¿Quién decidió la expulsión de los moriscos, los refugiados del siglo XVII?

La expulsión de los cerca de 300.000 moriscos que habitaban en la Península Ibérica fue un duro golpe para muchas regiones españolas. Tal día como hoy de 1609 Felipe III firmó el decreto final

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En tiempos de Felipe II, el Papa definió Granada como «la diócesis menos cristiana de toda la Cristiandad». La numerosa población musulmana y su negativa a bautizarse de forma sincera devino en la Guerra de las Alpujarras. La victoria cristiana, en 1571, trajo consigo la deportación general de los 80.000 moriscos granadinos hacia otros lugares de la Corona de Castilla, especialmente hacía Andalucía Occidental y las dos Castillas. La deportación solo era el principio de una tragedia todavía mayor.

Muchos consejeros instaron a Felipe II a expulsarlos de todos los rincones de la península, pero los riesgos de causar una nueva insurrección armada hicieron desistir al Rey. La población morisca se dispersó por España, donde ya se encontraban establecidos muchos núcleos que habían migrado previamente. Según varios análisis del ADN de la población actual de España, hay ausencia casi total de cromosomas típicamente africanos en Andalucía Oriental, pero una fuerte presencia de estos elementos (hasta 20%) en Galicia, León y Extremadura. Pero dispersar los moriscos no iba a acabar con los problemas sociales y religiosos que su presencia generaba a ojos de los monarcas.

En materia internacional, el reinado de Felipe III es recordado por los procesos de paz que cerró con Inglaterra, Francia y Holanda, lo cual dio aire al exhausto Imperio español. De fronteras para dentro, la expulsión general de los moriscos fue su medida más célebre y arriesgada. A poco tiempo de acceder al trono en 1598, el Rey realizó un viaje a Valencia acompañado de su valido, Francisco Gómez de Sandoval, el Duque de Lerma, defensor de mantener la situación cómo estaba. Felipe III y su esposa pudieron observar de primera mano que la abundante población morisca de esta región funcionaba como un núcleo aislado.

La oposición de Lerma, que mantenía sustanciosos negocios con comerciantes moriscos, cedió cuando el Rey prometió compensaciones económicas para los nobles que pudieran verse afectados por una eventual deportación masiva. El duque pasó así de ser el máximo defensor de esta minoría social, a ser el impulsor del plan de expulsión. En cualquier caso, parece que la decisión corrió directamente a cargo de Felipe III. Al Monarca le atormentaba periódicamente un fuerte sentimiento de culpa por no haber cumplido con las expectativas de su padre, que a decir verdad eran pocas. Solo culpa y el fervor religioso pudieron llevarle a tomar una decisión así.

La Reina Margarita también era partidaria de la expulsión, puesto que consideraba a esta población una amenaza posible contra la Corona. Según los informes que manejaban los ministros del Rey, los moriscos de la región aragonesas habían contactado con el Rey de Francia, Enrique IV, para llevar a cabo una sublevación general con apoyo de barcos franceses. Nacida fuera de España, Margarita de Austria no comprendía que un país que presumía de ser el más católico de Europa permitiera a los moriscos practicar su religión con discreción. Ella presionó para que fueran expulsados. No obstante, dada la escasa influencia de Margarita en su marido, casi es más probable que Lerma creyera que capitaneando la propuesta podría mejorar su mala relación con la Reina.

Un drama humano y económico

Tras un año de preparación, los primeros moriscos expulsados fueron los del Reino de Valencia (el decreto se hizo público el 22 de septiembe de 1609), a los que siguieron los de Andalucía (10 de enero de 1610), Extremadura y las dos Castillas (10 de julio de 1610), en la Corona de Castilla, y los de la Corona de Aragón (29 de mayo de 1610). La expulsión de los cerca de 300.000 moriscos que habitaban en la Península Ibérica fue un duro golpe para muchas regiones españolas. 

La expulsión de un 4% de la población perteneciente a la masa trabajadora, pues no constituían nobles, hidalgos, ni soldados, supuso una merma en la recaudación de impuestos, y para las zonas más afectadas (se estima que en el momento de la expulsión un 33% de los habitantes del Reino de Valencia eran moriscos) tuvo unos efectos despobladores que se dejaron sentir durante todo el siglo.