Exministros y exdiputados socialistas, contra el plan de Sánchez que beneficia a los condenados del 'procés'

Entre los más de 300 firmantes se encuentran hasta cinco exministros socialistas –entre ellos César Antonio Molina, exministro de Cultura; Javier Saénz Cosculluela, exministro de Obras Públicas y exportavoz del Grupo Socialista; Virgilio Zapatero, exministro de la Presidencia y catedrático; Julián García Vargas, exministro de Defensa y de Sanidad; y José Luis Corcuera, exministro de Interior– y hasta siete exdiputados del PSOE, entre ellos Francisco Vázquez y Nicolás Redondo.

Además, firman también el texto entidades y ex altos cargos de los últimos 40 años entre los que se encuentran ex secretarios de estado, embajadores, exmagistrados del Tribunal Constitucional, catedráticos y antiguos cargos autonómicos, provinciales y locales.

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Rechazan «las actuaciones del Gobierno cuyo propósito es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución» y explican que «cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente».

Asimismo, aseguran que con estas reformas legales «se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal». «Es una burla hablar de 'desinflamación del conflicto catalán' cuando todos los condenados han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo», aseveran.

Desde la asociación insisten en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no mencionó» la modificación de los delitos «en su discurso de investidura», ni tampoco fue «un compromiso electoral» ni un «acuerdo posterior con Unidas Podemos». Asimismo, remarcan que la UE «no ha exigido reformar el delito de sedición» y «no es cierto» que el cambio sea para «equiparar la legislación española» con la europea.

«Con esta reforma se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas», explica el manifiesto.

Asimismo, denuncian que «pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna con Europa», y remarcan que «la finalidad no es otra que eximir a aquellos que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial y la convivencia democrática».

«Reclamamos la retirada inmediata de los artículos de la Proposición de Ley Orgánica en todo lo que se refieran a los delitos de malversación y sedición y requerimos la urgente tipificación de un delito contra la Constitución con las penas recogidas en Europa para evitar un vacío legal que pueda dividir aún más la convivencia democrática», concluye el manifiesto.