El Gobierno subirá los impuestos y recorta 8.900 millones para paliar un déficit del 8%

Las primeras de ellas navegan por la senda de los recortes y las subidas de impuestos. "Son el inicio del inicio", ha advertido con franqueza la también portavoz del Gobierno. Entre este primer paquete de medidas se encuentra el acuerdo de no disponibilidad que limitará el presupuesto de los diferentes ministerios durante el primer trimestre del año, a la espera de que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado. Será un recorte cercano a los 8.900 millones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado después que los mayores recortes serán para el Ministerio de Fomento (1.614 millones), Industria (1.091 millones), Economía (1.083 millones) y Asuntos Exteriores (1.016 millones), aunque el resto de ministerios también verán mermado su apoyo económico. Además, los entes territoriales sufrirán recortes en 1.040 millones y también el grupo RTVE y Renfe verán reducido su presupuesto en 200 millones de euros cada uno.

Otros recortes vienen dados, en gran parte, por la supresión de 30 direcciones generales del Ejecutivo, un 18,9% del total, y un recorte del 20% en la subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos. Sáenz de Santamaría ha cuantificado el recorte de subvenciones en 55 millones de euros en el caso de patronales y sindicatos y en 29,68 millones en el caso de los partidos políticos.

El otro gran eje de este paquete de medidas será la subida de impuestos que ha anunciado Sáenz de Santamaría. "Medidas que el Gobierno no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos del déficit", ha asegurado. "El Gobierno -ha continuado- se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos", que ha fijado para los próximos dos años. En concreto, se ha establecido un "gravamen complementario" en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), se ha eliminado la bonificación del gasóleo profesional y se aumentará el Impuesto de Bienes Inmuebles. A esto se añade que no se ha prorrogado la renta básica de emancipación, la congelación del salario mínimo interprofesional, el retraso de la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la ley de dependencia y la prórroga un año más de la ampliación del permiso de paternidad.

Los funcionarios también se han llevado lo suyo. Al prorrogar los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno mantendrá la congelación de los sueldos de sus sueldos. Y un detalle más, verán ampliada su jornada laboral hasta las 37,5 horas semanas. También se ha establecido una tasa de reposición cero para la Administración pública, a excepción de los empleados públicos del sector de la Educación, Salud, Fuerzas Armadas y Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para el lado bueno de la balanza, el Ejecutivo de Rajoy ha dejado unas pocas píldoras. Así, actualizará las pensiones al 1% y prorrogará otros seis meses más la ayuda de 400 euros a los desempleados sin ingresos cuando finalice su vigencia, el próximo 15 de febrero. En este sentido, Sáenz de Santamaría ha destacado que el Gobierno "quiere proteger a los más débiles y a los más desprotegidos", por lo que entiende que el Ejecutivo "no puede pedir sacrificios a quienes no pueden dar más".

También tratará de dinamizar el sector del ladrillo. Para ello ha optado por la recuperación de la desgravación por compra de vivienda habitual para todas las rentas con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2011. Asimismo, ha acordado mantener durante 2012 la reducción al 4% del IVA que grava la compra de vivienda nueva, aunque sólo para el caso de la vivienda habitual y con un precio máximo.

Finalmente ha aprobado la supresión del canon digital, que se sustituirá por un sistema de protección de copia privada. Asimismo, se regula la Comisión de Propiedad Intelectual -integrada dentro de la Ley de Economía Sostenible- para proteger los derechos de los creadores. De esta forma, el canon se sustutirá por una compensación cuyos criterios fijará el Gobierno por Real Decreto. "Sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, contra quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros", ha advertido Sáenz de Santamaría.