Zaplana recurre su condena al Supremo y alega «engaños y pruebas prefabricadas»

«La única condena que importaba era la del señor Eduardo Zaplana». Este es el 'leitmotiv' de la argumentación que se desprende del recurso que ha interpuesto el letrado de Zaplana, Daniel Campos, ante el Supremo contra la sentencia de la Audiencia de Valencia, de octubre de 2024, que condenaba a su representado a penas que suman 10 años y cinco meses de prisión por recibir comisiones por la adjudicación entre 1997 y 2003 de estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana y canalizarlas a través de una compleja estructura societaria tanto en España como en países como Panamá o Luxemburgo y con cuentas en Andorra.

A Zaplana, que ha defendido su inocencia a lo largo de todo el procedimiento, se le condenó por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales y, junto a la pena de cárcel, se le impusieron multas que en total superaban los 25 millones de euros.

El expresidente ha recurrido su condena al Supremo -en un recurso avanzado por Europa Press- y pide su absolución, principalmente, porque la causa tiene origen en un «engaño»: la obtención de los documentos conocidos como 'hoja de ruta' que se intervinieron en el despacho del abogado del conocido como 'yonki del dinero', el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, en el marco de otro procedimiento judicial.

«Es imposible negar que la mal llamada 'hoja de ruta' no solo ha servido para justificar el inicio de la presente instrucción, sino que además ha servido de amalgama para intentar cohesionar las distintas afirmaciones y deducciones policiales sobre las cuales se articuló, desde el inicio de la causa, una verdad meramente aparente y formal que carece, no solo del más mínimo sustento probatorio sino, incluso, de la más mínima lógica», argumenta.

El hallazgo de estos papeles, señala el recurso, se produjo durante la entrada y registro al despacho de abogados sin una resolución judicial que lo amparase. Además, una vez obtenidos los documentos, los agentes de la UCO «realizaron al margen del más mínimo control judicial una investigación paralela y prospectiva de casi cinco meses durante la que llegaron a acceder a protocolos notariales», se denuncia. El abogado considera así que esta prueba es nula de pleno derecho. A este respecto, la Audiencia indicó en la sentencia que los documentos tenían el valor de denuncia anónima pero nula relevancia en el fallo.

Estos papeles, guardados en el despacho del abogado, venían, según declaró en el juicio un empresario sirio residente en la ciudad, del que había sido piso de Zaplana en Valencia y que él había alquilado. Esto es considerado por la defensa como «rocambolesco» puesto que, además, los documentos estaban marcados con fechas posteriores a la venta y desalojo de la vivienda del expresidente, mantiene. «El caso era buscar una conexión, aunque fuera disparatada, de dichos documentos Zaplana para poder iniciar una investigación contra él», se expone.

El citado empresario encontró los papeles al lado de una caja fuerte y se los entregó a Benavent, a quien conocía porque era responsable de la comunidad árabe y acudía a actos del Ayuntamiento y la Generalitat en los que coincidía con el 'yonki del dinero'. Este le contradijo en el juicio y aseguró que ambos se inventaron la ubicación y la trama en torno al hallazgo de los documentos.

Respecto al supuesto amaño de las adjudicaciones de las ITV, el abogado expone en el recurso que los documentos que obran en el expediente contradicen varias afirmaciones que se realizan en la sentencia, particularmente en relación al papel de la Mesa de Contratación, al valor dado a los criterios objetivos y en la supuesta realización de varios trámites complejos en un solo día.

Apunta que se trata de dos resoluciones que no fueron dictadas por Zaplana sino por otras personas que declararon no haber recibido ninguna presión, sugerencia o indicación de Zaplana para influir en las adjudicaciones. Además, expone que el procedimiento no se realizó todo en un día; que la Mesa asignó los puntos de valoración y que todos los miembros de la mesa declararon no haber recibido ninguna instrucción o directriz.

Y, en esta línea, niega que exista una dádiva a Zaplana como conexión casual con las adjudicaciones de las ITV. Con todo, sobre este asunto, se resalta: «La adjudicación era ajena a las funciones de Eduardo Zaplana como presidente de la Comunidad Valenciana, no estaban dentro de sus competencias ni interfirió, presionó o dio instrucción alguna a las autoridades o funcionarios que sí tenían dichas competencias y funciones».

En paralelo, la defensa del expresidente afirma en el recurso que a falta de pruebas, la condena se apoya en «declaraciones pactadas de forma clandestina» por la Fiscalía con otros acusados «para que estos incriminasen a Zaplana a cambio de absolución o rebaja de pena».

Por ello, cita al empresario uruguayo Fernando Belhot, quien testificó contra Zaplana y aseguró que gestionó en el extranjero los fondos de origen ilícito del expresidente. «Se convirtió en la única prueba de cargo directa», se explica. «Su declaración en calidad de testigo, a pesar de sus contradicciones, afirmaciones ilógicas, reticencias e inexactitudes, ha sido indebidamente valorada por la Sala sentenciadora para condenar a mi representado por el delito de blanqueo de capitales, exactamente el delito que se imputaba a Belhot hasta la firma del acuerdo con el fiscal», lamenta.

El letrado lamenta que se otorgue al testimonio de Belhot una credibilidad superior «a la que debiera». «Hemos de expresar que el sometimiento de mi representado a un proceso en el cual la principal prueba incriminatoria se habría obtenido a través de un medio que en nuestro Derecho sería ilícito, por derivar de un acuerdo que garantiza la impunidad a un presunto partícipe, vulneraría el contenido esencial del derecho a un proceso público con todas las garantías y sin indefensión», advierte.

También desgrana que otros acusados en el procedimiento como Joaquín Barceló, Juan Francisco García y sus cónyuges tuvieron un «trato privilegiado» a cambio de declarar contra Zaplana en el juicio. Esto ha generado «indefensión» al exministro, tal y como se expone.

Por otra parte, el recurso subraya que la sentencia de la Audiencia absuelve a quien también fuera expresidente de la Generalitat y exconseller José Luis Olivas y al propio Zaplana de hechos relacionados con el Plan Eólico con argumentos que «son aplicables de forma idéntica a la adjudicación de las ITV».

Con todo, lamentan que la sentencia de la Audiencia condene a Zaplana por resoluciones dictadas por otros -la prevaricación-; por un supuesto ofrecimiento de dádiva hecho después de la adjudicación; y (blanqueo) por operaciones «que tienen acreditado el origen del dinero». El abogado concluye el recurso pidiendo, ante la gravedad de la condena, su trascendencia social y la extensión de la sentencia, celebrar una vista para explicar los motivos expuestos y lograr la absolución.