El TSJC designa a los tres nuevos jueces de la comisión de la ILP para la secesión

En la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente, celebrada hoy, se ha dado el recibido a la comunicación del TSJC anunciando al Parlament los nombres de los tres nuevos magistrados: Félix Azón, Eduardo Rodríguez y Nuria Bassols, que sustituyen a los que renunciaron a formar parte de la comisión, a mediados de marzo, y que tiene como función la de ejercer de junta electoral para la recogida de firmas de la ILP que solicita a los diputados autonómicos que activen el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y, por lo tanto, declaren la secesión de Cataluña.

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Después de que la Mesa del Parlament (en contra de los Servicios jurídicos de la Cámara catalana) diera trámite a la ILP que, todo apunta, no se ajusta a la legalidad, ya que un parlamento regional no puede declarar la secesión de una parte del territorio español, el Gobierno de Pedro Sánchez acudió al Constitucional para que paralizase la tramitación, a la espera de que el Alto Tribunal dictamine si se ajusta a derecho una petición como la que presenta Solidaritat Catalana per la Independència, partido que registró la ILP.

El TSJC, además de nombrar a los magistrados Azón, Rodríguez y Bassols (esta última formó parte del Ejecutivo de Artur Mas y se ha mostrado partidaria de no aplicar la orden del Tribunal Supremo en materia lingüística en las escuelas de Cataluña) como miembros de la comisión, ha designado a sus suplentes: Francisco Javier Sanz, Javier Aguayo y José Alberto Magariños. Según la disposición transitoria de la Ley 1/2006, de la Iniciativa Legislativa Popular, el presidente de la comisión de control lo eligen los tres magistrados designados y entre ellos.

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Además de los tres magistrados, la comisión también la forman tres catedráticos de derecho constitucional o ciencia política y tres juristas, todos a propuesta de los grupos parlamentarios. Están nombrados: Jordi Capo i Giol, Eva Anduiza Perea, Albert Noguera i Fernández, Alícia Ramos Jordan, Daniel Fernández Cañueto y Eusebi Campdepadrós i Pucurull. Este último fue diputado autonómico de Junts, miembro de la Mesa con Roger Torrent como presidente y encausado –y absuelto– por desobediencia.

La ILP en cuestión, registrada (el 2 de febrero) e impugnada propone que el pleno del Parlament vote a favor de una ley que declare la independencia de Cataluña. El texto presentado es el mismo que Solidaritat Catalana, que ahora lidera la iniciativa, trató de aprobar en la Cámara regional en 2011 (cuando tenía representación institucional: cuatro diputados) pero, entonces, fue rechazado por la mayoría del pleno.

El presidente de Solidaritat, David Folch, en enero, en la presentación de la ILP señaló que la iniciativa responde a «una idea general» basada en una «obviedad», especialmente después del referéndum ilegal de 2017, y es que «Cataluña es una nación ocupada militarmente, judicialmente, policialmente, mediáticamente y culturalmente». Y en la iniciativa se recoge que «la decisión de declarar la independencia le corresponde al pueblo de Cataluña como titular de la soberanía nacional, y al Parlamento de Cataluña como representante suyo democráticamente elegido».

El trámite de la ILP está paralizado por la impugnación del Gobierno ante el Constitucional, que aceptó la petición del Ejecutivo de suspender la tramitación a la espera de que el Alto Tribunal se pronuncie al respecto. En caso de levantarse la prohibición, los impulsores de la ILP tendrán que recabar 50.000 firmas para forzar al pleno a una votación. La normativa incluye que es el Parlament quien corre con los gastos de la recogida de firmas. En total, hasta 40.000 euros.