Perelló planta cara a los ataques del Gobierno: «Los jueces no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie»

Se ha referido Perelló así a esas «totalmente inoportunas, rechazables e insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos», una forma de proceder, ha dicho, que «socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces».

Para Perelló, estas descalificaciones «son impropias de un Estado de derecho avanzado en el que rige no sólo el principio de separación de poderes sino también de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional». «La confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado, porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de derecho», ha señalado, en la línea de intervenciones anteriores.

No ha dejado pasar por alto la presidenta del Supremo el informe en el que el pasado julio la Comisión Europea advirtió a España de que «los poderes Ejecutivo y Legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en esta». El desacuerdo y la crítica son «aceptables y legítimos», ha afirmado Perelló, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial «atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional».

En este sentido ha recordado, sin alusiones a los jueces criticados por investigar al entorno de Sánchez, que es en el seno del proceso judicial, «que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa», donde toda actuación judicial «es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes», en referencia a los recursos de apelación o casación. Y ello, porque el Poder Judicial «protege los derechos de cualquier persona sometida a un procedimiento judicial bajo la premisa de la presunción de inocencia y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley».

Ha recalcado la presidenta del TS que no es propio del Poder Judicial «entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones: no nos corresponde esa función. Cada cargo público es responsable de sus actos». Sin embargo, añadió a renglón seguido que sí va a «defender con firmeza los principios esenciales que definen al Poder Judicial y que hacen que sea digno de este nombre». Y ello porque «la sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos y con respeto y lealtad a las otras».

En su defensa de la independencia de todos y cada uno de los miembros de la carrera, la presidenta ha dejado claro que independencia «no equivale a libre arbitrio» ni es, «en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber. Cada uno de nosotros estamos llamados a preservarla porque constituye la condición imprescindible para que el poder judicial cumpla con su función constitucional: la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de todos» .

Pese a las descalificaciones del Ejecutivo, Perelló ha proclamado que el Poder Judicial no va a desviarse de su camino de «rectitud y honestidad». «Nuestra función es resolver los conflictos que se dan en la sociedad, no contribuir a alimentarlos. Los hombres y mujeres que servimos a la Justicia seguiremos desempeñando nuestra labor con independencia, rigor y vocación de servicio, lo que constituye la mejor garantía de los derechos de todos, lejos de disputas estériles que nada aportan».

No ha ocultado la presidenta que hay reformas legislativas en ciernes «que afectan directamente a la carrera judicial y que generan legítima preocupación en la judicatura». Y aunque no se ha refirido de forma explícita a la ley Bolaños, la que facilita el acceso a la carrera por la puerta de atrás, Perelló sí ha advertido de que el «necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional».

Perelló ha respondido al ministro negando que los jueces sean «inmovilistas». Al contrario, «continuamente reclamamos mejoras y reformas», pero estas «deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia y no pueden darse pasos que signifiquen un retroceso (...)». A ello se suma la necesidad de que esas reformas se lleven a cabo con diálogo. «Es, obviamente, al legislador al que corresponde aprobarlas, pero deben elaborarse mediante el diálogo institucional y con la participación del Consejo General del Poder Judicial, que ha de aportar la experiencia y el conocimiento necesarios para mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional».

La presidenta ha hablado también de los retrasos que sufren los procedimientos judiciales, que son «inaceptables en una sociedad democrática avanzada». Y precisamente porque «una justicia tardía no es una justicia efectiva», instó a poner en marcha medidas que terminen con «este problema que contribuye a minar la confianza en la Justicia».