Los vetos cruzados de los socios 'salvan' a Sánchez de cumplir sus compromisos

Los vetos cruzados entre los socios dan carpetazo –parlamentario– a cuestiones tan delicadas para los socialistas como la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña, la financiación singular también para Cataluña, la reducción de la jornada laboral o, incluso, la última medida estrella: el embargo de armas a Israel. El Gobierno se compromete a cuestiones que tensionan a sus bases y ponen al límite la ideología socialista con la garantía de que no acabarán por prosperar, porque no existe una mayoría suficiente en el Congreso para que salgan adelante. «Nosotros llegamos hasta donde podemos llegar», se excusan en el Ejecutivo, donde no genera ninguna frustración que estos asuntos decaigan. La última derrota se produjo a cuenta de la reducción de la jornada laboral. El debate interno en el seno del Consejo de Ministros, donde el titular de Economía, Carlos Cuerpo, pedía más tiempo para negociar, se saldó con una victoria pírrica de Yolanda Díaz, a quien se dejó autonomía en la negociación, conscientes -en Moncloa- de que se estrellarían con el muro de Junts.

Noticia Relacionada

Podemos provocará una nueva derrota de Sánchez con su 'no' a transferir las competencias de inmigración a Cataluña

Juan Casillas Bayo

La norma para delegar competencias de inmigración a la Generalitat se debatirá el próximo martes, pero, salvo sorpresa mayúscula, decaerá

De un fracaso a otro. La derrota que se anticipa la próxima semana a proposición de ley para la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña. La cesión se negoció con Junts, en un clima marcado por la pugna ideológica con Alianza Catalana del que el PSOE admitió ser cómplice. El texto identificaba a la inmigración como «un problema» o «un riesgo para la convivencia y la cohesión social» y Carles Puigdemont llegó a señalar que «sin integración no hay nación». Podemos la rechazará por «racista» uniendo sus votos a los de PP, Vox y UPN. Despejado este balón no habrá que poner en marcha el refuerzo para un despliegue de los Mossos en los puertos y aeropuertos en los que tendrían que asumir funciones de seguridad en cooperación con Guardia Civil y Policía Nacional.

A esto hay que añadir proyectos futuros sobre los que se está trabajando con mayor o menor ahínco. La financiación singular para Cataluña, que el Ejecutivo se resiste a diseñar, porque ya ha generado una amplia contestación interna dentro del PSOE y de territorios como Asturias o Castilla-La Mancha tampoco tiene asegurada la viabilidad parlamentaria, en caso de que superase el aval del Tribunal Constitucional. Ni Compromís, ni BNG, ni Chunta están dispuestos a garantizar un trato preferente a Cataluña si no hay un efecto espejo para sus comunidades.

También se anticipan complicaciones en lo que respecta al embargo de armas. A las dificultades manifiestas que está teniendo el Gobierno para alumbrar la norma, se sumará –una vez aprobada en el Consejo de Ministros– el reto de ahormar una mayoría suficiente en el Congreso. Tal como publicara este diario, Junts no está por la labor de apoyarlo y hay socios que ya se malician que la fórmula escogida por el Gobierno, el real decreto ley, busca precisamente ese veto. «A lo mejor es porque así Junts lo va a tumbar y van a poder contar que lo han intentado pero que no fue posible», aseguran desde Podemos, donde lo califican de «embargo fantasma».