Estrasburgo reprende a España por no renovar a tiempo el Consejo del Poder Judicial

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Retroceso ante Europa

Nati Villanueva

Señalan los magistrados que los recurrentes tenían derecho a que la renovación se realizara en plazo y también a que el Constitucional examinara sus recursos y diera una respuesta «fundada» a una materia tan importante. En este sentido consideran que se ha vulnerado el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos (derecho a una tutela judicial efectiva). Y añaden, respecto al cumplimiento de los plazos, que el derecho de los recurrentes estaba estrechamente conectado «con la garantía del respeto al procedimiento legal para la renovación de la composición del organismo de gobierno de los jueces y con el funcionamiento mismo del sistema judicial».

En una sentencia que no es unánime –cuatro votos frente a tres–, los magistrados rechazan la indemnización «simbólica» de un euro que pedían los seis jueces de Francisco de Vitoria (entre los que se encuentra la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón), pues consideran que haber declarado la vulneración del artículo 6 de la Convención «ya constituye en sí misma una satisfacción justa suficiente por cualquier daño moral sufrido por los demandantes».

Especialmente contundente es el voto concurrente de la magistrada María Elósegui (la única española del tribunal), que expresa de forma muy clara que las consecuencias a las que ha abocado la falta de renovación del CGPJ va más allá de las aspiraciones de los demandantes. A lo largo de cinco folios Elósegui argumenta que este bloqueo afecta a la «esencia misma de la independencia del poder judicial». «Impedir la renovación del CGPJ por cuatro años por falta de acuerdo entre los partidos y no proceder a incluir la lista de candidatos ya aprobada en el orden del día para su votación en el Parlamento supone un bloqueo sin precedentes en los últimos cuarenta y ocho años de democracia en España», dice.

Elósegui explica que el acceso a la condición de miembro del CGPJ es un proceso contemplado en la Carta Magna, por lo que el Tribunal Constitucional tenía que haber protegido a los demandantes. Recuerda, además, que de los 21 vocales que componían el CGPJ hace cinco años, en 2018, cuando correspondía la renovación, hoy quedan 17 y que al no poder hacer nombramientos este órgano como consecuencia de la reforma que se lo impide hay 22 vacantes en el Supremo, 80 en toda la cúpula judicial.

A las críticas a la falta de renovación se suma el llamamiento de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), a desbloquear las negociaciones y a modificar el sistema de nombramiento del Consejo para al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios jueces y no por el Parlamento, como sucede ahora con los veinte vocales.

Precisamente ayer la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Maite Pagazaurtundua, se volvió a dirigir al comisario europeo Didier Reynders para que en su informe sobre España incluya el nuevo fallo de Estrasburgo. La semana pasada hizo lo mismo con el nombramiento de la exministra Dolores Delgado al frente de la nueva Fiscalía de Memoria Democrática.

«Para respetar la separación de poderes, los jueces deben ser elegidos de manera independiente y no estar sujetos a influencias o presiones externas, ya sea del poder ejecutivo, legislativo o de cualquier otro organismo. No hay atajos para ello y la ley en España requiere una reforma urgente que por razones políticas no se adopta», denunció la eurodiputada, según una nota de prensa de Ciudadanos.