El CGPJ acuerda preguntar al fiscal si procede suspender de nuevo al juez Garzón

El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, se encuentra en una cumbre fuera de España, por lo que ha sido sustituido por el vicepresidente, Fernando de Rosa, quien se ha abstenido de este asunto, al igual que la vocal Margarita Robles.

Baltasar Garzón ya se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el 14 de mayo de 2010 después de que el Supremo le abriera juicio oral por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Según han recordado las mismas fuentes, De Rosa y Robles tampoco intervinieron en la decisión de suspender a Garzón por la causa del franquismo porque se apartaron de este asunto tras conocer que el juez les había recusado.

Garzón alegó "interés personal en el asunto" de De Rosa, al que atribuyó "amistad íntima" con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, así como "coincidencia en funciones públicas" con Margarita Robles, subsecretaria de Justicia cuando él fue delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

El CGPJ ha tomado esta decisión tras recibir el auto dictado ayer por el magistrado del Supremo que instruye la causa contra Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones en prisión entre los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados, Alberto Jorge Barreiro, que abrió juicio oral a Garzón por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.

Jorge Barreiro considera que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido "que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa". En su opinión, Garzón, con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de lograr por medios lícitos, accedió a las conversaciones de los abogados con los internos en los locutorios de la cárcel de Soto del Real, sin excluir a los letrados encargados de la defensa en el proceso penal.

La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el 'caso Gürtel' al empresario José Luis Ulibarri y posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo, quienes permanecen en prisión.

Peláez solicita para Garzón 10 años de inhabilitación, mientras que Correa pide que sea inhabilitado 17 años y la Fiscalía reclama la absolución. Garzón, desde que fue suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional, ejerce como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (Holanda).