Jueces y acusaciones populares creen que los casos beneficiados «tienen nombre y apellido»

Recuerda Del Barco que se está trabajando en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a dar la instrucción de las causas penales al fiscal y que ahí podría tener encaje; de ahí que no se entienda esta urgencia si no es para casos 'ad hoc'. A ello se suman las dudas sobre su constitucionalidad, pues ve una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Carta Magna.

La APM reconoce que efectivamente se ha hecho un «uso abusivo» de la acción popular por parte de todos los partidos políticos, pero también es verdad que esto ha permitido condenas por delitos de corrupción.

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Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz, Sergio Oliva, opina que «una vez más se acude conscientemente a la peor de las técnicas legislativas imaginables», puesto que la ley debe tener «vocación de generalidad y de aplicación en el futuro». Sin embargo, dice, «esta reforma no tiene vocación de generalidad sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos». Recuerda, además, la «gravedad» que supone el hecho de legislar sobre procesos en curso y cómo puede afectar eso a posibles víctimas.

Desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez cree, como Del Barco, que la figura de la acusación popular debería abordarse en el anunciado proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, «dando un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir».

También considera «desacertado» excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta clase de acusación participe en la fase de instrucción, así como con la nueva causa de abstención y recusación de magistrados y jueces. «La judicatura también es libre de opinar, aunque debe hacerlo con prudencia, para evitar comprometer la imagen de imparcialidad judicial», señala.

Por su parte, Foro Judicial Independiente admite que «todos somos conscientes de que ha habido abusos» en el ejercicio de la acusación popular, sobre todo por parte de los partidos políticos, entidades y fundaciones afines», pero la restricción que establece la nueva ley es, a su juicio, «excesiva» y contraria al espíritu de la Constitución, que ha previsto la existencia de una acción popular.

En la práctica la reforma está dejando la acción popular «solo y exclusivamente» en manos de ciudadanos particulares que además de vínculo directo, tengan capacidad económica para litigar. Como la APM y Francisco de Vitoria, considera que parece que una reforma que se hace «con nombres y apellidos de causas concretas que afectan directamente al PSOE», lo que «no parece ético» estando el partido afectado precisamente por causas de corrupción. «Es digno de reproche democrático el que un partido político pretenda que, por vía legislativa, los jueces acomoden sus decisiones a lo que le interesa».

Acusaciones populares actualmente personadas en causas en curso, como Liberum, Iustitia Europa o Hazte Oír critican también lo que en la práctica supone, dicen, una supresión de la acusación popular que beneficia a causas muy concretas. En Manos Limpias hablan directamente de «fraude de ley».

Si lo que se pretende es eliminar a las asociaciones, se estarían cercenando derechos constitucionales y supondría «un atentado al ordenamiento jurídico», dice desde Liberum Alexis Aneas. Desde Iustitia Europa calificaron la proposición de «atropello a la democracia» y aseguraron que se querellarán contra quienes lo aprueben y acudirán a instituciones de la UE para reclamar su intervención inmediata justicia europea.

De la misma forma, Hazte Oír anunció que emprenderá todas las acciones posibles contra una ley con la que se busca «impunidad».