el Gobierno durante la sublevación.

Tal y como se recoge en 'El libro negro del comunismo', el secretario de la Komintern ya había dado instrucciones al PCE para que llevara a cabo «una lucha energética contra la secta trotskista contrarrevolucionaria». Y esta comenzó en diciembre de 1936. El día 13, los comunistas apartaron a Andreu Nin –líder del POUM– del Consejo de la Generalitat. El pretexto fue que había calumniado a la URSS. Unas jornadas después, la campaña fue corroborada por el diario ruso 'Pravda': «En Cataluña ha comenzado la eliminación de los trotskistas y anarcosindicalistas. Será llevada a cabo con la misma energía que en la URSS».

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Al poco, se generalizaron falacias como que las milicias del POUM habían abandonado sus posiciones en el frente. La campaña de desprestigio había comenzado, y su principal argumento fue que este grupo era cómplice de Francisco Franco. «Los comunistas tomaron la precaución de infiltrar en sus filas agentes encargados de reunir información y de presentar listas negras con el fin de identificar, llegado el momento, a los militantes detenidos», explican los autores de 'El libro negro del comunismo'. Al final, la GPU obtuvo lo que anhelaba: unas supuestas –y muy discutidas– pruebas de que el POUM y el Mando Nacional habían llegado a un acuerdo político.

No necesitaron más. El POUM fue disuelto y sus dirigentes, encarcelados. Nin fue detenido, trasladado a Alcalá de Henares y, poco después, desapareció en extrañas circunstancias. Jamás se volvió a saber de él. La maniobra soviética contra este partido provocó tensiones en el seno del Frente Popular. 

Un ejemplo fue el manifiesto que el Comité Regional del Centro de las Juventudes Libertarias publicó poco después: «Cientos de trabajadores honrados han sido apaleados y maltratados en las cárceles clandestinas. Cárceles que controla el Partido Comunista. Todo esto lo conoce el pueblo de Madrid, que viene soportando esta ola de terror conjunta con el heroísmo de los frentes. Sin embargo, ha soportado el crimen en silencio, para no perjudicar la marcha de las operaciones».

La represión se materializó también en las temibles 'checas', edificios en los que, de forma clandestina, se sometía a perversos juicios a los enemigos del gobierno para, después, acabar con su vida. El Partido Comunista organizó varios de estos centros de muerte y torturas. El ejemplo más claro fue Castellón, donde una fue denominada, sencillamente, 'Checa del Partido Comunista'. Con todo, personajes como el anarquista Melchor Rodríguez, el llamado ' Ángel Rojo', combatió contra ellas a brazo partido. Este personaje se enfrentó al gobierno republicano y a Santiago Carrillo salvando a miles de prisioneros nacionales. Hoy, ocho décadas después del final de la Guerra Civil, todavía resuenan en los libros su lucha contra las 'sacas', las matanzas indiscriminadas de falangistas. Casi nada.

La locura de Paracuellos es la barbaridad más sonada que se asocia al PCE. Todo comenzó en noviembre de 1936, mes en el que las fuerzas sublevadas pusieron en jaque a la Segunda República al plantarse en las cercanías de Madrid. La amenaza palpable de ver la capital en manos enemigas provocó que Francisco Largo Caballero, cabeza del gobierno, pusiera pies en polvorosa con su ejecutivo en dirección a Valencia y dejara el mando en manos de una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja. Como Consejero de Orden Público fue elegido Santigo Carrillo, responsable de facto de la seguridad de los miles de prisioneros encerrados.

A ambos les surgió entonces una triste disyuntiva: ¿qué diantres hacer con aquellos hombres? Entre las opciones se barajó su traslado para evitar que formaran una Quinta Columna que atacara la ciudad desde el interior. Pero, en lugar de ser llevados a otras prisiones, miles y miles de reos fueron cargados en camiones o autobuses de dos pisos y dirigidos, entre otros tantos lugares, a la vega del Jarama para ser fusilados. Todavía se desconoce el responsable; para unos, la exaltación miliciana, para otros, Carrillo y el PCE. Esta última posibilidad es que la más apoyó el entonces cónsul de Noruega en la capital, Felix Schlayer, en un ensayo sobre las barbaridades.

Expertos como el reconocido hispanista Ian Gibson (autor de 'Paracuellos, cómo fue: la verdad objetiva sobre la matanza') insisten en que las cabezas pensantes de aquel despropósito fueron los asesores soviéticos que aconsejaban a la Segunda República. Entre ellos destacaban personajes como Mijail Kolstov, conocido como el agente personal de Stalin en España. Él, en concreto, defendió la imposibilidad de escoltar a tal gentío hasta un lugar seguro y afirmó que era necesario buscar otras soluciones. Un sujeto, por descontado, asociado al Partido Comunista ruso, como todos los agentes que arribaban desde la Unión Soviética.

Entre las diferentes disyuntivas que quedan por resolver alrededor de las matanzas de Paracuellos se halla el número concreto de víctimas. Antonio de Izaga, testigo de los hechos, fijó el número de fusilados en 8.354. Un dato muy cercano al que ofrece Ramón Salas Larrazábal, con 8.300 fallecidos. Por su parte, autores consolidados como el propio Gibson han confirmado en sus obras que los asesinados rondarían los 2.750. El abanico, en general, es amplio y va desde el millar, hasta los diez mil.

Los fusilamientos sin juicio fueron la tónica general de ambos bandos. El caso más sangrante en el bando republicano fue el de los hermanos Primo de Rivera. Su encarcelamiento durante la Guerra Civil molestó a los sectores más extremistas de la Segunda República. Entre ellos, los del Partido Comunista, cuyas ideas se encontraban en las antípodas de las que esgrimían políticos como Indalecio Prieto. «Las relaciones de Prieto con los comunistas son un poco tirantes, porque se mantiene, con razón, en no dejarse manejar por nadie. […] Dijo varias veces que no estaba dispuesto a seguir las inspiraciones del buró político comunista, ni de ningún otro», escribió Manuel Azaña en sus memorias tras la Guerra Civil.

Bajo la premisa de que los sectores más centristas del Gobierno habían permitido a Primo de Rivera hacer cuanto quisiera durante su encarcelamiento, se dispusieron a tomarse la justicia por su mano. La organización tomó la decisión unilateral de ejecutar a los hermanos Primo de Rivera durante una 'saca'. Una práctica tan triste como habitual que consistía en fusilar a los reos sin juicio previo.

Así lo explica el periodista e investigador José María Zavala en su obra 'Los horrores de la Guerra Civil: testimonios y vivencias de los dos bandos': «Desde el inicio de la contienda, los 'paseos' se industrializaron convirtiéndose en aterradoras 'sacas'. Asesinatos en masa de presos una vez 'sacados', de ahí su nombre, de las cárceles». Tal y como desvela el autor español en la mencionada obra, este método se vio fomentado por la sustitución de los funcionarios por milicianos armados.

Según explican autores como Paul Preston o como el mismo Thomàs, la responsabilidad de poner en marcha el plan la asumió el Comité de Orden Público de Alicante a propuesta del Partido Comunista. En principio, este organismo estableció que la ejecución se llevaría a cabo durante un traslado hacia la cárcel de Cartagena. Uno más falso que una peseta de madera, vaya. El verdugo sería un tal Vicente Alcalde, miembro del PCE, acompañado de un pequeño grupo de acólitos. La operación, como cabía esperar, fue aprobada durante una votación clandestina. «El acuerdo había tenido el voto en contra de los representantes de Unión Republicana y de Izquierda Republicana», añade el hispanista en su texto.

Todo estaba en marcha. Hasta un punto tal, que los hermanos fueron avisados en agosto de su traslado hacia la cárcel de Cartagena. Sin embargo, algunos republicanos que se enteraron de la votación movieron ficha y avisaron a los líderes más centristas. Entre aquellos que recibieron la noticia se hallaron José Giral Pereira –presidente del Consejo de Ministros– o el mismo Indalecio Prieto. Ambos, contrarios a las políticas extremistas del Partido Comunista. Los dos intentaron que se detuviera aquella locura y que se cancelara la 'saca'.

Sin embargo, el único que logró detener el plan fue Manuel Azaña, como bien explicó en sus memorias: «Los recuerdos se enredan como cerezas. Haré punto con el siguiente. Cuando Ossorio supo, porque yo se lo conté, mi intervención personal para librar a Primo de Rivera del asesinato que iban a perpetrar algunos fanáticos de Alicante, se quedó callado. '¡Cómo! ¿Le parece que he hecho mal? ¿Me he excedido?'. 'No sé, no sé…'. '¿Resultará que ha sido una pifia?'. '¿Por qué no…?'». Azaña se basaba, por un lado, en que Primo de Rivera sería utilizado como un mártir por el bando sublevado si caía en un fusilamiento sin juicio previo. Y no le faltaba razón. Con todo, en sus escritos tras la Guerra Civil esgrimió también que era contrario a las 'sacas'.

La misma Ibárruri que es ensalzada por Correos se deshizo en improperios contra Polonia, y en alabanzas hacia la URSS, en el primer número del semanario 'España Popular', editado el 18 de febrero de 1940 en México. Un periódico que Pablo Jesús Carrión (autor del dossier 'La delegación del PCE en México, 1939-1956') define como «una publicación periódica» que los «militantes de base» del Partido Comunista de España elaboraban al otro lado del charco y que hacía las veces de medio de difusión de las ideas oficiales de su organización. El artículo de Pasionaria, que contó con una llamada en la misma portada, fue extenso e incluyó afirmaciones tales como que «los trabajadores de todos los países han saludado con entusiasmo la acción libertadora del Ejército Rojo sobre el territorio del antiguo Estado de los terratenientes polacos».

En un apartado titulado «El miedo a la revolución», afirmaba que «los ardientes 'pacifistas' y los partidarios de la política de 'no intervención'» sí habían abandonado las premisas esgrimidas poco antes para, fusiles mediante, ayudar a los polacos. «Los portavoces socialdemócratas del imperialismo inglés y francés repiten cada día que hacen la guerra para 'restaurar la Polonia', en nombre de la democracia y 'del derecho de los pueblos'», escribió. Lo más sangrante, según sus palabras, es que, en contra de lo que sucedía en la Segunda República, en este país «millones de ukranianos, bielorrusos y judíos ni siquiera tenían el derecho de hablar libremente su idioma, y vivían en condiciones de parias».

«Ellos defienden un régimen que destrozaba la cultura de pueblos enteros, y abandonaban a los defensores de la cultura del pueblo español. Los hombres de la socialdemocracia, al servicio del gran capital, se atreven a llamar democrático al Estado polaco, el que fue cárcel de pueblos, donde el obrero no tenía derecho a organizarse libremente, donde el proletariado polaco llevaba la misma existencia de esclavos que el resto de los pueblos oprimidos. Ellos se declaraban solidarios con los gobernantes de la Polonia reaccionaria, desaparecida sin honor y sin gloria, porque los terratenientes polacos, los coroneles venales y que formaban su gobierno y que no representaban la voluntad del pueblo polaco -que no tenía ni voz ni voto para decidir sus destinos-, representaban, sin embargo, los intereses de los banqueros y grandes capitalistas de Londres y París».

Pasionaria esgrimía también que Francia y Gran Bretaña solo habían acudido en ayuda de Polonia porque el país hacía las veces de «cordón sanitario» frente a la Unión Soviética y, llegado el momento, también de lanzadera para atacar el «país del socialismo». No solo eso, sino que argumentaba que los Aliados habían creado la zona de forma artificial en el Tratado de Versalles con este objetivo y que la habían dejado en manos de «terratenientes y coroneles».

En el artículo también achacaba a Polonia la creación de centros de reclusión. «¡La Polonia de ayer, cárcel de pueblos, República de campos de concentración, de gobernantes traidores a su pueblo, que estaba constituida a la imagen de la democracia de los Blum y Citrine!», escribía. No tenía constancia, parece ser, de los gulags que Stalin había establecido y se olvidaba de la hambruna provocada por el gobierno soviético que había acabado, entre 1932 y 1933, con millones de muertos en Ucrania . «La socialdemocracia llora sobre la pérdida de Polonia, porque el imperialismo ha perdido un punto de apoyo contra la Unión Soviética, contra la patria del proletariado. Llora por la pérdida de Polonia, porque los ukranianos, bielorrusos, trece millones de seres humanos, han conquistado su libertad. Como durante la guerra de España, ellos se encuentran hoy al lado de los enemigos de la Humanidad», completaba.

Pasionaria acababa esta parte del artículo con dos frases lapidarias: «Ningún obrero consciente podrá tomar voluntariamente las armas en defensa de la Polonia reaccionaria. Los trabajadores de todos los países han saludado con entusiasmo la acción libertadora del Ejercito Rojo sobre el territorio del antiguo Estado de los terratenientes polacos».