Los cambios en el delito de malversación: qué es, penas y los cambios propuestos

El delito de malversación está directamente relacionado con la corrupción y se da cuando un funcionario o autoridad se apropia del dinero público de manera indebida o lo administra de forma desleal, tal y como recoge el artículo 435 del Código Penal.

En vigor desde 1996 y reformado por última vez hace siete años bajo el mandato de Mariano Rajoy, actualmente se sanciona con entre 2 y 6 años de prisión a la autoridad o funcionario que incurra en un delito sobre el patrimonio público.

En el caso de delito agravado, el castigo va de 4 a 8 años de cárcel e inhabilitación entre 10 y 20 años -la pena en su mitad superior cuando el perjuicio ocasionado supere los 250.000 euros-. Se considera delito agravado cuando se provoque un «daño grave o entorpecimiento del servicio público» o «el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados supere los 50.000 euros».

En el caso de que los bienes no superen los 4.000 euros se considera delito atenuado y se impondrá una multa de entre 1 y 2 años; multa de tres a seis meses e inhabilitación de 1 a 5 años.

ERC presentó varias enmiendas cuyo objetivo es evitar que la malversación se use «con finalidad política y arbitraria« contra el independentismo. En concreto, apuesta por que en el delito de malversación se deje de hablar de conductas poco definidas y subjetivas como la apropiación indebida y la administración desleal, que son propias «del ámbito privado».

Con esta propuesta, las penas que afectan a los delitos propios de corrupción política y enriquecimiento personal «se mantienen, como no podría ser de otra forma, sin posibilidad de rebajar su penalización».

No obstante, la enmienda de ERC que presentó el pasado viernes incluye un nuevo tipo de malversación con menos castigo para «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas». Para este caso, en el que especifica que no hay ánimo de apropiación, pide una pena de entre seis meses y tres años.

Los socios de Gobierno tenían una propuesta transaccional de la que se ha desvinculado este lunes Unidas Podemos pero que sigue adelante de la mano del PSOE. Los socialistas quieren aprovechar la reforma del delito de sedición para hacer modificaciones en el delito de malversación de forma que se cree un nuevo delito de «enriquecimiento ilícito» que persiga a aquellas autoridades que, una vez dejado el cargo y hasta cinco años después de haberlo hecho, aumenten su patrimonio en más de 250.000 euros de forma injustificada.

Además, la enmienda transaccional del PSOE pretende rebajar la pena de un tipo de malversación y permitirá a independentistas como Oriol Junqueras presentarse a las elecciones, así como librará del proceso judicial a la llamada infantería del 'procés'. Sin embargo, y en esto insisten Moncloa y Ferraz, también modifica la pretensión de ERC de que los actos soberanistas e independentistas del 1-O y los que puedan venir queden despenalizados.

También recupera un tipo de malversación que quedó fuera en la reforma de 2015 para castigar con entre seis meses y tres años de prisión a quien emplea patrimonio público para un fin privado sin ánimo de apropiárselo.

Crea también un nuevo delito de desvío presupuestario irregular que castigue a la autoridad que destine dinero público a un fin distinto al que estuviese destinado con entre uno y cuatro años de cárcel e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años.

Si se cumplen todos los plazos previstos en el Congreso, en el Senado la tramitación también será exprés, de manera que se eleve a un Pleno que los socialistas prevén que se habilite en la última semana del mes y del año, para que la reforma resulte aprobada de manera definitiva por las Cortes antes de la llegada de 2023.