La Fiscalía reclama más medios y protocolos homogéneos para luchar contra la violencia de género

Los fiscales de violencia sobre la mujer intentan buscar los motivos a que haya unas diferencias tan dispares entre meses. Por ejemplo, en enero se pasó de siete asesinatos a seis de un ejercicio a otro y en mayo, de seis a uno. En cambio, en mayo subió un 40%. «En memorias anteriores ya analizamos las teorías relativas a que la mayor convivencia en los periodos de invierno, con días más cortos, podría erigirse como un factor de riesgo y pusimos en duda esa posibilidad», señala el informe, que reconoce que hay que estudiar «más concienzudamente» esta variable.

En este análisis del cuándo se producen los feminicidios, la Fiscalía indica que desde 2006 -inicio de la contabilidad de datos- en la mitad de los meses desde hace 19 años se produjeron cinco muertes mensuales. Julio es el mes con más muertes (114), seguido de junio (106), diciembre (103), agosto (100) y enero (98).

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Por días, el 42% de los feminicidios consumados se produjeron en fines de semana o días festivos (21) y el 58% en días laborales (29), aunque la memoria realiza un matiz. Ocho de los casos en días laborables se produjeron en épocas vacacionales lo que unido a los 21 asesinatos en festivos o fines de semana demuestra «la mayoría de los feminicidios se cometieron en días en los que la relación familiar y extensa es más amplia que en aquellos en los que hay actividad laboral y escolar».

Catorce de las víctimas mortales del año pasado habían denunciado previamente a su agresor, lo que supone un ligero incremento con respecto al anterior (apenas tres puntos, pero un descenso si se compara con 2022. Los fiscales consideran este dato «poco ilustrativo» por sus importantes variaciones a lo largo del último decenio.

En cuanto al perfil de las víctimas, la mayoría eran españolas (31) con una edad comprendida entre los 26 y los 50 años (62%). Trece tenían entre 51 y 70 (26%), tres víctimas superaban los 70 años (6%) y dos no habían llegado a los 25 años (4%). Solo una de las asesinadas era menor de edad tenían de 18 a 25 (4 %). Una víctima era menor de edad (15 años). Este caso se produjo en Orihuela (Alicante) a finales de noviembre. Dieciocho de las víctimas tenían hijos menores (27 niños) y nueve pequeños fueron asesinados, cuatro junto a sus madres.

Los agresores cumplen las mismas características que sus víctimas. La mayoría son españoles (35 por 15 extranjeros) y la mitad se concentra entre los 26 y los 50 años, seguido del tramo de edad entre 51 y 70 (17, el 34%), cinco tenían más de 70 años (10%) y dos tenían entre 18 y 25 años (el 4%). Un agresor, el del caso de Orihuela, era menor de edad (17 años). Doce de los agresores se suicidaron y el resto fueron detenidos (incluidos los que se intentaron suicidar). Un tercio de estos presuntos asesinos optaron por las armas blancas, seguido de la asfixia y el estrangulamiento.

Además, la memoria destaca que los fiscales comunicaron que 48 hechos graves podrían ser constitutivos de feminicidios íntimos de pareja intentados. Veintitrés de estas víctimas habían denunciado previamente y, de estas, 14 tenían menores a su cargo. Cinco de los agresores tenían antecedentes con otras parejas.

El informe recalca que en la necesidad de tener más medios, recalcan que «el panorama nacional sigue marcado por la escasa dotación de personal, la ausencia de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), los prolongados tiempos de respuesta y la falta de equipos de guardia para valoraciones urgentes en numerosas provincias». Los fiscales reclaman a las administraciones públicas que doten a estas unidades del «personal suficiente, garantizar su presencia en los turnos de guardia, consolidar equipos multidisciplinares estables y asegurar que los informes se emitan con la celeridad y calidad técnica que exige la gravedad de los delitos que se abordan y la necesidad de protección efectiva a las víctimas».

También inciden en la necesidad de homogeneizar las oficinas de atención a las víctimas, donde «persisten desigualdades territoriales, carencias estructurales y falta de cobertura», sobre todo por el aumento de víctimas que se produjo el año pasado. Las mujeres atendidas el año pasado, dentro de las competencias ministeriales, fueron 6.887, lo que supone un incremento del 4,25% respecto a las 6.606 víctimas registradas en el año 2023.

Por el contrario, las menores de edad víctimas disminuyó de forma notable, pasando de 280 en 2023 a 189 en 2024, lo que representa una reducción del 32,5 %. Asimismo, las asistencias prestadas por violencia de género experimentaron un aumento significativo, al pasar de 26.267 en 2023 a 30.279 en 2024, con una variación positiva del 15,26%. «Se ha avanzado en el volumen de víctimas atendidas, la participación en la práctica de pruebas preconstituidas y en la coordinación interinstitucional, pero persisten asimetrías territoriales, problemas de personal y ausencia de estandarización en protocolos», indica el informe.

Además, se recalcan las mismas reclamaciones que en el informe de 2023: consolidar el modelo multidisciplinar con profesionales de la psicología, derecho y trabajo social; extender oficinas itinerantes al medio rural; homogeneizar protocolos de actuación y dotar a todas las oficinas de sistemas informáticos compartidos; reforzar la formación del personal en género, infancia e interseccionalidad; mejorar la coordinación entre servicios forenses, fiscalías y juzgados; garantizar espacios seguros y dignos en los que atender a las víctimas en todas las sedes judiciales; habilitar salas específicas para la atención a víctimas; implementar unidades de atención a la violencia digital y ampliar los horarios y servicios de guardia. «El modelo avanza, pero el acceso igualitario a una atención especializada en todo el territorio nacional continúa siendo una tarea pendiente», incide la memoria.