Retroceso ante Europa

De puertas para dentro nos hemos acostumbrado a convivir con la anomalía institucional que supone tener a un Consejo en funciones desde hace cuatro años y medio, con la imposibilidad de que el Tribunal Supremo pueda cubrir sus vacantes (ya son 24, el 30 por ciento de su plantilla) por la mordaza impuesta al órgano que tiene que nombrar a esos magistrados y con un Tribunal Constitucional que parece no tener prisa en resolver un recurso que, sin duda, arrojaría algo de luz sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma que ha maniatado al Consejo al recortar sus atribuciones.

Sin embargo, de puertas para fuera la situación es distinta porque esta imagen de bloqueo absoluto, de injerencias en el Poder Judicial y de tejemanejes en la Fiscalía General del Estado no van a salir gratis a España, que el próximo mes de julio inicia su mandato al frente de la UE con la advertencia de que tiene que dar ejemplo y corregir ya disfunciones como la excesiva imagen de politización de la justicia.

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Esta misma semana está previsto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre el bloqueo del CGPJ en el marco de las denuncias presentadas por seis magistrados de la asociación judicial Francisco de Vitoria. Los seis fueron avalados para formar parte del órgano de gobierno de los jueces pero la inactividad del Congreso y Senado –que junto con los doce vocales de procedencia judicial, tiene que elegir a ocho juristas– dejó en el limbo sus legítimas aspiraciones como vocales. Dos semanas más tarde la Comisión Europea publicará su informe sobre el Estado de Derecho en España sin que la visita de Félix Bolaños al comisario Didier Reynder en febrero para intentar dulcificar ese texto vaya a dar muchos resultados. Es más, se espera un informe más crítico si cabe que el del año pasado, pues se suman doce meses más de bloqueo en la renovación del CGPJ, nuevas críticas de un sector del Ejecutivo a los jueces –en esta ocasión por no aplicar la ley del «solo sí es sí» en el sentido que quería Irene Montero aunque no coincidiera con la literalidad del texto–, una reforma de la malversación que no ha sido entendida en Europa y el reciente dedazo en la Fiscalía a favor de la exministra Dolores Delgado, un episodio que la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha pedido incluir como una muestra más de la deficiente calidad democrática en España.

Y es que peor no se ha podido hacer. Lejos atender las recomendaciones europeas sobre, entre otras cuestiones, la necesidad de que al menos la mitad del Consejo sea elegido por la propia carrera o regular las puertas giratorias, se ha retrocedido. No será fácil explicar –y España tendrá que hacerlo antes de diciembre ante el Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa– que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo es hoy uno de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, ni que el exconsejero madrileño Enrique López, la actual ministra Pilar Llop o la dirigente de Podemos y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell pueden volver a la judicatura de la noche a la mañana haciendo borrón y cuenta nueva y sin perder un solo año de antigüedad por el tiempo que estuvieron en política.

Sea cual sea el gobierno que salga de las urnas el 23 de julio tendrá que afrontar, por las buenas o por las malas, una situación anómala de la que Europa estará especialmente pendiente en el segundo semestre de este año.