La renuncia de Delgado facilita su ascenso a la primera categoría de la carrera fiscal

Aunque la operación quirúrgica a la que se sometió Delgado el pasado 20 de abril, para eliminar un quiste que le oprimía dos vértebras, ya la había mantenido más de dos meses fuera de la primera línea de batalla, no fue hasta ayer, a las puertas del mes de agosto, cuando la fiscal general hacía pública esta «difícil decisión», en la que ha tenido que conjugar, según un comunicado de la Fiscalía, «su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y la responsabilidad».

Delgado da de esta forma un paso atrás pero garantizando la continuidad en las políticas de la Fiscalía General, pues ha dejado en su lugar a su mano derecha, Álvaro García Ortiz, un fiscal especializado en medio ambiente en Galicia al que la propia Delgado ascendió a fiscal-jefe de la Secretaría Técnica nada más desembarcar en la calle Fortuny. García Ortiz es uno de los exportavoces de la Unión Progresista de Fiscales que, según denuncia la mayoritaria Asociación de Fiscales, se han visto beneficiados por la política de nombramientos de Delgado en su afán por favorecer a miembros de la UPF. Esta presunta arbitrariedad llevó recientemente al Supremo a anular uno de sus nombramientos (el del fiscal coordinador de Menores) por falta de motivación.

Y el de García Ortiz, su candidato, que es el propuesto por el Gobierno, no es una excepción. Este relevo ha vuelto a pillar por sorpresa al Consejo Fiscal, que, tras el varapalo de la carrera a Delgado, se estrenó a finales del pasado mes con una nueva composición y con la presencia, por primera vez desde la operación, de Dolores Delgado, que nada avanzó sobre su intención de retirarse. Será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que tendrá que pronunciarse sobre la idoneidad de García Ortiz como fiscal general del Estado cumpliendo así el trámite de audiencia establecido en el artículo 124.4 de la Constitución. Lo hará en el Pleno ordinario previsto para mañana jueves, según informó ayer el órgano de gobierno de los jueces.

Delgado se retira en un momento crucial que fuentes del Ministerio Público relacionan más con la retirada de la enmienda que pretendía premiarla tras su cese como fiscal general que con sus polémicas y con los reiterados llamamientos (dentro y fuera de España) a la necesaria imagen de independencia e imparcialidad del Ministerio Público.

Esa enmienda, que se introdujo por la puerta de atrás en la ley Concursal, sin informes previos ni consulta alguna al Consejo Fiscal, preveía el ascenso a primera categoría de un fiscal general cuando finalizara su mandato. Esto implicaba que ese fiscal general gozaría directamente de la categoría de fiscal de sala y se sentaría en la Junta de Fiscales, la cúpula de la carrera que integran apenas una treintena de miembros del Ministerio Público. En realidad parecía una enmienda a medida para Delgado pues su caso y el de su antecesora, María José Segarra, son los únicos en la Fiscalía en los que el designado fiscal general no ostentaba esa primera categoría. Ahora ya solo ella tenía este problema pues hace unos meses la propia Delgado nombró a Segarra fiscal de sala para la protección de mayores y personas con discapacidad.

Retirada esta enmienda, el futuro que le espera a Delgado en unos meses es volver como fiscal a la Audiencia Nacional, desde donde en 2018 aceptó la oferta de Sánchez para formar parte de su Gobierno como ministra de Justicia, cargo del que saltaría a la Fiscalía General. Pero ahora a Delgado se le abre una puerta y es que, tras unos meses de reposo y alguna otra intervención quirúrgica (que el comunicado de ayer no descarta), el propio Álvaro García Ortiz la nombre fiscal de sala. Se da la circunstancia de que el recién aprobado proyecto de ley de Memoria Democrática contempla la creación de un fiscal de sala especializado en esta materia, con la que tanto Delgado como su pareja, Baltasar Garzón, están muy comprometidos. En la retina de todos está la imagen de una emocionada ministra de Justicia junto con el entonces secretario de Presidencia Félix Bolaños en la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019.

La ley de Memoria Democrática modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para crear una nueva figura dentro de la Fiscalía General de Estado, un fiscal para la Memoria Histórica. En la disposición final primera se especifica lo siguiente: «En la Fiscalía General del Estado existirá un fiscal responsable de la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en materia de memoria democrática y derechos humanos, con la categoría del fiscal de sala». Entre sus funciones se incluyen «practicar las diligencias (...) y ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones, exigiendo las responsabilidades que procedan, cuando se refiera a hechos producidos con ocasión de la guerra y la dictadura franquista y las violaciones de Derechos Humanos, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, siempre que pudieran ser constitutivos de delito». También se prevé que esta nueva figura «facilite y coordine los instrumentos de cooperación internacional para la reparación de las víctimas».

Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Llop solo tuvo palabras de agradecimiento para la labor desempeñada por Delgado, de la que destacó como «hitos» la creación de un código ético, el aumento de plazas de fiscales, la paridad en los nombramientos o los ascensos a primera categoría de «un buen número de fiscales», precisamente una de las críticas que se le imputan.

En nombre del Gobierno, Llop agradeció a Delgado su compromiso con el «fortalecimiento de la institución, y, por tanto, con el Poder Judicial y su vocación de servicio público».

Para la Asociación de Fiscales el mandato de Delgado ha estado «jalonado de polémicas, oscuro, huérfano de doctrina». «Ha sumido a la institución en el descrédito y desprestigio», lamenta su portavoz, Cristina Dexeus, en declaraciones a ABC.

De igual forma, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), opina que Delgado ha dejado a la institución en uno de sus momentos más bajos de prestigio «instalando el sectarismo en los nombramientos hasta límites desconocidos y con la gestión de algunos casos de relevancia pública con formas tan tristes e irregulares que se recordarán mucho tiempo».