Golpe de efecto eficaz contra la crisis

Ante esta preocupante coyuntura, el Gobierno ha reaccionado con decisión y –hay que decirlo claro por lo que se después se verá- con acierto en términos generales. De un lado, en el capítulo del gasto público, se ha adoptado un acuerdo de no disponibilidad de 8.900 millones de euros, que lógicamente será trasladado a los Presupuestos Generales del Estado que deberán estar aprobados el 31 de marzo, y que supone severos recortes en todos los Departamentos ministeriales. Y, de otro lado, en el capítulo de ingresos, se ha establecido un recargo progresivo sobre el IRPF y el IBI que, unido a la supresión de la bonificación de que disfrutaba el gasóleo profesional, aportará a las arcas públicas cerca de 6.500 millones de euros. En otras palabras, este primer ajuste representará entre ingresos adicionales y gastos cesantes un ahorro de más de 15.000 millones de euros.

La sorpresa ha estado en la decisión de establecer un recargo sobre el IRPF cuando lo que se esperaba era una subida del IVA, ya que los niveles de este impuesto indirecto están en España considerablemente por debajo del promedio europeo. Las razones que ha dado De Guindos son sólidas y valientes: en primer lugar, el alza del IRPF, perceptible en las rentas más altas, influirá menos sobre la demanda, muy deprimida en la actualidad; y en segundo lugar, este recargo se establece por dos años y podrá ser suprimido sin problemas, lo que no sucedería con una subida del IVA. Habría que añadir que subir el IRPF mediante un baremo muy progresivo como se ha hecho es mucho más justo y equitativo que subir el IVA, por lo que difícilmente la oposición socialista podrá poner objeciones a una decisión audaz que demuestra que sus promotores saben el terreno que pisan.

Este primer ajuste, que ha sido sobrecogedor y que incluye nuevos y onerosos sacrificios a los servidores públicos y una subida muy modesta de las pensiones, no ha servido sin embargo para aliviar la inquietud de los más conscientes. Porque el déficit brutal del 8% (dos puntos más que lo que Rajoy barajó en el discurso de investidura) obligaría a incrementar los 16.500 millones de que habló el presidente del Gobierno en, al menos, otros 22.000 millones si de verdad se quiere llegar al final de 2012 con un déficit público del 4,4%. Semejante ajuste, con una recesión galopante en marcha, sería probablemente indigerible en un país como éste en que la cohesión social se mantiene de milagro a pesar de estos cinco millones de parados que nos recuerdan la magnitud del drama, y que serán infortunadamente bastantes más a medida que discurra el tiempo y vaya deprimiéndose la economía.

Definitivamente, España tendrá que plantear en el Eurogrupo la posibilidad de mitigar la magnitud del ajuste, de retrasar un año o dos el plazo de la convergencia, si no se quiere decaer en un círculo vicioso de depresión y déficit que podría llegar a ser imposible de resolver y abocarnos a una indeseable e inaceptable bancarrota.