Nuevas informaciones sobre el juicio contra Luis Lorenzo tras la muerte de su tía

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda transformar las diligencias abiertas contra el actor, Arancha Palomino y la cuidadora de María Isabel en un procedimiento abreviado, lo que supone la finalización de la investigación abierta inicialmente por un delito de homicidio.

La justicia investiga al actor y a su exmujer desde mayo de 2022 por ser los presuntos autores de la muerte de la anciana, cuyo primera autopsia concluyó la presencia de niveles de cadmio y manganeso por encima de lo normal. Sin embargo, el último informe forense descartó que se pudiera asegurar que muriera envenenada.

En plena instrucción, la jueza imputó a la cuidadora de la anciana tras escuchar el relato de varios testigos y practicar diversas diligencias. En un auto del pasado diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la cuidadora.

La pareja fue detenida a raíz de una denuncia del hermano de la víctima por no poder comunicarse con María Isabel desde que fue trasladada a Madrid por la pareja. Tras morir, les culpó del asesinato de la anciana para hacerse con su herencia esgrimiendo que cuando estaba en Asturias no tenía ninguna patología salvo una sordera y cataratas. Sin embargo, el auto de la jueza no especifica el delito por el que deben ser juzgados, ya que se descarta que sea por homicidio o asesinato.

Antes de que se cerrara la investigación, el abogado de los investigados solicitó a la magistrada la devolución de parte del dinero intervenido en uno de los registros de la vivienda. Lo reclamó con la finalidad de que pudiera hacer frente a gastos fundamentales para el sostenimiento de la familia.

En el auto de conclusión de la investigación, la jueza expone que existen de indicios racionales de criminalidad que permiten imputar a Luis Lorenzo, a Arancha Palomino y a una cuidadora diversos hechos punibles.

El relato arranca el 8 de marzo de 2022 cuando el matrimonio se desplazó a Grado con el objetivo de recoger de su domicilio a la tía materna de Arancha con la idea de que se instalara definitivamente en Madrid.

Según la jueza, María Isabel, de 85 años, «gozaba de autonomía para vivir sola y realizar pequeños viajes en tren a Madrid, sin necesidad de asistencia». Además de una importante sordera y cataratas, se le detectó un episodio de demencia el 4 septiembre por los servicios sanitarios madrileños.

Llama la atención de la jueza que durante doce años, la mujer acudiera catorce veces a consultas médicas de Asturias por diversas causas, mientras que en los cuatro meses que estuvo en Madrid hasta su muerte lo hiciera catorce veces por «razón del deterioro impresionado».

Desde su llegada a Madrid hasta el día de su fallecimiento (28 de junio del 2021), el matrimonio, «actuando de común acuerdo y con ánimo de lucro, mantuvo a María Isabel en su domicilio de Rivas Vaciamadrid, aislada e incomunicada de todos sus familiares, con la intención de facilitarse el control económico de su patrimonio».

Aprovechando su deterioro, «el matrimonio dispuso del dinero de la cuenta corriente de ésta, simulando un uso en favor de la enferma, cuando en realidad se destinaba a servicios personales». Es más, «la pareja incumplió conscientemente con los deberes más básicos que suponen el cuidado de una persona mayor (alimentación, higiene, vestido y espacio adaptado)».

Giraron visitas a diversas notarías en poco tiempo, «con el objetivo de aumentar el poder de disposición de sus cuentas». Según el relato, Lorenzo y su exmujer acudieron al notario para que la anciana cambiara el testamento y la incluyera como heredera, lo cual ocurrió.

Posteriormente, obtuvieron un poder especial limitado para disponer del dinero, condicionado a los cuidados de la anciana. Poco después, Luis Lorenzo, contactó con su asesor para informarse de cómo desheredar a los hermanos de María Isabel.

Sin embargo, dichas gestiones no resultaron fructuosas puesto que el notario último al que acudieron concluyó falta de capacidad de la otorgante, ya que ésta apenas se podía expresar. Ese mismo día, la mujer sufrió un ictus.

Tras el fallecimiento de María Isabel, cuya causa exacta no se pudo determinar, «el matrimonio continuó disponiendo del dinero contenido en su cuenta, constando transferencias de elevado importe para fines ajenos a los intereses de la finada».

Antes del fallecimiento, se contrató a una cuidadora, que contaba con antecedentes penales. Aunque en un primer momento detectó que el matrimonio incumplía con los deberes más básicos decidió «continuar trabajando con la pareja».