La Mesa del Parlament tramita una ILP para declarar la independencia

Esta admisión a trámite ha prosperado gracias a los tres votos a favor de los representantes de Junts, incluido el de la presidenta del Parlamento catalán, Anna Erra, y Aurora Madaula, y de la CUP, Carles Riera; la abstención de la representante ERC, Alba Vergés; y el voto en contra de los dos miembros del PSC, Assumpta Escarp y Ferran Pedret, informa Ep. Vox, los comunes, Cs y PP no tienen representación en el órgano rector de la Cámara autonómica.

Tras la decisión de la Mesa, los socialistas, Vox y CS han pedido una reconsideración de la admisión a trámite, al considerar que la iniciativa no cumple con la legalidad. Una posición que comparten con los letrados del Parlament cuyo informe, no vinculante y firmado por el secretario de la Comisión de Control de la Iniciativa Legislativa Popular, Xavier Muro, señala que la ILP «no cumple» las condiciones ni en la forma ni en el fondo, saltándose varios artículos del Estatuto y la Constitución. Una «inadmisibilidad» que, además, no puede ser «enmendada».

Desde la formación liberal, además, se ha pedido a la Fiscalía «que actúe de oficio». Carlos Carrizosa ha señalado que, en su opinión, «se ha producido una desobediencia en el Parlament y una prevaricación», ha calificado la decisión de la Mesa de «atentado contra la democracia» y ha avanzado que, si la Mesa no rectifica, acudirán al Constitucional. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha calificado la decisión del Parlament como «sumamente grave» y ha exigido al Gobierno que pare este «disparate», informa Juan Casillas. Por su parte, fuentes del PSC han apuntado que la ILP es una «iniciativa extemporánea que persiste en los errores del pasado precisamente en un momento en que la mayoría de la sociedad catalana apuesta por pasar página a diez años que no han sido buenos».

El presidente de Solidaritat (formación que tuvo entre sus líderes a Joan Laporta), David Folch, en enero, durante la presentación de la ILP señaló que la iniciativa responde a «una idea general» basada en una «obviedad», especialmente después del referéndum ilegal de 2017, y es que «Cataluña es una nación ocupada militarmente, judicialmente, policialmente, mediaticamente y culturalmente». En el texto de la ILP se apunta que «la decisión de declarar la independencia le corresponde al pueblo de Cataluña como titular de la soberanía nacional, y al Parlamento de Cataluña como representante suyo democráticamente elegido».

En esta línea, si la ILP se convierte finalmente en norma legal, a los tres meses de su aprobación se constituirá una Asamblea de Representantes de la Nación Catalana, que «trabajará para que se declare la independencia en el conjunto de los Países Catalanes», es decir, que la decisión no solo afectaría a Cataluña sino también a Aragón, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Francia e Italia. Y la independencia sería «efectiva» en cuanto se aprobase la norma en el Parlament y se negociase «con la comunidad internacional la forma y el momento de la declaración de independencia».

Tras conocer la decisión de la Mesa, Solidaritat ha celebrado la admisión a trámite y ha recordado que la ILP situará de nuevo en el Parlament «la oportunidad de declarar la independencia». Desde la formación política se ha recordado que, a partir de ahora, se necesitarán, como mínimo, recoger 50.000 firmas durante las próximas semanas para que la iniciativa se debata y vote en el pleno de la Cámara regional. Y han instado a los partidos y las entidades independentistas a que colaboren con ellos: «Entendemos que un proyecto nacional de esta envergadura merece una voluntad de colaboración que esté a la altura».