Escándalo e inmunidad de los ministros de Isabel II: los orígenes de la corrupción política en España

De estos lodos, aquellos polvos. En su obra de investigación, que se lee como una novela apasionante, el nonagenario Nieto García analiza ocho procesos contra ministros isabelinos tan conocidos como Javier de Burgos , el marqués de Salamanca o Salustiano Olózaga, a los que se les acusó de delitos tan sonoros como «alta traición», «graves y notorios perjuicios del Estado» o «distracción de caudales públicos». No en vano, lo que pretendía ser la bandera de una nueva forma de hacer política quedó pronto desnaturalizada y convertida en un arma arrojadiza entre facciones políticas liberales .

Un instrumento totalmente ineficaz que se plegó al «hoy por mí, mañana por tí» para que todos los mangantes se fueran de rositas . «Al final, detrás de buenas intenciones había una inmunidad tremenda», apunta el autor sobre un fracaso institucional «sin paliativos» y con enormes paralelismos con ciertas prácticas actuales.

–En el sistema de rendición de cuentas pasaba por un proceso fuera de los juzgados habituales, era un juicio político tramitado por el Congreso y el Senado. ¿Esto le restaba eficacia?

–Es una responsabilidad totalmente distinta de la civil o de la criminal y no se les exigió que rindieran cuentas a través de jueces, que se presuponía que no iban a tener coraje ni fuerza para atreverse a meterse con un ministro. Y ciertamente no lo hubieran hecho. El juicio y la condena corrían a cargo de los propios diputados. La investigación de la irregularidad en cuestión la hacía la Cámara baja y la sentencia era dictada por la Cámara Alta. Esto hacía que los encargados de investigar y condenar a los ministros fueran sus compañeros, que pensaban que, «si condenamos a este ministro, mañana nos puede pasar a nosotros». La explicación de por qué fracasó el sistema es porque se dicen entre ellos «hoy por tí, mañana por mí». Si eran generosos con el sinvergüenza de hoy, los compañeros serían generosos si luego ellos eran los sinvergüenzas de mañana.

–¿A qué tipo de penas se enfrentaban los ministros acusados?

–Eso se discutió mucho y se admitió incluso la pena de muerte. La más básica era la inhabilitación, luego la posibilidad de multas, la prisión e incluso la pena de muerte... Meterle en una prisión, en un castillo militar, sí fue algo aceptado y habitual, tanto como la inhabilitación o el destierro.

–De los casos que usted ha estudiado, ¿cuáles son las penas mayores que se llegaron a aplicar?

–Ninguna. Solo se condenó a uno, al primero, a una inhabilitación y destierro, pero fue un poco por equivocación. El truco más común para que los ministros escurrieran la responsabilidad era condenar a algún director general bajo la excusa de que «ha sido él quien, a espaldas mías y sin enterarme, ha robado». No obstante, incluso contra cargos secundarios la persecución no era muy en serio. Me explico. En el caso más escandaloso, en el que desapareció una enorme cantidad de dinero destinada a hacer una carretera, se recurrió en primera instancia al ministro para saber qué había ocurrido amanazándole con pena de destierro e inhabilitación. Sin embargo, el ministro acusó a su director general. ¡Pobre director general! Pero tampoco él asumió la responsabilidad, pues, y aquí viene lo curioso, antes de dictar sentencia fue enviado al extranjero con una beca vitalicia para que viviera tranquilamente en Inglaterra. No solo no devolvió el dinero, ni pagó la multa, sino que encima vivió en el extranjero con un sueldo público espléndido.

–A pesar de las buenas intenciones, ¿casi era más peligroso ser ministro en tiempos de Fernando VII que con los liberales?

–¡Hombre, claro! Si Fernando VII exigía responsabilidad, podía cortar la cabeza sin más. En el Antiguo Régimen se ahorcó y cortó la cabeza a varios ministros y validos, como Rodrigo Calderón o Álvaro de Luna, pero, en cambio, con el régimen constitucional liberal hubo mucho proceso, mucho cuento y al final nada. Fuegos artificiales.

–A Salustiano Olózaga, preceptor progresista de la Reina Isabel, se le llegó a acusar de forzar a la joven a firmar un decreto, pero todo quedó en nada.

–Sí, lo he estudiado con detenimiento y en el libro voy contando paso a paso por qué la acusación es inverosímil. Después de haber firmado supuestamente de manera forzosa el decreto, la Reina se quedó junto a Olózaga, le acompañó hasta la puerta y le regaló unos caramelos para su hija. Posteriormente, Isabel, que era una jovencilla, se quedó con sus amigas jugando. ¿Cómo va a comportarse así una persona forzada? Durante el proceso contra ella, se pensó en confrontar el testimonio de Olózaga con el de la Reina, pero claro los enemigos del político liberal se dieron cuenta de que la Reina no iba a poder resistir el careo y seguir mintiendo. Por eso dejaron escapar tranquilamente a Olózaga con dirección a Portugal. Así se evitó la enorme vergüenza de que la Reina tuviera que confesar que había mentido. Luego, se dejó pasar un tiempo y le nombraron embajador vitalicio en París. Una salida mucho más sencilla y menos escandalosa que la absolución. La condena era peligrosa porque el condenado puede hablar.

–Otro caso concreto y muy escandaloso es el del Marqués de Salamanca, que en el imaginario popular se le tiene como un hombre involucrado en un sinfín de corruptelas. ¿También sus irregularidades quedaron sin castigo?

–Hizo tropelías en negocios inmobiliarios, véase el estupendo barrio de Salamanca, y sobre todo en negocios de ferrocarriles. Ahí fue donde metió mano bien metida en complicidad con el primer ministro, que también fue procesado. Sin embargo, cuando Salamanca iba camino de ser condenado por el siguiente gobierno, que tampoco tenía las manos limpias, este prefirió tapar el asunto y llevarlo al olvido. Era una forma de asegurarse que tampoco fueran a ir contra ellos. Y así era como funcionaba el sistema. Hoy por tí, mañana por mí, que es una lección que se puede aplicar hoy.

–El caso de Javier de Burgos, conocido por el mapa provincial que aún da forma a España, es otro de los que usted estudia en su libro.

–Javier de Burgos estaba gestionando en París un empréstito para pagar al Gobierno de España, pero el dinero nunca llegó entero. Si el empréstito era de 100 millones, puede que llegara solo el 70. ¿Y donde quedaron los 30 restantes? Javier de Burgos dijo que él no había sido y para defenderse extendió la responsabilidad a otros. Total, que durante el proceso contra él estaba programado que daría testimonio en la última sesión. De Burgos preparó un discurso aterrador en el que iba a tirar de la manta y explicaba a dónde había ido a parar lo que estaba desaparecido. El presidente de la Cámara no le dejó hablar ni defenderse. No obstante, de momento el asunto se olvidó en España para que no salieran más nombres y Javier de Burgos incluso terminó siendo ministro. Cuando años después se marchó a Francia, se llevó el cuadernito con las explicaciones y lo publicó.

–¿Cómo fueron evolucionando estos procesos de rendición de cuentas en la Primera República y luego en la Restauración?

–Va mejorando lo referido a la responsabilidad civil y penal, pero esta otra responsabilidad personal se olvidó casi por completo. Hoy en día, cuando un ministro hace alguna gorda, sencillamente en el peor de los casos se le cesa. No se va detrás de él. En ese sentido, hemos evolucionado hacia la inmunidad política. Aquí la clase política se cuida mucho a sí misma.

–¿Esto es algo anómalo en el caso español respecto a otros países de alrededor?

–Sí, en los demás se puede exigir responsabilidad personal. Hay una serie de causas históricas para explicar esta anomalía relacionadas precisamente con el siglo XIX. Había unanimidad en decir que el secreto del régimen democrático parlamentario era la responsabilidad, un avance, algo mejor que el absolutismo, pero a la hora de la verdad nadie quiso clavarse el cuchillo a sí mismo.

–A la hora de la verdad, ¿se tiraba de picaresca?

–Y tanto. Pero con una diferencia: es una picaresca que, como se hace en el Congreso y en el Senado, está palabra por palabra todo lo que se dijo. No he tenido más trabajo que irme leyendo todas las sesiones. He leído cosas terribles, como cuando en el caso de la construcción de carreteras llamaron al Congreso como testigo a un mendigo vestido de harapos, al que le interrogaron sobre la oferta que recibió del director general para que firmara y fuera el único condenado efectivo: «Pues mire, vino un señor muy elegante y me dijo '¿Está usted dispuesto a firmar un papel diciendo que ha recibido 50 millones o lo que fuera?' Yo le dije que cómo iba a firmar eso. 'Usted lo va a firmar a cambio de 50 pesetas', me dijo, y yo firmé». Y claro, toda España pendiente de los carros de piedra y del testimonio de un mendigo en el Congreso…