Tres magistrados del Constitucional recuerdan a Pumpido que ya no puede revisar el varapalo de Estrasburgo

Los jueces que recurrieron primero al TC y luego a Estrasburgo denunciaban que desde que tuvo entrada en las Cortes Generales la lista de candidatos remitida por el presidente del Consejo General del Poder Judicial para la renovación de este órgano habían transcurrido más de dos años sin que se hubieran convocado los plenos del Congreso y del Senado para proceder a la votación y nombramiento de los seis vocales del turno judicial por cada Cámara y que esta paralización frenaba su legítima aspiración a formar parte el Consejo. El TEDH les dio la razón: consideró vulnerado su derecho a la tutela efectiva y sentenció que el TC debió estudiar el caso.

En la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel señalan que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «la declaración de una violación (en este caso el artículo 6 del Convenio) constituye por sí misma satisfacción equitativa suficiente para cualquier daño no pecuniario sufrido por los demandantes».

«En el auto cuya deliberación se pretende en la adición de la Sala Primera del próximo lunes se propone la anulación de oficio de la referida providencia de la Sección Primera de 28 de abril de 2021, y la admisión a trámite del recurso de amparo», algo que, según estos magistrados, no es posible, por lo que exigen la retirada de este punto del orden del día.

«Sin entrar en este momento en la discusión de si de esa sentencia se deriva para este Tribunal la obligación de darle efecto interno, es lo cierto que dicha sentencia no es todavía firme, por cuanto es susceptible de recurso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el plazo de tres meses«, señalan. Además, recuerdan que a la vista de que la sentencia de Estrasburgo ha sido aprobada por un estrecho margen de cuatro votos frente a tres, «cabría incluso preguntarse si no sería conveniente que el Tribunal Constitucional, en cuanto interpelado por la referida sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solicitase al Ministerio de Justicia que instruyese oportunamente a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos« para que interponga un recurso ante la Gran Sala.

Pero hay más: los magistrados argumentan que ese recurso se interpuso contra la inactividad u omisión de las Cortes Generales en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que esa renovación está sujeta al debate público entre las fuerzas políticas «incluso en el periodo electoral en el que ahora nos encontramos tras la disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio«.

Abunda en la necesidad de esa retirada del orden del día el hecho de que «es práctica consolidada de este Tribunal no interferir en los procesos electorales en curso con la deliberación de asuntos que pudieran tener incidencia en tales procesos». «Pocas dudas pueden caber de que este es precisamente uno de esos asuntos con incidencia más que evidente en el debate político, a la vista de las distintas posturas mantenidas reiteradamente por los partidos y los grupos con representación parlamentaria, que muestran las dificultades para alcanzar el necesario acuerdo de las Cámaras para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial«.

Fuentes próximas a la presidencia señalaron a ABC que la voluntad del Constitucional es iniciar un debate sobre cuál podría ser la respuesta del Tribunal a la vulneración del artículo 6 del Convenio europeo. Consideran que el órgano de garantías no puede permanecer inactivo ante esta resolución, y por eso se quiere estudiar cuanto antes la decisión que debe adoptarse, entre las que se baraja la posibilidad de dejar sin efecto las providencias de inadmisión y admitir el recurso, pues para el TEDH la lesión denunciada es permanente y en el momento actual subsiste.

Esas fuentes insisten en que se trata de ser diligentes en el análisis de los efectos que puede producir la sentencia europea sobre el TC sin perjuicio del resultado definitivo del recurso que sería resuelto en su día por el Pleno. En ese sentido no descartan que tras esa primera aproximación en la reunión de la Sala Primera la próxima semana se encargue un informe más amplio y profundo y que se terminará avocando al Pleno, para que resuelva lo que proceda. Respecto al momento en el que este estudio se inicia, las citadas fuentes recuerdan que no es el TC el que ha elegido el momento en el que el Tribunal de Estrasburgo ha hecho pública su sentencia y que iniciar un debate sosegado y reservado no tiene esa especial relevancia política que, a modo de juicio de intenciones o de voto particular anticipado, pretenden hacer ver los tres magistrados firmantes de la carta.