Renuncian los tres magistrados encargados de validar la iniciativa para declarar la independencia
La Mesa del Parlamento de Cataluña insta al TSJC a que designe a los sustitutos para evitar un bloqueo en la tramitación de la iniciativa secesionista
El Parlamento catalán financiará con 40.000 euros la iniciativa por la independencia
«Aceptar la renuncia a dicho cargo interesada por los señores Sospedra Navas, Bonet Frigola y la señora Illán Teba». Con estas palabras, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado este martes de que los tres magistrados que forman parte de la Comisión de Control de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del Parlamento autonómico han dimitido de sus cargos. Esta comisión, que actúa como Junta Electoral, es la encargada de validar, gestionar y controlar la propuesta que propone declarar la independencia.
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Varias fuentes parlamentarias han confirmado a ABC que el TSJC ha comunicado a la Mesa, esta mañana, la renuncia de los magistrados Francisco José Sospedra, Xavier Bonet y Amparo Illán. Al mediodía, el TSJC ha hecho público el acuerdo de la Sala de Gobierno, al que se llegó en una reunión celebrada el 5 de marzo, con el que se acepta la renuncia pero no se concretan los motivos por los que los tres magistrados dejan de formar parte de la Comisión de Control. La Mesa ha respondido al TSJC que designe lo antes posible a los sustitutos.
La Comisión de Control de la ILP la forman nueve personas. Tres magistrados, tres catedráticos de derecho constitucional o de ciencia política y tres juristas, estos seis de «reconocido prestigio». Según la disposición transitoria de la Ley 1/2006, de la Iniciativa Legislativa Popular, que regula este tipo de propuestas, el presidente de la Comisión de Control lo eligen los tres magistrados designados y entre ellos. Así, 'a priori', sin los magistrados no se puede convocar el organismo encargado de, por ejemplo, validar la recogida de firmas de una ILP.
Los otros seis los designa la Mesa a propuesta de los grupos parlamentarios y son: Jordi Capo i Giol, Eva Anduiza Perea, Albert Noguera i Fernández, Alícia Ramos Jordan, Daniel Fernández Cañueto y Eusebi Campdepadrós i Pucurull. Este último fue diputado autonómico de Junts, miembro de la Mesa con Roger Torrent como presidente y encausado –y absuelto– por desobediencia.
Aunque se desconocen los motivos de las dimisiones, fuentes de la Mesa del Parlamento de Cataluña consultadas por este diario vinculan la decisión a la aceptación, por parte del órgano rector, de la ILP que propone a los diputados que declaren la independencia de la comunidad. Esta ILP es una iniciativa de Solidaritat Catalana per la Independència y Junts, ERC y la CUP permitieron su tramitación en la Mesa. Junts y la CUP, en un primer momento; y ERC votando en contra de las reconsideraciones del visto bueno inicial. El PSC votó en contra. Y Vox, CS, comunes y PP no tienen representación en la Mesa.
Propuesta unilateral
La ILP, registrada el 2 de febrero por Solidaritat, partido que obtuvo representación en el Parlament entre 2010 y 2012 con Joan Laporta, presidente del F.C. Barcelona, como líder más conocido, y aceptada a finales del pasado mes por la Mesa propone que el pleno vote a favor de una ley que declara la independencia de Cataluña. El texto presentado es el mismo que el partido trató de aprobar en el Parlament en 2011 pero, entonces, fue rechazado por la mayoría del pleno.
El presidente de Solidaritat, David Folch, en enero, en la presentación de la ILP señaló que la iniciativa responde a «una idea general» basada en una «obviedad», especialmente después del referéndum ilegal de 2017, y es que «Cataluña es una nación ocupada militarmente, judicialmente, policialmente, mediáticamente y culturalmente». Y en la iniciativa se recoge que «la decisión de declarar la independencia le corresponde al pueblo de Cataluña como titular de la soberanía nacional, y al Parlamento de Cataluña como representante suyo democráticamente elegido».
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Una vez aprobada la iniciativa por la Mesa, se ha iniciado el trámite para la recogida de firmas (50.000) que, de superar el número mínimo, llevará el asunto al pleno, con la intervención de los proponentes. La normativa sobre este asunto incluye que es el Parlament quien corre con los gastos de la recogida de firmas. En total, hasta 40.000 euros irán destinados a sufragar una iniciativa que cuenta con el rechazo de los Servicios Jurídicos de la Cámara autonómica, pues así lo dejaron por escrito los letrados antes de la votación de la Mesa.
El trámite completo (constitución de la comisión de control, recogida de firmas durante 120 días hábiles, debate a la totalidad y trámite en comisión para volver al pleno) podría concluir a finales de este año o inicios de 2025, coincidiendo con una precampaña y campaña electorales catalana, si Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, no adelanta los comicios previstos en principio para febrero de 2025.
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