El PSOE registra una ley para cercenar las acusaciones populares y amordazar a los jueces
Pretende que no puedan ejercer esa figura los partidos políticos y que no accedan a la instrucción y lo justifica en la necesidad de terminar con «las filtraciones interesadas»
Opinión | Generalísimo Sánchez, por Juanma Rodríguez
El PSOE ha dado por sorpresa un paso decisivo para terminar con la figura de la acusación popular tal y como se conoce hasta ahora y, a la par, impedir que los jueces puedan expresar su opinión sobre asuntos políticos y después juzgar en una causa que afecte a un partido. Los socialistas, como ha explicado Patxi López en una precipitada rueda de prensa en el set de televisión del Congreso –se ha avisado un viernes de enero, sin actividad parlamentaria, a primera hora de la mañana con apenas cuarenta minutos de antelación–, justifican la iniciativa en la necesidad de acabar con el supuesto «acoso» que reciben y para erradicar «las filtraciones interesadas» que, dice, obedecen a objetivos espurios.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha registrado a las diez de la mañana la proposición de ley, según el PSOE para hacer frente «al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», y minutos después estaba explicándola para los pocos medios que estaban a esa hora presentes en la Cámara Baja. López, en su exposición, ha fundamentado la iniciativa en cuatro ejes: la reformulación de la acusación popular –figura que ha originado los casos que afectan a la mujer y al hermano del presidente, Begoña Gómez y David Sánchez–, la prohibición de que se admitan querellas basadas únicamente en recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas religiosas y la obligación de abstención o consecuente recusación de jueces que hayan pronunciado «comentarios políticos» anteriores a las causas que instruyan.
Esta proposición de ley, anunciada por sorpresa en pleno mes inhábil, llega en un contexto en el que el Gobierno y el entorno de Sánchez afrontan varias causas judiciales que nacen de la acción de acusaciones populares y de las que se ha venido informando intensamente en los medios de comunicación. En concreto, el PSOE propone en su iniciativa que la presencia de las acusaciones populares se limite a la presentación de la querella y a la fase de juicio oral, pero que no puedan participar en la instrucción para evitar «las filtraciones interesadas». Además, deberá existir «un vínculo concreto» con el caso para que una asociación pueda ser acusación popular y se prohibirá que ejerzan esta figura partidos políticos y entidades vinculadas a ellos.
También, reproduciendo el argumentario socialista desde que se inició la investigación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por una denuncia de Manos Limpias, el PSOE pretende que no sea posible admitirlas a trámite si únicamente están basadas en «recortes de prensa». Lo que han venido a denominar «pseudomedios». En cuanto a los jueces, el aspecto en el que ha sido más ambiguo López por lo genérico que resulta el término «comentarios políticos», el portavoz socialista sí ha deslizado un cierto tufo a 'lawfare' –supuesta guerra judicial con objetivos políticos– y ha continuado las polémicas palabras del presidente en la copa de Navidad celebrada con periodistas en el Palacio de la Moncloa en diciembre.
Sánchez, en conversaciones informales con redactores de los medios de comunicación, acusó a Alberto Núñez Feijóo de «jugar con las cartas marcadas» en los tribunales, como si hubiese una colaboración entre el PP y los jueces. «Hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente para poder iniciar procesos donde partan con ventaja», ha afirmado este viernes López, casi un mes después de aquella frase, claramente avanzando en la misma línea.
«Los ultras»
Por último, y en relación a la supresión del delito de ofensa a sentimientos religiosos –un tema que cobró dimensión la pasada Nochevieja al mostrar la actriz Lalachus, durante las campanadas en Televisión Española, una estampa religiosa que en el lugar del rostro de Jesucristo tenía la cabeza de la vaquilla del Grand Prix–, López ha defendido: «La última víctima es Lalachus. Los ultras vulneran nuestros derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión».
El portavoz socialista ha reconocido que apenas se ha mensajeado con sus socios para anunciarles la presentación de la iniciativa porque en enero –es inhábil– no ha habido margen para establecer contactos más serios para intentar recabar su apoyo. Tanto los partidos a la izquierda del PSOE como los independentistas abrazan desde mucho antes la teoría del 'lawfare', por lo que en principio parece probable que esta ley termine saliendo adelante y que incluso los aliados del Gobierno le pidan ir más allá en algunas cuestiones. No en vano, Junts sigue acusando a la Justicia de «prevaricar» por no conceder la amnistía a Carles Puigdemont al considerar el Tribunal Supremo que la malversación del 'procés' no tiene cabida en la ley aprobada por el Congreso.
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