El informe que verá el CGPJ cree indispensable blindar al fiscal frente al Gobierno

Pero también polémica, porque aunque es cierto que en la mayoría de países de nuestro entorno ya existe esta figura del fiscal instructor, en España hay una profunda desconfianza hacia este modelo, más aún en un momento en el que la sombra de la sospecha se extiende sobre cada una de las actuaciones de Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general al que el CGPJ ha considerado no idóneo para el cargo por, entre otras cuestiones, haber sido acusado por el Supremo de «desviación de poder».

Según ha podido saber ABC de fuentes del Consejo, los cuatro vocales que han asumido la ponencia de esta ley (Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero, Roser Bach y Clara Martínez de Careaga) van a ponerse a trabajar sobre un borrador que aplaude el cambio legislativo pero advierte de la necesidad de reformar el Estatuto Fiscal para garantizar una verdadera autonomía funcional y orgánica de la Fiscalía. La intención del presidente, Vicente Guilarte, es llevarlo probablemente ya al Pleno de mayo. En el CGPJ no tienen muchas esperanzas en que la renovación del órgano se vaya a producir hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio por mucho que el comisario Reynders insistiera el viernes en que el acuerdo entre PSOE y PP está «muy cerca».

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El texto sobre el que trabajarán los vocales, de 574 folios y al que ha tenido acceso ABC, sostiene que para llevar a cabo la implantación del nuevo modelo de proceso penal es necesario que la misma venga acompañada de una reforma «en profundidad» del estatuto fiscal que abunde en la garantía de imparcialidad de la institución dentro del respeto a los principios constitucionales de legalidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Pero también tienen que cumplir, advierte, los estándares establecidos por Europa.

«En este punto es ineludible referirse a las observaciones recogidas en los informes de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho relativos a España en respuesta a las inquietudes suscitadas no sólo en el seno de la Comisión, sino también en el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) respecto a las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general», señala el borrador en el que, por decisión de la Comisión de la Permanente del CGPJ cuando Carlos Lesmes aún era presidente, han participado durante meses tres expertos en la materia. Se trata de los magistrados Antonio del Moral (Tribunal Supremo), María Dolores Hernández (Audiencia Provincial de Valencia) y Juan José López Ortega (Audiencia Provincial de Madrid).

El borrador aplaude que la propia ley contemple en su disposición adicional segunda una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que debería estar lista un año después de la entrada en vigor de la reforma. Sin embargo, lamenta que ambas modificaciones (la procesal y la del Estatuto de la carrera) vayan de la mano.

«Indudablemente, la valoración del texto del que ahora se informa sería más completa si se hubiera acompasado» a la modificación del estatuto de los fiscales que el propio anteproyecto anuncia. «No obstante, los principios sobre los que se erige el nuevo modelo procesal penal, la configuración y estructura del proceso tal y como se contempla en el texto anteproyectado, pueden servir y han de guiar los cambios orgánicos y funcionales en la institución que este nuevo modelo exige», señala.

El borrador deja claro que «no es labor de este informe descender a la determinación, de forma concreta, de cuáles han de ser las modificaciones que este nuevo modelo de proceso penal impone introducir en la regulación estatutaria del Ministerio Fiscal. Ahora bien, en la medida en que se enmarca en el objeto de este informe», sí contempla sugerencias sobre por dónde debería ir esa reforma para que el nuevo modelo procesal sea exitoso.

En este sentido, y en el plano de la autonomía funcional, el texto sugiere mejoras en el régimen del fiscal general del Estado, «en especial en su sistema de nombramiento y en su estatuto de inamovilidad». Y alude para ello tanto al modelo de nombramiento del fiscal europeo como a los informes del Greco que apuntan, no tanto al vínculo que, de acuerdo con el esquema constitucional, exista entre el fiscal general y el Gobierno, como a la previsión normativa de garantías de autonomía, funcional y orgánica. La actuación de cada fiscal en el ejercicio de la acción penal tiene que ser percibida como «puramente objetiva y escrupulosa, alejada de decisiones partidistas».

En este sentido, el texto señala que si bien la reforma introducida en el estatuto fiscal en el año 2007 incrementó las garantías de autonomía en la figura del fiscal general del Estado, «no lo hizo, sin embargo, de manera suficiente, pues la coincidencia del plazo de duración del mandato y el plazo ordinario de la legislatura, y el cese del fiscal general del Estado con el Gobierno que lo nombró ensombrecen todavía la garantía de independencia». Las mejoras que se lleven a cabo habrán de incidir, apunta, en «aumentar el espacio de inmunidad frente a la intervención del Gobierno» y en el régimen de relaciones entre el Ejecutivo y el fiscal general.

Con absoluta diligencia ante la urgencia del ministro Bolaños, que la semana pasada adelantó a las tres asociaciones de fiscales su intención de recuperar la reforma de la LECrim, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los presidentes de estas asociaciones a un encuentro el próximo miércoles. Fuentes de la Fiscalía General señalaron que García Ortiz pretende crear un grupo de trabajo que desarrolle el Estatuto orgánico partiendo de que esta ley «debe ir acompañada necesariamente» de un nuevo Estatuto para la carrera.

Así lo vio también su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, bajo cuyo mandato ya informó sobre este anteproyecto de ley el Consejo Fiscal. Fue en julio de 2021. El órgano que representa a la carrera fiscal dijo entonces que el cambio de modelo procesal era inasumible sin la reforma del Estatuto y con las plantillas de fiscales, sedes y medios materiales con las que cuenta la institución.

«Sin proyectos que incluyan cronogramas, inversiones y medios en torno a los cuales hacer la progresiva adaptación y cambio de un sistema a otro, con la adaptación de las plantillas judiciales y fiscales, la reorganización de las oficinas, de las sedes o el apropiado cálculo de cargas de trabajo es difícil que un cambio de sistema se materialice más allá de proyectos legislativos», advirtió el órgano, que hizo hincapié también en la necesaria autonomía organizativa, funcional, presupuestaria y de gestión para abordar con la suficiente flexibilidad la implantación del modelo que sea más apropiada al tamaño y cargas de trabajo de las distintas fiscalías territoriales.

El Consejo Fiscal también expresó su malestar por que el anteproyecto contemplara la figura del juez de garantías como «tutor» de la investigación» en vez de como un mero garante de derechos y libertades durante la instrucción, que en todo caso debe «liderar» el fiscal.

El revés de este órgano -cuyo dictamen, como el del CGPJ, es preceptivo pero no vinculante para el Gobierno- se tradujo en su paralización por parte de Pilar Llop, que pidió un informe técnico para incorporar mejoras, y la consecuente paralización por parte del Consejo General del Poder Judicial. Es ahora, en plena campaña de descrédito del Gobierno a un órgano «caducado», especialmente tras opinar contra la amnistía, cuando Bolaños apremia a ese mismo Consejo a emitir su informe.

Además de ese nuevo rol de fiscal investigador (equivalente a la del actual juez de instrucción), la reforma legal introduce la figura del juez de garantías y la del juez de la audiencia preliminar. El primero, para tutelar los derechos de los investigados en el marco de la instrucción que lleve a cabo el fiscal; y el segundo para decidir sobre la conveniencia de abrir juicio oral y sobre la validez de las pruebas.

Junto a esa modificación radical en el modelo de instrucción, el anteproyecto incorpora nuevas herramientas y técnicas de investigación para la lucha contra la criminalidad y refuerza las garantías de los intervinientes en el proceso penal. Todas estas cuestiones son valoradas como positivas y necesarias en el informe sobre el que trabaja el CGPJ.