Sánchez avanza en su reforma de la Justicia por la puerta de atrás tras aplazar el TC su decisión

Lo cierto es que hasta que el TC resuelva los recursos de amparo de PP y Vox, previsiblemente el próximo lunes, el plan de Pedro Sánchez para beneficiar a los secesionistas y renovar el Poder Judicial sigue intacto en su tramitación. La Cámara baja dio luz verde a la proposición de ley (fórmula acelerada de PSOE y Podemos para saltarse los informes preceptivos) con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención.

El debate fue de lejos uno de los más tensos y broncos de la legislatura -y eso que los ha habido muy duros-; cargado de interrupciones, reproches y griterío. La oposición intentó paralizar el Pleno hasta minutos antes de la votación. Antes de comenzar, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso; Inés Arrimadas, líder de Cs, y Cuca Gamarra, portavoz del PP, pidieron uno a uno y desde sus escaños la suspensión del Pleno hasta que el TC resuelva los recursos. Particularmente aplaudida por las bancadas de la derecha fue la frase que Arrimadas le dirigió a la presidenta del Congreso: «Le diré lo mismo que le dije a la señora Forcadell en 2017, señora Batet, no permita esto». Batet esgrimió que no había comunicación del TC ni otro organismo oficial a la Mesa del Congreso para frenarlo y dio orden de continuar.

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Dos horas después, a escasos minutos de votar, con el debate ya superado, José María Figaredo, de Vox, intentó fintar a la Presidencia. Su grupo comunicó a la Mesa que PP y Vox habían presentado dos recurso de amparo al Constitucional. «Ahora ya hay comunicación», aseguró desde su escaño. Pero Batet contraargumentó: «Las comunicaciones de los grupos parlamentarios no tienen carácter suspensivo». Y comenzó la votación. La oposición desesperó maniatada, revolviéndose en sus sillas, igual que hicieron durante la tramitación atragantada de las últimas tres semanas. PP, Vox y Cs insistían ayer en «que era un Pleno absolutamente fraudulento». Durante su intervención, en un tono más beligerante del que acostumbra, Cuca Gamarra llamó «cobarde» a Sánchez por no atreverse a impulsar esta reforma como proyecto de ley. «Señor Sánchez, con valentía, tráigalo como proyecto de ley del Consejo de Ministros, con todos los informes y un debate de verdad, donde se pueda enmendar», dijo la portavoz del PP en el Congreso. Y acusó al PSOE de «mimetizarse» con los que dieron «un golpe a la democracia» en Cataluña y a Batet de no respetar los derechos fundamentales de la oposición. La situación es inaudita.

Tanto, que nunca antes el TC se había visto en la disyuntiva de tener que decidir la suspensión de las enmiendas de una norma antes de superar la primera aprobación. El aluvión de recursos que entraron en el órgano de garantías por la mañana pusieron en bandeja a los magistrados progresistas la petición de aplazamiento del Pleno que tenía que haber decidido si aceptaba las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP. Ante la «complejidad» del asunto y el anuncio del sector progresista de que no participaría en la deliberación y votación, el Pleno se aplazó al lunes. El Constitucional podría tumbar las enmiendas de la discordia la semana que viene porque la reforma todavía estará tramitándose en el Senado. Se trata de un episodio sin precedentes que enfrenta al Legislativo con el Constitucional.

Durante el debate, Arrimadas comparó la situación con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y las leyes de desconexión en el Parlament. «Estamos reviviendo lo que muchos sufrimos en 2017, es la primera vez que se produce en el Congreso, pero no la primera vez que se produce en España. El Gobierno está repitiendo lo mismo que hizo el separatismo en 2017, van a aprobar leyes inconstitucionales», dijo la líder de Cs, aplaudida tanto por la bancada de Vox como del PP. Arrimadas aprovechó para tender una mano al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para presentar una moción de censura contra Sánchez. Los 52 diputados de Vox abandonaron el Pleno como protesta y el presidente del partido, Santiago Abascal, compareció escudado por sus diputados en el escritorio del Congreso, una sala que está enfrente del Hemiciclo. «Se ha sometido a los jueces a una presión intolerable», denunció Abascal; y aseguró: «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir este golpe y para censurar a este Gobierno».

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se concedió la licencia de bromear un poco. «Tengo miedo de que entre Tejero con toga», dijo, un reproche a los recursos de amparo de PP y Vox: «Porque ya no entran con pistolas, ahora lo hacen con togas». Mismo argumento que utilizó el diputado del PSOE, Felipe Sicilia, como informa hoy ABC. Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos, también acusó a la derecha de «dar un golpe blando a la democracia». Y, como no podía ser de otra manera, dado que la estrategia de desjudicialización del 'procés' la dibujó el exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, Asens defendió la rebaja de la malversación y la derogación del delito de sedición, y no digamos ya los cambios en el Poder Judicial. Rufián dijo que había «dos millones de personas en Cataluña que votan opciones independentistas y, guste más o guste menos, existen unas mayorías absolutas en el Parlament a favor de esta opción», por lo que «ERC plantea vehicular este anhelo, no es un delito». Desde Bildu, Jon Iñarritu, se expresó en términos similares al denunciar «la guerra judicial» de la «extrema derecha política, judicial y mediática para bloquear al Congreso». Y se refirió al día de la fecha como el «más grave en términos democráticos después del 23-F».

Por su parte, Mikel Legarda, del PNV, justificó el voto favor de su grupo por «la actitud obstruccionista del PP para renovar los órganos judiciales».

La reforma deroga el delito de sedición y lo sustituye por uno nuevo de 'desórdenes públicos agravados'. Este tipo contempla penas de tres a cinco años de cárcel frente a los diez y 15 actuales. Además, PSOE y ERC llegaron a un acuerdo -apoyado por Podemos- para rebajar el delito de malversación sin lucro personal en beneficio de políticos investigados por el 'procés'. Una reforma 'a la carta' para rehabilitar al líder independentista Oriol Junqueras como candidato electoral si los jueces coinciden con la interpretación que hace ERC.