Cristina Dexeus: «La sospecha de politización de Delgado es absolutamente nociva»

—¿Qué lectura hace de los resultados del Consejo Fiscal?

—Ha habido un apoyo mayoritario y abrumador a la Asociación de Fiscales, lo que corrobora que la labor que estamos haciendo de crítica constructiva jurídica a la gestión de Delgado es compartida por los compañeros. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho un seguidismo absoluto de la fiscal general; ha habido una simbiosis tremenda entre Delgado y la UPF, que se ha visto perjudicada por esa ausencia de crítica.

—¿Es un castigo a Delgado?

—Es un castigo a la UPF por su seguidismo absoluto y crítica nula, pero también a la fiscal general por sus formas y modo de actuar en la Fiscalía General del Estado.

—¿Era previsible que la carrera reaccionara así?

—Había mucho malestar entre los compañeros sobre la actual situación de desprestigio del Ministerio Fiscal; siempre estábamos en entredicho precisamente porque la fiscal general ha venido del ámbito de la política sin solución de continuidad. Eso y, desde luego, las manifestaciones de Pedro Sánchez diciendo «de quién depende la Fiscalía» nos estaba repercutiendo negativamente y estábamos en el ojo del huracán. Lo que se comentaba en los despachos, en los cafés y en los pasillos se ha traslucido en las urnas: el hartazgo, el hastío de la carrera por esta situación.

—¿La AF sigue opinando que la fiscal general debe dejar su cargo? Lo viene pidiendo desde el primer día…

—Nosotros lo que denunciamos fue que el nombramiento de una persona que venía de ejercer el cargo como ministra de Justicia de un gobierno, que además había sido diputada, iba a suponer un quebranto en la imagen de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado. Aún así nos mantuvimos a la espera de ver el resultado de sus primeras actuaciones antes de empezar a criticarlas. Pero efectivamente han surgido ocasiones en las que le hemos pedido que se abstuviera formalmente de asuntos que, precisamente por proceder de la política, no debió conocer. Y no lo ha hecho. Fue después de una serie de actuaciones sucesivas cuando pedimos su dimisión. Nuestra posición no ha sido beligerante ni de crispación, no ha sido una batalla contra Dolores Delgado. Hemos dado margen y hemos pedido que se comportara adecuadamente y utilizara las vías estatutarias y no lo ha hecho. No hay nada ahora mismo que nos haga pensar que va a cambiar su forma de actuar ni que nos motive a nosotros a dejar de pedir su dimisión.

—¿Cree que tras estos resultados debería abandonar su puesto?

—Eso es algo que ella tendría que valorar, si esa crítica le hace reflexionar y cambiar de actitud. La carrera ha dicho en las urnas que no quiere el rodillo al que estamos ahora mismo sometidos.

—¿Cuál cree que ha sido el detonante de ese hartazgo, el caso Stampa, los nombramientos?

—Todo, yo creo que ha sido un cúmulo de situaciones; el caso Stampa es uno de ellos. También la comisión de ética, paralizada porque a la fiscal general no le han gustado los resultados: el apoyo masivo de los compañeros a candidatos que son casualmente de la Asociación de Fiscales. Los nombramientos, efectivamente han sido un rodillo , de forma tal que ahora la constitución de la Junta de Fiscales de Sala, que son los asesores jurídicos de la Fiscalía General del Estado, se ha revertido, y la mayoría, la mitad de esa junta, son miembros de la UPF nombrados ya por Delgado. ¿Qué significa eso? Que si la mayoría de la carrera no está asociada y que si la mayoría de los que sí lo están son de la AF, la UPF está sobrerrepresentada, de forma que cuando Delgado pueda plantear cuestiones relevantes a esa junta se asegure una mayoría relajada u holgada para obtener un respaldo a sus planteamientos.

—¿Por qué la AF ha llevado al Supremo solo un nombramiento de los que ha hecho Delgado cuando cuestiona muchos más?

—Recurrir todos los nombramientos indiscriminadamente no nos parecía una forma razonable de actuar. Este (el de Eduardo Esteban como coordinador de Menores) era absolutamente infundado, no había manera de fundamentarlo mas allá de las «sinergias positivas» de uno de los candidatos. Nos pareció que era un exponente muy claro de que ese sistema de nombramiento no respondía ni a las necesidades del servicio público ni a la fundamentación mínima exigible en materia de nombramientos discrecionales.

—Teniendo en cuenta que los nombramientos más importantes de este mandato ya se han hecho, ¿qué contrapeso pueden hacer ahora los seis vocales de la AF?

—Es cierto que el Consejo Fiscal debería tener otro tipo de funciones más allá de las actuales y que sus votaciones deberían de tener un peso específico a la hora de determinar la resolución de la fiscal general del Estado. Pero mas allá del tema de los nombramientos, que es relevante, hay otras materias que también tienen interés, como son los informes jurídicos a los anteproyectos de ley que pasan a informe al Consejo Fiscal. Si en ocasiones los vocales de la AF tenían que emitir un voto particular porque no compartían el parecer del borrador, quizá ahora tengan que ser los otros los que hagan ese voto particular. El Consejo Fiscal también debería asumir el amparo de su compañeros cuando son incomodados en el ejercicio de su cargo desde el exterior, cuando reciben presiones.

—¿Hay presiones? ¿Se perciben más desde que Delgado es fiscal general?

—Eso no beneficia, desde luego, porque cualquier actuación que realice el fiscal en un asunto en el que estén concernidos políticos de un partido o de otro siempre va a existir una sospecha de que se ha actuado de una manera o de otra , por ser vos quien sois, por pertenecer a un partido o porque el denunciante o querellante pertenece al otro. Por eso nosotros nos quejábamos desde un inicio de ese nombramiento, porque esa sospecha, esa duda que enturbia la actuación del Ministerio Fiscal es absolutamente nociva a los intereses e la carrera y a los intereses de la justicia y del justiciable. Tenemos que estar por encima de todo ello, hay que salvaguardar la imparcialidad de la institución y la apariencia de imparcialidad. Aunque se estuviera actuando sin ningún tipo de sometimiento a nadie, se pone en duda esa actuación. Cómo no se va a poner en duda, si ahí está el pecado original que denunciamos desde el principio.

—¿En estas condiciones puede asumir la Fiscalía la investigación penal?

—Creo que habría que hacer un saneamiento en la forma de designación del fiscal general del Estado, ahora con mayor motivo porque ha quedado expuesta la realidad de lo que ocurre cuando se nombra fiscal general, sin solución de continuidad, a quien viene ejerciendo funciones políticas y cargos de relevancia en el Gobierno. Una vez realizado un esfuerzo sanitario en ese sentido, se necesita un nuevo estatuto orgánico en el que se establezca claramente el deber de abstención, las incompatibilidades... Dejando pasar la resaca del 'tsunami Delgado' podríamos estar en condiciones, porque creo que somos los que estamos mejor preparados para hacerlo.

—¿Hay alguna forma de evitar nombramientos tan politizados como este? ¿A través de las puertas giratorias?

—Efectivamente hay que regular las puertas giratorias y hay que poner un veto. Uno que está desarrollando funciones políticas o de gobernanza no puede volver al día siguiente a la carrera judicial o fiscal como si nada hubiera pasado. Hay que poner unos vetos, unos periodos de tiempo suficientes que puedan desvincular esa labor política de la labor judicial o fiscal.

—Hay cierto runrún en la carrera sobre que la investigación a Don Juan Carlos permaneció abierta más tiempo del debido. ¿Comparte esa opinión?

—Sin conocer el contenido de unas actuaciones no estoy en condiciones de opinar sobre el trabajo desarrollado por los compañeros. Me parecería muy frívolo por mi parte pronunciarme sobre si debió cerrarse antes o después, aunque sé que existe ese rumor en la calle y en la carrera.

—¿Por qué ese empeño de la Fiscalía Europea en asumir la investigación al hermano de Ayuso?

—Quizá habría que dirigirle esta pregunta a Conchita Sabadell (la fiscal española en Europa) para conocer a fondo la fundamentación en la que se respalda esa petición enconada de atraer para sí la competencia de las mascarillas en la Comunidad de Madrid.

—¿Está justificada la reacción de la cúpula fiscal contra la enmienda que premia a Delgado tras su cese?

—El premio que supone el ascenso a primera categoría de Dolores Delgado a su cese como fiscal general me preocupa relativamente. Hay un aspecto aún más relevante, y es que el fiscal general, 'motu proprio' informe al Gobierno de los asuntos relevantes que se están llevando en la Fiscalía y, además, sin ningún filtro, porque la enmienda no hace ningún tipo de matización, de justificación. Ese es el aspecto más grave, es aproximarnos al Poder Ejecutivo de una manera brutal, en lugar de soltar amarras, de separarnos y posicionarnos como Poder Judicial con autonomía funcional. Europa no pedía eso. Pedía blindar al fiscal general de toda injerencia política, incrementar su imparcialidad, que las comunicaciones sean por escrito y con publicidad.

—¿Le preocupa la imagen que la justicia española está dando en Europa?

—Sí, nuestra credibilidad se está debilitando y Europa y las instituciones nos exigen ser cuidadosos con esa imagen de imparcialidad de los órganos de la Administración de Justicia. Parece que estamos caminando en dirección contraria. Subyace aquí una dualidad de concepciones del Ministerio Fiscal: la que prevaleció en la Constitución, que es nuestro encaje dentro del Poder Judicial, y otra como órgano de transmisión o representación del Ejecutivo en los tribunales, lo que había sido en la dictadura. Aprovechando esa situación hay gobiernos que nos quieren arrastrar hacia el Ejecutivo llegando a convertirnos en funcionarios del Ministerio de Justicia.

—¿Cree que están justificadas las reticencias a renovar el Consejo General del Poder Judicial hasta que se permita a los jueces elegir a los suyos?

—Entiendo la preocupación porque se está bloqueando el funcionamiento normal de la carrera judicial a través de la reforma que se ha hecho para que si no hay renovación del CGPJ en su plazo, tampoco se pueda seguir actuando en funciones con absoluta normalidad. Creo que es bueno por esa imagen de imparcialidad remar todos hacia una manera de selección de los vocales que les libere de esa apariencia de injerencia política como ahora y que puedan ser elegidos, como en el Consejo Fiscal, directamente por sus compañeros. Parece que hay algunos que nunca quieren soltar esa cuota de poder. No sé hasta qué punto el Consejo puede seguir en funciones indefinidamente con merma de su capacidad de actuación ordinaria. Lo suyo es que los jueces puedan elegir a sus representantes directamente.

—¿Tiene alguna utilidad la apertura de una investigación en España sobre los crímenes cometidos en Ucrania o es un brindis al sol?

—Se nos ha dicho que se va a hacer un seguimiento de víctimas que puedan llegar a España para colaborar en su día con la justicia internacional en el caso de que se siga un procedimiento contra Putin. Me ha parecido en cierto modo una operación de maquillaje. Más allá de esa vertiente jurídica está la vertiente humanitaria, el apoyo a las familias de jueces y fiscales que han cambiado la toga por las armas.