La oposición celebra el «triunfo» del Estado de derecho tras la decisión del Constitucional

La celeridad con la que los partidos de la oposición se lanzaron a festejar la resolución es sintomática de la relevancia y excepcionalidad de la situación, con un choque institucional sin precedentes entre el Constitucional, árbitro de los poderes del Estado, y el Legislativo. Fuentes del PP remarcan que el jueves pasado, cuando se aprobó en el Congreso la reforma del Código Penal con las enmiendas recurridas incluidas en el texto, se vivió «un día negro» para España.

En Génova señalan que el Gobierno estaba dispuesto a sacar adelante sus medidas «a toda costa, saltándose la tramitación prevista y eludiendo los más mínimos controles parlamentarios». El PP y Cs pidieron la inadmisión a trámite de las enmiendas que pretendían modificar por la puerta de atrás las leyes que regulan el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, pero el PSOE, Unidas Podemos y ERC rechazaron sus escritos en la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, a pesar de que los letrados de ese órgano avisaron de la «antijuridicidad» de esas y otras enmiendas.

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PP, Vox y Cs también reclamaron la inadmisión a trámite de las enmiendas a la Mesa del Congreso y, ya el jueves, pidieron a su presidenta, Meritxell Batet, que no se celebrase el pleno al menos hasta que el Constitucional se pronunciase sobre el recurso planteado por los populares –Vox recurrió al órgano de garantías el mismo jueves– y decidiese si suspendía o no el debate parlamentario.

El pleno del Constitucional se aplazó hasta este lunes, cuando el órgano de garantías dio la razón a la oposición. PP, Vox y Cs, ignorados por la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, se quejaban de que un cambio legal de calado en leyes orgánicas –que desarrollan la Carta Magna y requieren mayoría absoluta para su modificación– se abordase vía enmiendas parciales en una ley sin conexión.

No en vano, la reforma del Código Penal buscaba derogar la sedición y, posteriormente, rebajar el delito de malversación. Los dos por los que fueron condenados los líderes del 'procés', algunos de ellos socios de Pedro Sánchez en la legislatura. El presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, recordó en Twitter que, en una democracia, «todos los poderes del Estado están sometidos a la ley».

«Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón», añadió Núñez Feijóo. «Hoy la Justicia ha venido a decir que no todo vale en política, que el Gobierno se saltó todas las líneas rojas y que este tipo de desmanes no se puede permitir en un Estado democrático», apuntan desde Génova.

«El TC –continúan fuentes populares– no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno y ha amparado a los diputados del PP. Pero ha hecho mucho más que eso: ha defendido a todos los españoles y a nuestro Estado de derecho de la deriva autoritaria y antidemocrática de Sánchez». El TC decidió suspender la tramitación de las enmiendas recurridas por el PP con seis votos a favor y cinco en contra, después de rechazar la recusación solicitada por PSOE y Unidas Podemos contra dos de sus magistrados, cuyo mandato caducó hace unos meses.

«Esperemos que el Gobierno acate la decisión y no siga metido en esa deriva, que le ha llevado ya a calificar a los jueces de fachas con toga, a no respetar la separación de poderes y a arremeter y presionar a todos aquellos que ponen en tela de juicio su actuación», zanjan desde el PP.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también reaccionó vía Twitter y apuntó que la decisión del TC debe «detener el asalto» de Sánchez. Aunque de primeras insinuó que el Gobierno era «capaz de desoír» al Constitucional, después Abascal reaccionó a la reivindicación que hizo Batet del Poder Legislativo y recordó que es la única presidenta del Congreso que «ha cerrado el Parlamento vulnerando la Constitución», como determinó el órgano de garantías ante los recursos de Vox contra los estados de alarma por la pandemia del coronavirus.

Desde Cs, su líder, Inés Arrimadas, calificó de «gran noticia» que «el atropello» de PSOE y Unidas Podemos a los derechos de los diputados fuese frenado por el Constitucional. «El Gobierno y los partidos que lo apoyan deben acatarlo y aceptar las reglas de la democracia», apuntó en un tuit.

Todo esto se produce tras semanas en las que Vox y Cs han reclamado al PP el impulso de una moción de censura contra Sánchez por su plan para derogar la sedición y rebajar la malversación, agravado después, a su entender, con las enmiendas para modificar por la vía rápida y sin un debate sereno en el Parlamento leyes que son el pilar del sistema judicial en España.

El propio Abascal apuntó este lunes en Twitter que seguirá trabajando hacia esa moción, que el PP sigue rechazando, y su vicepresidente Jorge Buxadé, por la mañana, aseveró que siguen buscando un candidato neutral para encabezarla. Arrimadas, por su parte, insiste en que debe ser Núñez Feijóo quien la lidere.