Las ikastolas se rebelan contra los criterios de admisión escolar del Gobierno vasco
La nueva normativa, que exige reservar un cupo de plazas a niños vulnerables, ha dejado fuera a familias que habían pedido los centros concertados como primera opción
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Bilbao
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Iniciar sesiónLa confederación de ikastolas, que agrupa a unos 60 centros escolares del País Vasco, ha anunciado que no aplicará la nueva normativa de admisión del Gobierno vasco, que limita el número de plazas que pueden ofertar los centros concertados y obliga a ... reservar sitio para familias vulnerables. En un duro comunicado con el Departamento de Educación, han criticado la «falta de transparencia» del Gobierno vasco y el trato «desigual» que han recibido estos centros. Es por ello que anuncian recurso generalizado contra la decisión y su intención de matricular también a los niños a los que no se les había adjudicado plaza.
Después de varios meses de incertidumbre, han sido varias las familias que esta semana han recibido la noticia más temida: sus hijos no habían sido admitidos en el colegio que habían puesto en primera opción. Es una situación que sobre todo se ha dado, según las quejas que han trascendido hasta ahora, en los centros concertados. En la ikastola de Zarauz, las familias incluso han protagonizado una concentración de protesta espontánea. Esas quejas es lo que ha llevado a las ikastolas a revelarse contra las directrices del Departamento de Educación.
El origen del conflicto está en la nueva normativa de admisión que se aplica desde este año. Por primera vez los padres han tenido que hacer una solicitud única de admisión, independientemente de que quisieran matricular a sus hijos en un centro de titularidad pública o concertada. Además, todos los centros estaban obligados a reservar un cupo para admitir a familias vulnerables; es decir, a aquellas de origen extranjero, que cuenten con bajos recursos económicos o menores con necesidades educativas especiales.
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El objetivo, explicó entonces el Departamento de Educación, era evitar la segregación y la concentración de menores vulnerables en determinados centros escolares. Además, con el objetivo de eliminar la sobreoferta que supone la concertada en el País Vasco, la comunidad que cuenta con un mayor porcentaje de alumnos matriculado en esta modalidad de educación, también se ha limitado el crecimiento de estos centros. Hasta ahora podían ampliar el número de plazas disponibles si la demanda de las familias superaba la oferta. Desde este año, sin embargo, no pueden admitir más alumnos que las plazas ofertadas, de las que algunas serán exclusivas para familias vulnerables y no podrán ser ocupadas por otros alumnos.
Polémico cuestionario
El criterio para determinar si una familia era o no vulnerable se ha basado en un polémico cuestionario donde, según contó este periódico, no se preguntaba por el nivel de ingresos, pero sí por el número de libros o dispositivos electrónicos en casa o por suscripciones a plataformas de televisión bajo demanda. Desde Educación explicaron entonces a ABC que la variable económica se había demostrado «insuficiente» para valorar el grado de vulnerabilidad de un escolar y que por eso habían decidido acudir a otros criterios.
Sin embargo, esa explicación no terminó de convencer a los padres. La confederación de Asociaciones de Padres y Madres del País Vasco, EHIGE, ya expresó entonces a este periódico sus dudas acerca de la eficacia de la encuesta. Criticaban la falta de medidas de control sobre unos datos que, además, obviaban por completo los indicadores económicos. Advertían de la imposibilidad de saber si las familias decían, «la verdad» lo que lo convertía en altamente «manipulable».
El problema, añaden ahora las ikastolas, es que Educación no ha explicado cómo se barema cada apartado del cuestionario para determinar si una familia entra o no en esa categoría. «Se desconocen los criterios utilizados en la valoración de los cuestionarios cumplimentados por las familias en el proceso de prematriculación», denuncian en el comunicado y, por eso, exigen que se hagan públicos esos parámetros. Lamentan además, que no se conozca con exactitud el número de plazas que debe destinar cada centro a escolares vulnerables. Consideran que esa falta de trasparencia ha supuesto un agravio comparativo con los centros de titularidad pública.
Por todo ello, en una asamblea de urgencia celebrada a última hora del miércoles, han decidido que las plazas «que han quedado libres», por estar destinadas al cupo de vulnerables, se van a «completar» con las familias que, a pesar de haber realizado la solicitud, se habían quedado fuera. También anuncian un recurso contra la norma. En el Departamento de Educación han optado por guardar silencio ante la polémica, aunque este viernes el consejero, Jokin Bildarratz, tiene varias interpelaciones sobre la educación infantil en el pleno de control que se celebra en Vitoria, por lo que previsiblemente tendrá que pronunciarse al respecto.
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