El PSOE ha usado en decenas de casos la acusación popular que ahora quiere vetar

En su proyecto presentado ayer, el PSOE justifica las limitaciones a la acción popular en la necesidad de contrarrestar «el uso abusivo» de esta figura para «atacar a sectores sociales no afines y a adversarios políticos», argumento que resulta llamativo porque son causas de alcance contra rivales políticos en las que se ha ido personando.

En concreto, se ha destacado como acusación popular en el caso Gürtel, con cuya primera sentencia Pedro Sánchez promovió una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, aunque adoptando distintas formas. Desde agrupaciones municipales como el PSOE de la localidad madrileña de Boadilla del Monte hasta un grupo de ya exsenadores socialistas valencianos o la federación del partido en esa comunidad, en función de las diversas piezas separadas. En las relativas al expresidente valenciano Francisco Camps, desde el caso de los trajes hasta el 'stand' de la comunidad en Fitur, pasando por líneas como la Fórmula 1, han estado personados. Camps fue exonerado en todos.

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A través de esos exsenadores valencianos, el PSOE tuvo presencia también en la causa sobre los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas y el pago en negro de las obras de la sede de Génova. A su lado en la bancada de la acusación estaba, como en toda la causa Gürtel, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), considerada afín al PSOE y alineada con sus intereses.

En ese asunto, las acusaciones populares fueron condenadas a pagar las costas a la defensa de una mujer que resultó absuelta y las del PP. La sentencia, confirmada luego por el Tribunal Supremo, recalcaba que habían rayado la «temeridad» y «su actuación procesal» fue «muy imprudente», lo que evidencia que cuando se produce un abuso procesal, los tribunales responden.

Sin salir de las causas que afectan al PP, el PSOE ejerció acusación contra la ya difunta alcaldesa valenciana Rita Barberá, entraron -aunque luego se retiraron- en la investigación sobre el patrimonio del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra o en el caso Rilco, un fraude con subvenciones en Cádiz. Y empujaron los casos Cooperación, Nóos, Emarsa o Auditorio de Paterna, todos en la Comunidad Valenciana, informa Toni Jiménez.

Constan asimismo los socialistas en las macrocausas Púnica y Lezo, si bien no en todas sus piezas separadas, y son parte acusadora en Kitchen, una separata del caso Villarejo donde la cúpula de Interior con el gobierno de Rajoy está pendiente de fecha de juicio. Además, el PSOE de Madrid se ha sumado como acusación popular a la causa que se sigue contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal.

También en Madrid acusan en el caso Mascarillas, que está a punto de llegar a juicio y al inicio apuntaba una posible dimensión política que no fue tal. Del mismo modo, entraron en el conocido como caso Espías o Gestapillo sobre los populares de la región y terminó con absoluciones.

La intención de vetar la acción de las acusaciones populares, que constituyen una rareza del sistema penal español sin reflejo en el resto de la Unión Europea, no es nueva. El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que se presentó en 2020 recogiendo aportaciones de las dos legislaturas anteriores -donde era el PP quien coqueteaba con la idea-, ya lo contempla.

De hecho, el PSOE ha copiado párrafos exactos de ese texto en su proyecto de ley orgánica. La diferencia es que mientras pueden pasar meses e incluso años antes de que el anteproyecto sea una realidad, con la iniciativa registrada ayer los socialistas pisan el acelerador en un momento clave: las acusaciones populares son las únicas que sujetan la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, empujan la investigación sobre su hermano y se emplean a fondo en la petición de diligencias en las que afectan al fiscal general del Estado o en el caso Koldo, entre otras.

Con el veto expreso a que los partidos políticos y sus fundaciones y asociaciones ejerzan la acusación popular, el PSOE se estaría expulsando de las causas, pero también a los demás. Podemos, omnipresente antes en el tablero judicial como acusación popular, ha ido abandonando la mayoría de los casos y se ha centrado sólo en los de alcance político, como Kitchen dentro del universo de piezas del caso Villarejo.

Vox tiene presencia en decenas de diligencias, algunas con fondo ideológico y la mayoría, vinculadas con la corrupción. El PP ya ha entrado como acusación en el caso Koldo -lidera la acción popular en el Supremo-, en el de Hidrocarburos y en la investigación del hermano de Sánchez. Todos se sirven y han servido de esa figura y la han criticado a su vez. Pero es ahora, en plena tormenta judicial, cuando el PSOE propone cercenarla.