La Justicia europea también saca los colores a Batet, Llop, Gil y Conde-Pumpido

Y no por criterios objetivos de mérito y capacidad, como sería deseable en una institución en la que ser independiente e imparcial es tan importante como parecerlo, sino por cuotas partidistas, lo que ha provocado un paulatino politiqueo del CGPJ que es causa de su actual bloqueo, como lo fue de anteriores y lo será de futuros en tanto no se despolitice, al menos en parte, el sistema de elección de sus miembros. Como no en vano viene reclamando la inmensa mayoría de jueces desde hace tiempo, como nos exigen cada vez más desde Europa y como prometen PSOE y PP cuando están en la oposición y olvidan cuando dejan de estarlo.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda más representativa entre los jueces, decidió actuar contra el inmovilismo en el que se han enrocado socialistas y populares para desbloquear y despolitizar este órgano, fundamental para el buen -o, para ser más exactos, aceptable- funcionamiento de la Justicia en España. Y lo hizo apuntando no a PSOE y PP, que en cualquier caso se mueven en el plano partidista, en el que poco o nada pueden hacer los jueces más allá de apelar a la responsabilidad de los políticos como Poder del Estado que son ambos colectivos.

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AJFV señaló a otros culpables secundarios de esta situación, que también lo son por pasividad institucional y complicidad política. Empezando por los presidentes del Congreso y del Senado, los socialistas Meritxell Batet y Ander Gil, por no cumplir con su obligación de tramitar el pertinente proceso para que los candidatos a los 20 sillones del CGPJ, de los cuales al menos 12 de ellos deben ser jueces, sean examinados y designados por una mayoría cualificada de ambas cámaras, lo que impone un pacto previo y extraparlamentario de PSOE y PP. Es decir, el mencionado intercambio de cromos para colocar a sus respectivos afines en este órgano.

La coartada de los presidentes de las Cámaras Baja y Alta, cada una de las cuales designa la mitad del CGPJ y, por extensión y de facto, al presidente del mismo, es que no tenía sentido convocar esa votación a sabiendas de que no saldría adelante porque no hay acuerdo de los de Sánchez con los de Casado antes y Feijóo ahora. Una explicación lógica si se asume que el órgano de gobierno de los 5.500 jueces se lo deben repartir sólo dos partidos que sistemáticamente eligen para el CGPJ a aspirantes de dos colectivos, uno mayoritario y con fama de conservador, otro minoritario y que presume de progresista, que no representan ni la tercera parte de toda la carrera judicial.

Bajo esa premisa de someter las necesidades del Poder Judicial y la autonomía del Legislativo a los intereses del Ejecutivo -entiéndase por tal al que lo ocupa (PSOE) y al que pretende ocuparlo (PP)-, se explica que los presidentes del Congreso y el Senado renuncien a sus propias competencias a la espera de lo que les dicte quien les puso y les mantiene en el cargo.

También porque son perfectamente conscientes de que, si cumplieran con su deber de convocar esa votación, el propio fracaso de las mismas evidenciaría todavía más ante los ciudadanos que a los dos grandes partidos les interesa más un CGPJ de mayoría afín que independiente. Algo que denota una cierta ignorancia e ingenuidad, porque la inmensa mayoría de los jueces resuelven cada día miles de asuntos con absoluta independencia de estas cuitas, si bien es cierto que no todos se resisten a la tentación de un órgano del que dependen, entre otras cosas, los ascensos a los puestos más importantes de la carrera judicial.

La otra gran responsable de la inacción parlamentaria en este asunto es la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, que fue presidenta del Senado hasta mediados de 2021, cuando esa renovación ya arrastraba un retraso de casi tres años. Tampoco ella, que es magistrada, cumplió con esa obligación durante el año y medio que presidió la Cámara Alta.

El tancredismo de los tres presidentes de las Cortes durante los cuatro últimos años -tan displicente Gil con este asunto de Estado como diligente con otros menores, como los ingresos de Feijóo- provocó que AJFV y seis de sus miembros que aspiran al nuevo CGPJ acudieran al Tribunal Constitucional, donde volvieron a chocar con las inercias partidistas.

Tres magistrados ni siquiera admitieron a trámite el recurso de estos jueces. De hecho, lo despacharon de un plumazo alegando que estaba fuera de plazo, como si la legitimidad de ese recurso no fuera mayor cuanto más tiempo pasa sin renovarse el CGPJ. El único de esos tres magistrados que no sólo sigue, sino que ahora además preside el TC, es Cándido Conde-Pumpido, fiscal general y vocal del propio Poder Judicial gracias al PSOE.

A todos ellos el tribunal europeo les ha puesto en evidencia al dar la razón a AJFV. Pumpido dice ahora que lo va a estudiar, es de suponer que con más detenimiento del que le dedicó a un asunto que ni siquiera recuerda con mucho detalle.

El TEDH ha propinado al Constitucional un «bofetón directo», como lo celebran fuentes judiciales, al recriminarle que despreciara ese recurso por considerar que los afectados sólo tenían tres meses para recurrir desde que caducó el anterior CGPJ o desde que se constituyeron las Cortes. O sea, que se podía recurrir ese retraso cuando era sólo de tres meses, pero no cuando alcanzaba ya los tres años. «Inexplicable», como bien apunta el TEDH.

Y a esa situación se llegó porque, como también recuerda este tribunal, los presidentes de las Cortes no cumplieron y siguen sin cumplir con su obligación de tramitar un acto reglado y sujetos a plazos, algo que omite Sánchez cada vez que acusa a Feijóo de no cumplir la Constitución por este asunto.